La crisis inmobiliaria marca el fin de un modelo económico

China apuesta por la tecnología para convertirse en una potencia mundial, pero también necesita diversificarse para salvar su modelo económico. Porque el crecimiento se agota. El país, que nos tenía habituados a un crecimiento medio del 8% anual desde comienzos del siglo, se encamina hoy hacia unos niveles menores, del orden del 3,5% en 2028, según estimaciones del FMI.

Es cierto que, tras dos décadas de fuerte crecimiento ininterrumpido, era esperable una ralentización. Y, en cualquier caso, aunque China va a desarrollarse a un ritmo menor, seguirá creciendo. Lo que se plantea es la naturaleza de ese crecimiento, de la que derivará su solidez a largo plazo. Todo dependerá de la capacidad de Pekín de salir de un modelo económico basado en dos motores que se están atascando progresivamente.

El motor de las exportaciones es, tras 15 años, el primero que se ha calado. Estas siguen aumentando, pero su porcentaje del producto interior bruto (PIB) y, por tanto su contribución al crecimiento, se ralentiza. “Hoy solo representan el 20% del PIB chino, frente al 40% en 2006”, constata Mylène Gaulard, economista de la Universidad Grenoble Alpes.

El otro motor tradicional del crecimiento chino, la inversión (que aún representa el 42% del PIB), se ha utilizado en exceso. Según los analistas, va a haber que ponerle freno ante el peligro de que se produzca un sobrecalentamiento de la economía. “Desde las reformas de la década de 1970, China ha invertido masivamente, pues tenía necesidad de ponerse al día tras una crónica inversión insuficiente en infraestructuras. Pero progresivamente se ha hecho uso de ese instrumento para mantener artificialmente el crecimiento”, explica Mary-Françoise Renard, profesora de Economía de la Universidad Clermont Auvergne y especialista en economía china. “Pekín ha entrado en una fase de sobreinversión, con proyectos poco rentables financiados mediante el endeudamiento, tanto público como privado, en particular en el sector inmobiliario”.

La crisis del sector, que salió a la luz a finales de 2021 debido a las dificultades por las que pasó el promotor Evergrande, es el síntoma de ese exceso.

Privatización

Para comprenderlo, es necesario volver la vista atrás. A principios de la década de 2000, el mercado de la vivienda, hasta entonces público, se abrió a los actores privados. El lado positivo fue el aumento y la mejora de la oferta de vivienda para la población; el negativo, el establecimiento progresivo de un sistema basado en el endeudamiento masivo de los promotores, atraídos por la perspectiva de unos beneficios récord y alimentado por las autoridades, que vieron en ello un medio eficaz de estimular la economía en las fases difíciles.

“El número de promotores inmobiliarios se ha multiplicado por cinco desde 1998”, dice Tianlei Huang, investigador en el think tank estadounidense Peterson Institute for International Economics. El sector supone hoy una tercera parte de la actividad económica del país, si se incluye lo vinculado a él en las fases anteriores (cemento y acero, entre otros) y en las posteriores (muebles, electrodomésticos, etc.).

En concreto, el sistema funciona de la siguiente manera: los promotores comienzan por obtener fondos gracias a las ventas sobre plano a unos futuros propietarios que adquieren préstamos bancarios u otorgados por actores financieros no regulados (el shadow banking, o banca en la sombra). Dichos fondos permiten a los promotores comprar a un gobierno local —la propiedad de la tierra sigue siendo pública en China— un terreno para construir y financiar el comienzo de la obra. Durante las obras, la propiedad de las viviendas se cede a los compradores, que comienzan a devolver a los bancos el préstamo obtenido para adquirir su vivienda antes incluso de mudarse a ella. Eso explica la gran vulnerabilidad de los compradores en caso de que el promotor no sea capaz de terminar la obra, como pasa en la actualidad. Para financiar el final de una obra, los promotores deben poner en marcha las ventas de otro proyecto inmobiliario que les permita comprar un nuevo terreno y obtener nuevos préstamos por apalancamiento, y así sucesivamente.

“Una vulnerabilidad evidente de ese modelo es que los promotores pueden enfrentarse a problemas de financiación a corto plazo si una de las etapas del ciclo se bloquea”, señala Tianlei Huang. Y eso es lo que pasó durante la pandemia. La restricción reglamentaria, que las autoridades deseaban desde hacía ya tiempo, tuvo lugar en 2020 debido a la multiplicación de alertas sobre la estabilidad del sector: se fijaron una serie de líneas rojas con el fin de limitar la ratio de endeudamiento de los promotores y la exposición de los bancos en el sector inmobiliario.

A la restricción reglamentaria se unió el freno de las compras de vivienda por los hogares debido al confinamiento. Esos dos cambios privaron a los promotores de dos canales importantes de financiación: las compras de los hogares (un tercio de sus ingresos totales) y los préstamos de los bancos (que representaban otro tercio). “El impacto económico fue directo. Evergrande se declaró en suspensión de pagos (…) arrastrando a otros promotores en su caída, así como a numerosos proveedores y subcontratistas”, recuerdan los economistas Camille Macaire y Michel Aglietta, del Centro de estudios prospectivos y de informaciones internacionales (CEPII) de Francia.

