1973: los Chicago Boys de Pinochet inauguran la era neoliberal en Chile

Como es sabido, EE UU no fue ajeno al golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 en Chile, que provocó la muerte del presidente Salvador Allende y el establecimiento de la dictadura del general Augusto Pinochet. No fue ajeno, tampoco, a la política neoliberal que llevaron a cabo durante la dictadura una serie de economistas chilenos formados en el departamento de Economía de la Universidad de Chicago, cuyos integrantes son conocidos como los Chicago Boys.

Todo empieza en 1956, con un acuerdo de cooperación entre la Universidad Católica de Chile y la Escuela de Economía de la Universidad de Chicago. Allí se encuentra el bastión de un grupo minoritario de neoliberales dirigidos por un ramillete de futuros premios del Banco de Suecia, el Nobel de Economía, que luchan contra la hegemonía keynesiana y a favor de la buena ciencia económica.

Un primer contingente de estudiantes es enviado a Chicago. Regresa a Chile en 1958 e, integrado en la Universidad Católica, forma una segunda generación de economistas. Unidos en torno a su principal figura, Sergio de Castro, luchan, en la década de 1960, contra la versión latinoamericana del keynesianismo que predomina en Chile desde 1938.

Es esta una política económica que garantiza el control del comercio exterior y de los sectores considerados estratégicos, así como la protección de las industrias nacionales dedicadas a llevar a cabo una producción local como sustitución de las importaciones. Desde 1948, la CEPAL, la Comisión Económica Para América Latina en el seno de la ONU, da su apoyo teórico a dicha política, que denomina “estructuralista”, subrayando también la necesidad de una reforma agraria.

El Gobierno democristiano de Eduardo Frei (1964-1970) continúa este programa a la vez que nacionaliza parcialmente las minas de cobre, principal producto de exportación de Chile. Esta política se acentúa bajo la presidencia del socialista Salvador Allende (1970-1973), al que la derecha y la patronal acusan de poner las cosas fáciles al comunismo. 

La crítica de los Chicago Boys se acentúa. A comienzos de 1973, altos mandos de la Marina —que está en el centro de la preparación del golpe de Estado— toman contacto con el más político de los Chicago Boys, Emilio Sanfuentes, y le piden que elabore rápidamente un programa por si cae Allende. A finales de mayo, está listo un tocho de 500 páginas elaborado por 11 economistas —nueve de ellos  de los Chicago Boys—, conocido como El ladrillo .

Todas las medidas propuestas en El ladrillo están encaminadas a aligerar significativamente el papel del Estado en los ámbitos económico y social. Son prudentes, pues pretenden lograr el apoyo de la derecha democristiana y ser aceptables para los medios conservadores. Como ejemplo: las tasas sobre las importaciones se reducirían, pero al nivel del 30%.

Regreso al mercado

Sin embargo, El ladrillo no es más que la primera piedra del futuro edificio neoliberal, que lanza la carrera político-económica de los Chicago Boys. Aunque siempre han negado, contra toda evidencia, haber estado enterados del proyecto de golpe militar y de la salvaje represión que tuvo lugar posteriormente, los jefes de la junta militar tienen en sus manos el programa desde el minuto uno del derrocamiento de Allende. 

El 14 de septiembre, el almirante Merino, responsable del comité económico, nombra a Sergio de Castro, consejero del general González, nuevo ministro de Economía. Robert Kelly, exoficial de la Marina y muy ligado a los Chicago Boys, es nombrado al frente de la Oficina de Planificación Nacional (Odeplan) que, paradójicamente, orquestará la vuelta al mercado y el repliegue del papel del Estado en la economía. 

Sin embargo, durante un año y medio, los partidarios de medidas liberales radicales chocan con la oposición de una parte de militares desarrollistas que siguen apegados al papel del Estado y al proteccionismo. El Gobierno opta, pues, por una liberalización gradual: se limitan las privatizaciones, así como la ralentización del gasto del Estado.

Pero la inflación, que se mantiene en un nivel muy alto, da peso a los argumentos de los Chicago Boys a favor de una disminución drástica del gasto público. Todo ello ocurre en un contexto económico internacional desfavorable, con una caída del precio del cobre y un aumento de la cotización del petróleo, que agravan el déficit exterior.

El 21 de marzo de 1975, Augusto Pinochet recibe a Milton Friedman, cuyos argumentos, que apoyan los de los Chicago Boys, convencen al general. El 10 de abril, Pinochet confía la dirección de la coordinación económica a Jorge Cauas, un democristiano cercano al grupo de Chicago. Con Sergio de Castro en el Ministerio de Economía, Álvaro Bardón y Pablo Barahona en el Banco Central, Juan Carlos Méndez en el Ministerio de Finanzas y en la Dirección de Presupuestos, los Chicago Boys ocupan los puestos que les permiten, por fin, aplicar la política radical que preconizan. 

