La pobreza se resiste a retroceder
El crecimiento económico por sí solo no basta para resolver las carencias materiales de buena parte de la población española
El vigoroso crecimiento que experimenta la economía española desde el final de la pandemia no está siendo suficiente para reducir la pobreza y la exclusión social. Así lo reflejan los últimos estudios sobre la cuestión, que ponen de manifiesto los estragos causados por la guerra en Ucrania y la espiral inflacionista en la capacidad de gasto de los hogares durante el año 2023. España es ya el tercer país de la UE con mayor porcentaje de personas en situación de pobreza o exclusión social.
El 14º informe El Estado de la pobreza en España, publicado por la Red de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), refleja que el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social aumentó el año pasado hasta los 12,7 millones, 400.000 más que en 2022. El 37,1% de los hogares, según el informe, no puede afrontar gastos imprevistos y casi la mitad (48,7%) tiene dificultades para llegar a fin de mes.
“El crecimiento económico por sí solo no es suficiente para luchar contra la pobreza y la exclusión”, afirman los autores del estudio. “Ni el incremento de las rentas medias, ni la creación de empleo, ni el aumento del PIB per cápita se traducen de manera automática en una reducción de la pobreza y la exclusión social”.
Los datos de EAPN van en la misma línea que la última Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE). Según esta última, la tasa AROPE, que mide el porcentaje de la población en riesgo de pobreza o exclusión social, pasó del 26% en 2022 al 26,6% en 2023. La tasa AROPE (en inglés, At Risk of Poverty and/or Exclusion) contabiliza a aquellas personas que cumplen al menos uno de tres requisitos: estar en riesgo de pobreza, sufrir una carencia material y social grave y vivir en un hogar “con baja intensidad de empleo”.
Menos de 916 euros
Solo una de las tres variables del indicador, la de la población con carencia material grave, subió en 2023, pero lo hizo con fuerza, al pasar del 7,7% al 9%. Ello significa, por ejemplo, que el 6,4% de la población española no puede comer carne, pollo o pescado al menos cada dos días, que el 20,7% es incapaz de mantener su vivienda a una temperatura adecuada —el porcentaje más alto desde el inicio de la serie, en 2004— o que el 10% se retrasó en los pagos de gastos relacionados con la vivienda principal (alquiler, hipoteca, comunidad, etcétera).
Las cifras del INE confirman las grandes diferencias existentes entre comunidades autónomas en materia de pobreza y exclusión. Un año más, las tasas AROPE más elevadas corresponden a Andalucía (37,5%), Canarias (33,8%) y Extremadura (32,8%), mientras que las más bajas las registran País Vasco (15,5%), Navarra (17,2%) y Madrid (19,4%).
EAPN pone de relieve que España no está reduciendo su tasa AROPE al ritmo necesario para alcanzar el objetivo de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (véase gráfico). Según cifras de Eurostat, España ha rebasado a Grecia y es ya el tercer país de la Unión Europea con mayor tasa AROPE, solo superado por Rumania y Bulgaria.
EAPN calcula que el 20,2% de la población española, unos 9,7 millones de personas, está en riesgo de pobreza, pues reside en hogares con ingresos inferiores a 916 euros al mes. Desde 2015, año de referencia para evaluar los objetivos de la Agenda 2030, la tasa de pobreza en España se ha reducido solo en 1,5 puntos porcentuales.
Ser mujer, vivir de alquiler, tener un empleo precario o una discapacidad son factores que aumentan el riesgo de caer en la pobreza. La peor parte se la llevan las familias con menores, a las que ha afectado especialmente el incremento de los precios de los bienes básicos. Ello se refleja en el aumento de la pobreza infantil, que pasó del 27,8% en 2022 al 28,9% en 2023. Una nota positiva: la pobreza grave —que afecta a los hogares con ingresos inferiores a los 611 euros al mes— mejoró en 2023 y prácticamente alcanza los objetivos de la Agenda 2030.
A pesar de las mejoras derivadas de la última reforma laboral y de los incrementos del salario mínimo Interprofesional (SMI), el informe de EAPN corrobora que tener un empleo no garantiza salir de la pobreza. De hecho, casi 2,5 millones de personas con trabajo son pobres en España. El estudio incluye un análisis específico de la relación entre pobreza y vivienda. Su principal conclusión es que la subida de los precios y la escasez de alquileres asequibles están aumentando las desigualdades y contribuyendo a la persistencia de la exclusión social.
