El gran negocio de las residencias

Las residencias de mayores son un negocio cada vez más lucrativo para empresas privadas y fondos de inversión internacionales, que ocupan el vacío que deja el Estado. Es un sector con enormes perspectivas de crecimiento, pues la demanda de cuidados se va a disparar a medida que vayan envejeciendo las personas nacidas durante los años del baby boom y aumente la esperanza de vida de la población.

Hace tiempo que las Administraciones —principalmente las comunidades autónomas, que tienen las competencias en la materia— decidieron dejar en manos privadas el cuidado de los mayores. Con el paso de los años, lugares concebidos para pasar lo más dignamente posible la última etapa de la vida se han ido convirtiendo en un negocio para grandes inversores nacionales y, sobre todo, internacionales. La primera consecuencia de la privatización de las residencias, según denuncian los propios residentes y sus familiares, es el deterioro de la atención.

"Dejación de funciones"

En España hay actualmente unas 5.500 residencias de mayores, en las que viven cerca de 400.000 personas. El 25% son de titularidad pública, aunque más de la mitad de ellas están gestionadas por empresas privadas. El 75% restante son de titularidad privada. De estas últimas, solo una de cada tres son privadas puras (donde las plazas las paga íntegramente la persona residente) y, en las demás, las Administraciones se hacen cargo total o parcialmente de los gastos. España es, de largo, el país con mayor participación del sector privado en las residencias. Prácticamente, el 90% de las plazas están gestionadas por empresas privadas. En Reino Unido es el 76%, y en Alemania, el 40%.

Cuando el Estado renuncia a tener una red propia y digna de residencias en unos momentos de gran aumento de la demanda, el apetito por el negocio se dispara. “Las Administraciones han hecho dejación de funciones”, lamenta María José Carcelén, portavoz de la Plataforma Estatal de Familiares y Usuarios de Residencias. “No solo han renunciado a construir nuevas residencias, sino que han privatizado las que había. Si renuncias a él, el espacio lo ocupan otros. Estamos dejando la dignidad de las personas en manos de fondos buitre, de constructoras y de empresas del IBEX”, afirma.
 

Corto plazo

En el negocio de las residencias hay una presencia creciente de firmas de private equity que financian a las empresas constructoras y gestoras de las residencias a cambio de un beneficio a corto plazo. Manuel Rico, responsable de investigación de Infolibre y autor del libro ¡Vergüenza! El escándalo de las residencias (Planeta), afirma que se trata de entidades que anteponen el lucro a la calidad de la atención a los residentes. “Son fondos que entran en un negocio, permanecen en él cinco o siete años y luego lo venden con el mayor rendimiento posible para sus inversores”. Muchos de esos fondos tienen estructuras societarias complejas, apunta Rico, por lo que se desconoce sus verdaderos dueños, y sus ingresos acaban en paraísos fiscales. 

El envejecimiento de la generación del baby boom —integrada por los españoles nacidos entre 1957 y 1976— es el caldo de cultivo ideal para el crecimiento del negocio. Hoy hay en España nueve millones de personas mayores de 65 años y dentro de 20 años serán 15 millones, según los cálculos del Instituto Nacional de Estadística (INE). La demanda de plazas en las residencias va a crecer también por el aumento en la esperanza de vida, que en España supera ya los 83 años (85,8 para las mujeres y 80,2 para los hombres).

En consecuencia, cada año son más las personas dependientes que necesitan atención buena parte de las horas del día, si no todas. La demanda de plazas en las residencias ya supera con creces la oferta y la presión sobre el sistema va a seguir aumentando. Para cumplir la ratio aconsejada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) —5 camas por cada 100 personas mayores de 65 años—, en España serían necesarias al menos otras 100.000. Según datos de 2017 recopilados por el Ministerio de Sanidad, la media nacional era de 4,3 camas, pero la situación variaba mucho según las comunidades autónomas. Castilla y León (7,65) y Castilla-La Mancha (6,98) superaban con creces la recomendación de la OMS, mientras que Murcia (1,4), Comunidad Valenciana (2,95) y Canarias (3,05) estaban muy por debajo.
 