Comienza la revolución neoliberal

Su programa va mucho más allá de un plan de estabilización a corto plazo. Consiste en confiar al libre mercado los equilibrios económicos y sociales. Se da prioridad a la disminución del déficit público mediante la privatización de la mayoría de las empresas —exceptuando las consideradas estratégicas— y la limitación del gasto social —salvo el relativo a la lucha contra la pobreza extrema—. La descentralización de los servicios de educación y sanidad abre la vía a su privatización.

La apertura unilateral al comercio internacional se traduce en una bajada de los aranceles aduaneros al 10%, con la esperanza de que la liberalización favorezca también las exportaciones —cobre, productos agrícolas, pesca, donde Chile tiene ventaja comparativa— consideradas la punta de lanza del desarrollo. La liberalización es también financiera, abriendo la puerta de par en par a las inversiones y préstamos internacionales.

En una primera etapa, esa política de choque provoca una fuerte recesión económica y el drama social. A comienzos de 1976, la producción industrial baja en un 28%, el PIB retrocede en un 13%, los salarios reales son un 40% inferiores a los de 1970 y los tipos de interés pasan del 9,6% al 20%. Al régimen le da igual; puede permitírselo porque la más mínima oposición es violentamente reprimida. 

En el periodo 1977-1982 hay una cierta recuperación gracias a unos créditos internacionales baratos. La disminución del gasto del Estado permite bajar la inflación en torno al 30%. Un tipo de cambio fijo del peso sobrevalorado, que se supone da confianza a los inversores en la estabilidad económica del país, gravita sobre las exportaciones, pero provoca que se disparen las importaciones de productos baratos. 

Este boom económico es, evidentemente, muy relativo: el paro se mantiene en torno al 15% de la población activa y los salarios reales no se recuperan. Basta, sin embargo, con confiar en el dictador, que lanza el 11 de septiembre de 1979, con motivo del aniversario del golpe, un programa de siete modernizaciones.  

La sanidad está crecientemente en manos de seguros privados; la educación, ampliamente privatizada. El sistema de jubilaciones pasa del reparto a la capitalización con la promoción de los fondos de pensiones, que se supone suministran capital a la economía. Se flexibiliza el mercado laboral facilitando los despidos, que ya no tienen que ser justificados. La agricultura, la justicia y la Administración sufren también ese tratamiento de choque.

Pero el sistema se gripa. En 1982, la economía, demasiado dependiente del mercado internacional de capitales, tiene problemas debido a la brutal recuperación del dólar decidida por EE UU. Los capitales vuelven a ese país, lo que provoca una grave crisis bancaria y de los tipos de cambio. Ese año, el PIB cae el 14% y la inversión, el 30%. Las reservas internacionales disminuyen en un 40% respecto al año anterior. El paro se dispara al 19% e incluso al 26% en 1983.

Para apagar el fuego se nombra a un nuevo Gobierno: el Estado vuelve a intervenir con fuerza en la economía nacionalizando los bancos en quiebra y las empresas endeudadas. El peso se devalúa en un 30%, en contra de las recomendaciones de Sergio de Castro, que tiene que dimitir como ministro de Finanzas. 

Una vez finalizada la fase más crítica de la crisis financiera, las autoridades militares, lejos de renunciar, consideran que es solo un revés que debilita a una economía aún en transición. Con los Chicago Boys de la segunda generación a la cabeza de su economía, más pragmáticos y que ajustan los tipos de cambio, las privatizaciones se reanudan: el Estado intercambia a precios bajos su deuda por acciones de las empresas públicas en los sectores de telecomunicaciones, energía, acero y transporte aéreo. 

Un balance triste

En 1986, desautorizado por un referéndum que pensaba ganar, Pinochet, que se ha impuesto a la cabeza del Estado durante ocho años, fuerza, con la ayuda financiera del FMI, el mantenimiento de la revolución económica liberal, que se ha visto fortalecida por el fracaso del modelo soviético en 1989.

¿Cuál es el balance económico de los años de Pinochet tras la transmisión, en 1990, del poder a los civiles, aunque bajo control militar? La política económica liberal solo pudo establecerse a cambio de una violación constante de los derechos humanos: 40.000 personas son víctimas de la represión y 250.000 se exilian. El balance global, en términos de crecimiento del PIB, mantra para medir la prosperidad para los liberales, es bastante triste: una media del 1,7% anual en el periodo 1973-1990, un poco por debajo del crecimiento demográfico. La inflación media permanece en torno al 30%. 

La pobreza extrema ha bajado al 14% de la población, pero las desigualdades han aumentado: en 1988 el 55% del consumo de los hogares en Santiago pertenece al 20% de los más ricos, frente al 44% en 1969. El porcentaje del 40% de los más pobres es del 12% frente al 19,4% antes de la dictadura.

Pero el modelo neoliberal queda bien asentado en Chile, en un contexto internacional muy favorable a esa ideología. Posteriormente, los Gobiernos procedentes de la sociedad civil atenúan los aspectos más negativos de la política social. Pero habrá que esperar a 2019 para que un movimiento social de gran amplitud conteste a las consecuencias del neoliberalismo; y a 2022 para que el Gobierno de Gabriel Boric las cuestione.