Poner fin al dinero que arrasa los bosques

El año 2023 fue un año de beneficios récord para las tres mayores entidades financieras españolas. Pero también fuimos encadenando récords de incremento de temperaturas a nivel global. Así que malos tiempos para el planeta y buenos para los negocios. Como advierte un informe reciente¹ que monetiza el valor del capital natural sin precio de mercado (las famosas externalidades) “ninguna de las principales industrias del mundo sería rentable si pagara por el capital natural que utiliza”.

El problema está detectado y los grandes acuerdos multilaterales empiezan tímidamente a hablar de ello. La meta 14 del Marco Mundial sobre la Biodiversidad², acordado por Naciones Unidas en 2022, señala que es fundamental “alinear todas las actividades y flujos fiscales y financieros con la protección de la biodiversidad.” Pero pasar de los grandes acuerdos a marcos normativos de obligado cumplimiento está siendo difícil. Lo hemos visto recientemente durante la tramitación del Reglamento de la Unión Europea E sobre deforestación (EUDR)³, aprobado en 2023 y que pretende reducir el impacto del consumo sobre los ecosistemas forestales, exigiendo a las empresas que importen y comercialicen solo productos y materias primas (soja, aceite de palma, caucho, café, carne de vacuno, etc.) que no procedan de la deforestación.

Porque —conviene explicarlo— durante el periodo 1990-2008, los 27 países de la UE fueron responsables de en torno al 36% de la deforestación incorporada en productos agrícolas y ganaderos comercializados internacionalmente. La UE es responsable en la actualidad del 16% de la deforestación tropical vinculada al comercio internacional de materias primas como la soja y el aceite de palma. Y dentro de la Unión, España destaca como uno de los países con mayor responsabilidad en esta tendencia destructiva, al ser el tercer mayor importador de deforestación durante el periodo 2005-2017.

Los bancos, la excepción

Pero la norma, la EUDR, tiene una gran carencia. La presión del sector financiero impidió que no se incluyera a los bancos. Así, los importadores de materias primas deberán establecer procedimientos de debida diligencia para identificar, valorar y mitigar los riesgos de estar contribuyendo a la deforestación, pero las entidades financieras no tendrán la obligación de vigilar a las empresas en las que participan como accionistas, a las que conceden préstamos o a las que negocian sus bonos.

El pasado mes de marzo de 2024 las organizaciones Greenpeace, Milieudefensie y Harvest publicaron el informe Financiando la destrucción de los ecosistemas⁴, en el que se pone de manifiesto que, desde la firma del Acuerdo de París, los bancos europeos han prestado alrededor de 256 .000 millones de euros a empresas que ponen en riesgo bosques y otros ecosistemas naturales fundamentales para el clima y la biodiversidad. La investigación pone el foco en la relación entre las instituciones financieras y grandes empresas internacionales como JBS, Bunge, Cargill y Sinar Mas, que son importantes productores, procesadores y comerciantes mundiales de soja, carne de vacuno, aceite de palma, caucho, madera y otras materias primas. El informe concluye que la UE es el segundo mayor centro financiero del mundo en cuanto a financiación de estos sectores de riesgo y señala a algunos de los bancos más grandes con sede en la UE, como BNP Paribas, Deutsche Bank, ING Group, Rabobank y Santander, los cuales proporcionaron, entre 2016 y principios de 2023, el 22,1% del crédito total, a nivel global, a grandes empresas de estos sectores.

El caso del Santander

Entidades financieras con sede en España, como el Santander, BBVA y Caixabank, también son analizadas en el informe. Se ha estimado que el crédito desde el año 2016 de estas entidades a sectores de riesgo asciende a 27.200 millones de euros, y a 1.000 millones de euros las inversiones. Estas cifras convierten al sector financiero español en el cuarto mayor proveedor de crédito y el décimo mayor inversor en estos sectores en la UE. De manera especial, el Banco Santander es el sexto proveedor de crédito a empresas en sectores de riesgo de entre los bancos con sede en la Unión. Este banco financió a cinco de los seis grupos empresariales con vínculos directos (o en su cadena de suministro) con la reciente destrucción de ecosistemas: Bunge, Cargill, JBS, Marfrig y Sinar Mas.

Desde Greenpeace hemos expresado en varias ocasiones a los responsables del banco que la actividad destructiva de su actual cartera de clientes es incompatible con su compromiso de conseguir cero emisiones netas en 2050. La respuesta —la pueden adivinar— son sus referencias a la memoria de sostenibilidad y a sus métricas, siempre favorables al modus operandi del banco. Resultados similares obtenemos cuando hablamos con BBVA y Caixabank.

La Comisión Europea ha establecido un calendario para revisar el actual Reglamento de Deforestación e incluir el papel de las finanzas en la deforestación. Y, llegado el caso, presentaría una propuesta legislativa de modificación de esta norma para junio de 2025. Por este motivo, las organizaciones medioambientales y de derechos humanos estamos instando a la UE a resolver este vacío legal y detener los flujos financieros destinados a la destrucción de la naturaleza, en coherencia con el Marco Global para la Biodiversidad.

Esperemos que en esta ocasión el sector financiero deje de apelar a la voluntariedad y asuma que son necesarios marcos normativos de obligado cumplimiento.

Miguel Ángel Soto Caba es responsable de la Campaña de Bosques de Greenpeace.