Las nuevas reglas del juego de la globalización

El Parlamento Europeo aprobó en abril pasado una ley que busca evitar accidentes como el ocurrido en el edificio Rana Plaza, de Bangladesh, exactamente 11 años antes. La ausencia de medidas de seguridad provocó, al derrumbarse el taller textil allí ubicado, la muerte de más de 1.000 trabajadores que fabricaban prendas para grandes marcas occidentales. La tragedia generó un debate sin precedentes sobre cuál debía ser el alcance de la responsabilidad de aquellas empresas multinacionales que, aprovechándose de un contexto regulatorio y de gobernanza radicalmente más frágil, operaban directamente o externalizaban su producción a empresas en el extranjero, en condiciones muy inferiores a las exigidas en los países donde mantenían sus sedes corporativas y desde donde gestionaban su actividad mundial.

La evidencia creciente de la injusticia y de los riesgos de esta dinámica global tuvo su primera respuesta en Francia, que en las postrimerías del Gobierno de François Hollande aprobó una ley pionera que obligaba a sus multinacionales a poner en marcha planes de prevención de riesgos sobre los derechos humanos y el medio ambiente en relación con las actividades de sus filiales, proveedores y subcontratistas, dentro y fuera del territorio nacional.

A rebufo de París, tras dos años de difíciles negociaciones, el Parlamento Europeo y los Estados miembros de la UE han adoptado ahora un nuevo marco legal que empezará a aplicar a las empresas más grandes en 2027.

La ley representa una oportunidad única para enfrentar los abusos de la actual sociedad de la externalización, en la que las grandes corporaciones disfrutan de mayor facilidad que nunca para desprenderse de su mano de obra y desplazarla lejos de su ámbito de responsabilidad. Se enmarca, en un intento más amplio, de recomponer lo que David Weil denomina "el centro de trabajo agrietado", un modelo de ciclo productivo más fragmentado y descentralizado que nunca, disperso a lo largo y ancho de un tejido deshilachado de contratistas, subcontratistas, temporales, autónomos, etcétera.

Respuestas legislativas a los abusos

La fraudulenta clasificación como autónomos de los trabajadores de plataformas digitales (Uber, Deliveroo…) con el fin de eludir responsabilidades y reducir cargas empresariales, o la degradación de las condiciones de las camareras de piso subcontratadas para la limpieza de hoteles por salarios muy inferiores a los que estos establecimientos deberían garantizarles si integraran su propia plantilla, son ejemplos recientes y conocidos de este fenómeno. Ambos han desencadenado, tras intensas luchas sociales, respuestas legislativas como la Ley Rider y la modificación de las reglas de aplicación de convenios en España, o la reciente directiva europea sobre los trabajadores de plataformas.

La ley de diligencia debida camina en la misma dirección de reasignar responsabilidades y recomponer el tejido productivo. Con ella, por primera vez, el legislador rompe las fronteras tradicionales del derecho y obliga a los grandes grupos empresariales —europeos y extranjeros— a salir de sus torres de cristal y abordar los impactos sociales y  medioambientales de todos los eslabones de sus cadenas mundiales de valor.

Reglas globales para desafíos globales

La ley sigue la lógica de otras medidas del Pacto Verde Europeo: los desafíos presentes solo pueden afrontarse desde una perspectiva global. De poco servirá fijar estándares exigentes a nuestras empresas en Europa si permitimos que arrasen con los recursos naturales en el resto del mundo. De la misma forma, escasa utilidad tendrá poner coto a las corporaciones europeas si abrimos de par en par las puertas del mercado a competidores extranjeros que juegan al capitalismo en modo fácil, sujetos a normas más laxas.

Instrumentos europeos clave de reciente aprobación tienen esto en cuenta y, como la ley de diligencia debida, tratan de fomentar una producción más responsable también fuera del territorio de la Unión Europea, igualando al alza las reglas de juego del capitalismo global. Es el caso del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM por su sigla en inglés), que impone un precio a las emisiones por la producción de ciertos bienes extranjeros; el Reglamento de Deforestación, que restringe la comercialización de algunas materias primas asociadas a la deforestación, y el nuevo Reglamento sobre el Trabajo Forzoso, que prohíbe la entrada de productos realizados con mano de obra esclava, un mecanismo con el que ya cuenta EE UU, y del que se ha servido para prohibir la importación, por ejemplo, de algodón y tomates provenientes de la región de Xinjiang, en China.

Desequilibrios en las cadenas de valor

Además, esta nueva ley aborda también los desequilibrios internos dentro de las cadenas de valor. El enorme grado de concentración del mercado minorista en un puñado de macrocorporaciones, especialmente en sectores como el textil, la agricultura y la electrónica, permite a las grandes marcas ejercer una presión extraordinaria sobre sus proveedores, imponiendo bajos precios y duras condiciones comerciales.

Este desequilibrio de poder conlleva, a su vez, una distribución extremadamente desigual de la riqueza entre unos y otros miembros de la cadena. Esto nos deja datos delirantes como que la fortuna de las familias de los dos mayores gigantes chocolateros, Ferrero y Mars, supere el PIB de Ghana y Costa de Marfil, los principales países suministradores de cacao, como apunta la ONG Oxfam.

A partir de 2027, las grandes empresas deberán modificar sus prácticas comerciales y políticas de precios para asegurar que trabajadores, autónomos y pequeñas empresas puedan cumplir con los estándares sociales y medioambientales exigibles, en línea con una de las demandas clave de los agricultores europeos en sus recientes protestas.

A pesar de sus lamentables omisiones —la ley deja fuera la fase de comercialización y uso del producto, lo que, a su vez, excluye la diligencia debida en la prestación de servicios financieros—, es un gran paso hacia adelante, al menos sobre el papel, en la consecución de una economía más justa y sostenible. El reto reside ahora en una transposición ambiciosa por parte del legislador, una implementación sustancial y no meramente formal por parte de las empresas, una aplicación meticulosa por parte de administraciones, jueces y tribunales y una intensa implicación y vigilancia por parte de las organizaciones de la sociedad civil y sindicales.

Alejandro García Esteban es jurista, consejero del Grupo de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo. Las opiniones expresadas en este artículo son estrictamente personales.