Los inversores

La inversión de capital privado en las residencias españolas viene de la mano de grandes nombres de las finanzas internacionales, con una presencia destacada de inversores franceses. Todo tipo de actores quieren su parte del pastel: firmas de private equity (especializadas en financiar a otras empresas en proyectos de alta rentabilidad), compañías de servicios sanitarios, aseguradoras, inmobiliarias, constructoras, socimis, family offices, etc. 

Los fondos de inversión entraron en el sector comprando centros en activo, pero el aumento de la demanda de plazas y de los precios  hace que salga tan rentable o más comprar terrenos y construir residencias desde cero para gestionarlas o venderlas llave en mano. Es “el negocio del ladrillo geriátrico”, como lo llama Rico. 

Los cinco primeros grupos del sector (DomusVi, Orpea, Amavir, Vitalia Home y Ballesol) ya controlan la cuarta parte del mercado y aspiran a una cuota aún mayor (véase cuadro). La lista continúa con empresas como Sanitas —filial del grupo británivo BUPA— y Caser Residencial —propiedad de la aseguradora suiza Helvetia—, que gestionan 5.000 plazas cada una. La familia catalana Carbó, a través de la family office Caboel ha invertido en residencias parte del dinero obtenido con la venta de los supermercados Caprabo. 

La socimi Healthcare Activos tiene más de 50 residencias en propiedad. Entre sus socios están el fondo soberano de Abu Dhabi, la aseguradora Nationale-Nederlanden y la gestora de activos inmobiliarios CBRE. Las socimis son sociedades de inversión inmobiliaria que disfrutan de grandes beneficios fiscales, como la exención del impuesto de sociedades, mientras que las family offices son plataformas de inversión de grandes patrimonios.

La aseguradora AXA, la inmobiliaria Renta Corporación y el fondo estadounidense SixThirty también están presentes en el mercado, así como el fondo español Sevenzonic, gestionado por Ángel Cano, antiguo CEO de BBVA, Javier Rodríguez Zapatero, ex director general de Google España, y Juan Pedro Moreno, expresidente de Accenture España.

Sin dinero público

Detrás de la baja calidad de la atención en las residencias hay una cuestión fundamental: la falta de dinero público para pagar unos cuidados de calidad a un número creciente de personas mayores y que, a medida que cumplen años, sufren problemas de discapacidad mental, física o ambas a la vez. Las asociaciones de residentes y familiares denuncian que la gestión privada repercute negativamente en la calidad de los cuidados. Carmen López, portavoz de la asociación Marea de Residencias, habla directamente de “maltrato” a los mayores. “Si una empresa tiene que repartir beneficios, la gestión la va a hacer recortando servicios y trabajadores y reduciendo costes en el mantenimiento y la limpieza. Lo que menos les importa es la calidad”, afirma. En su opinión, las propias Administraciones están dejando que se deteriore el modelo para favorecer al sector privado.

Las dos principales quejas son la escasez de personal y la mala calidad de la comida. “Las empresas hacen negocio incumpliendo la ratio de personal, dando comida de baja calidad y precarizando las condiciones laborales”, afirma María José Carcelén, quien denuncia que, a menudo, se dan casos de desnutrición en las residencias. La plataforma que ella representa defiende que se modifique la ley para que sea obligatorio informar al ministerio fiscal si una persona residente acude a urgencias de un hospital o a su centro de salud con síntomas de desnutrición. 

Manuel Rico subraya que las empresas obtienen los beneficios ajustando al máximo los dos principales gastos que tiene una residencia: personal y alimentación, que son, precisamente, los dos factores que más influyen en el bienestar de las personas atendidas. “Hay un vínculo directo entre los objetivos de rentabilidad de los fondos y la calidad de la asistencia a los mayores”, afirma.

El personal de las residencias está mal pagado y sus condiciones laborales suelen ser precarias. “Ese es el verdadero talón de Aquiles”, afirma Carmen López. Como ocurre con las enfermeras de hospital, muchas trabajadoras de residencias se van a trabajar a Alemania o a Reino Unido, donde ganan mejores sueldos. “En dependencia, si no hay personal, no hay calidad”, subraya María José Carcelén. “Con bajos sueldos y las malas condiciones muy pocos profesionales quieren trabajar en residencias y buscan otros sectores”. 

Manuel Rico explica que tras haber renunciado a gestionar las residencias, las Administraciones tienen tres funciones a las que no pueden renunciar: legislar, inspeccionar y sancionar, y en las tres, afirma, “hay grandes agujeros”. En primer lugar, explica el periodista de Infolibre, las normas que regulan el funcionamiento de los centros de mayores están anticuadas. Las ratios de personal-residente, opina, son la mitad de lo que deberían ser y están mal diseñadas. “Lo ideal sería medir las ratios presenciales, de personas que trabajan directamente con los residentes, en lugar de mirar el número de contratados en plantilla". 

Inspección insuficiente

Para María José Carcelén, lo ideal sería un gerocultor por cada cuatro residentes en el turno de mañana, un gerocultor por cada cuatro residentes en el turno de tarde y un gerocultor por cada 10 residentes en el turno de noche. Además, afirma la portavoz de la Plataforma Estatal de Familiares y de Usuarios, se necesita más personal especializado, como psicólogos y terapeutas ocupacionales.

Otro de los grandes fallos del modelo es el tipo de inspección y la falta de inspectores: a principios de 2020 eran poco más de 200 para más de 5.000 residencias. “Con este personal es imposible llevar a cabo un control adecuado”, afirma María José Carcelén, quien aboga por un mínimo de un inspector por cada 15 residencias. En su opinión, la escasez de inspectores “garantiza la impunidad” a la hora de cometer irregularidades.

Las sanciones para castigar el incumplimiento de la reglamentación son, con frecuencia, irrisorias. Rico recuerda que en los últimos años solo ha habido 10 sanciones de más de 100.000 euros en toda España, y que ninguna de ellas se ha impuesto a un gran grupo privado. Si falta una gerocultora,  por ejemplo, la multa es de 6.000 euros, cuando una profesional de ese tipo gana unos 24.000 euros al año, con lo que las empresas se ahorran 18.000. El modelo español es rentable para las empresas privadas porque hay una legislación laxa y porque no funcionan ni la inspecciones ni las sanciones. “Con una buena legislación, un sistema adecuado de inspección y sanciones justas, no vendrían los fondos de private equity”, afirma Rico.

Listas de espera

Los solicitantes de plaza en una residencia pública pueden estar años en lista de espera. A quienes no puedan conseguir una no les queda más remedio que quedarse en casa, marcharse a vivir con un familiar o pagar un centro privado, gastando su ahorros (si los tienen). María José Carcelén explica que las clases sociales con menos capacidad económica son las que más necesitan las residencias y, por tanto, las que más padecen la falta de plazas públicas. En una gran ciudad una plaza en una residencia privada no baja de 2.000 euros y si se trata de un gran dependiente, puede acercarse a los 3.000, una cifra imposible de pagar con una pensión media. El precio de las plazas públicas ronda el 80% de la pensión de la persona residente.

Una investigación del consorcio de medios independientes Investigate Europe, entre los que figura Infolibre, concluye que muchos de los problemas de las residencias son comunes a muchos países, desde Noruega hasta Portugal. “La intensa privatización va acompañada de recortes de personal y deficiencias en la calidad de la asistencia en muchos países de la UE, pero los Gobiernos dejan que el proceso siga su curso y no establecen normas mínimas de calidad en la atención a los ancianos”, afirman los autores del trabajo.

Una cantidad cada vez mayor del gasto público en cuidados acaba, subraya el informe, en las arcas de las empresas multinacionales. Muchos inversores anónimos evaden impuestos sobre los beneficios obtenidos con dinero público y trasladan sus ganancias a territorios off-shore. 

En el año 2019, las empresas privadas ingresaron 2.000 millones de euros de dinero público por gestionar plazas en las residencias. “Que parte de esos fondos vaya a parar a paraísos fiscales es inadmisible”, afirma Rico.