En esta crisis, la prioridad del Estado es doble: “Proseguir con las obras aún rentables (el 30% de las viviendas pagadas entre 2013 y 2020 aún no se han entregado) y controlar la caída de los precios para no penalizar a los hogares, que tienen invertido en el sector inmobiliario el 70% de su patrimonio”, explica Sophie Wieviorka, economista de Crédit Agricole, “con unas medidas que, por ejemplo, prohíban a los agentes inmobiliarios vender bienes por debajo de determinado precio”.

Ese riesgo de bajada de precios es especialmente elevado fuera de las grandes metrópolis. Por el contrario, en Pekín, Shanghái, Guangzhu y Shenzhen hay una fuerte presión debido a la escasez de terreno, pues las autoridades intentan mantener la producción agrícola por imperativos de seguridad alimentaria. “A nivel nacional, el número de transacciones va a permanecer establemente por debajo del 10-20% respecto del nivel de 2020”, anticipa la economista.

Fuera del sector inmobiliario, ¿cuáles son los motores potenciales de la economía china? Como hemos visto, las exportaciones ya no generarán tanta riqueza como antes. Por una parte, desde comienzos de la década de 2010, “el atractivo de China debido al coste de su mano de obra disminuye progresivamente”, recuerda Mylène Gaulard. Por muchas razones. Una de ellas es de orden demográfico: “La población china envejece y esa tendencia va acompañada, desde comienzos de la década de 2010, de una reducción de la mano de obra”, subraya Isabelle Attané, demógrafa y sinóloga, directora de investigación en el Instituto Nacional de Estudios Demográficos (INED) de Francia.

Otra razón es la multiplicación, durante los mismos años, de los movimientos sociales que han llevado a los empleadores a subir los salarios, y a las autoridades locales a aumentar el salario mínimo (del 15% al 20% según las regiones), estimaba Mylène Gaulard en 2012. “Debido a un aumento de la presión en el mercado laboral, así como de mayor nivel de cualificación, los trabajadores han adquirido más conciencia de sus derechos”, explicaba entonces.

La trampa del ahorro

Por otra parte, las exportaciones ya no podrán seguir estimulando el crecimiento porque el país intenta, por razones geopolíticas, reducir su dependencia del resto del mundo y, por tanto, de los pedidos de los clientes extranjeros.

El relevo para crecer hay que buscarlo, en parte, en la mejora tecnológica, aunque también en el consumo de los hogares. Por el momento, estos últimos se muestran más inclinados a ahorrar que a gastar, lo que implica ciertos riesgos, entre ellos el de que China caiga en lo que los economistas denominan “la trampa de los países con rentas medias”. Aunque el país se ha desarrollado mucho en las últimas décadas, “aún no ha alcanzado un nivel de renta por habitante que le convierta en un país de rentas elevadas”, constata Mylène Gaulard, “y con la ralentización de su crecimiento podría encontrarse atrapado entre unos salarios elevados que penalizan sus exportaciones y un mercado aún insuficiente para sustituirlas”.

“En general, cuando la población se enriquece, el porcentaje del consumo en el PIB aumenta”, señala Eve Barré, economista de Coface, “pero en China ese porcentaje nunca ha superado, en cerca de 20 años, el 40%, mientras que en los países desarrollados está en torno al 60%”.

Muchas razones lo explican. Algunas son pasajeras, como la crisis sanitaria. Pero otras son más duraderas. El aumento espectacular de las desigualdades desde hace dos décadas lastra el consumo, pues la riqueza se concentra en manos de los más ricos que consumen menos en proporción a sus ingresos. Sobre todo, porque, ante la falta de un sistema de protección social lo suficientemente desarrollado, los chinos se ven incitados a ahorrar mucho para estar prevenidos frente a una enfermedad, un periodo de paro o para su jubilación. Como resultado de ello, el índice de ahorro se mantiene altísimo.

La crisis inmobiliaria aumenta el riesgo sobre la modalidad de ahorro más utilizada por los chinos: el ladrillo. Y podría incitar a los hogares a ahorrar aún más para hacer frente a esa inseguridad. El rápido envejecimiento de la población china, que la renuncia a la política del hijo único no ha logrado parar, tampoco es favorable a un relanzamiento del consumo. “El sistema de jubilación chino no garantiza unas pensiones suficientes a las personas mayores, que forman parte de las franjas más pobres de la población”, estima Isabelle Attané. “Y no parece que vaya a solucionarse. Para el año 2050, cada chino en edad activa tendrá a su cargo 0,73% personas de más de 60 años, es decir, un porcentaje cuatro veces superior al  de 2010”.

El envejecimiento de la población acentúa, pues, los desafíos a los que se enfrenta el país y el riesgo para las autoridades de no poder respetar el contrato social tácito que les permite mantenerse en el poder. “El Partido Comunista dispone del monopolio de los asuntos políticos a cambio de la prosperidad económica que proporciona a la población”, resume Isabelle Attané.

Contradicciones

Aunque unas amplias reformas parecen necesarias, paradójicamente, “desde la pandemia, el Gobierno enfoca su apoyo más hacia las empresas que hacia los hogares, a través de aplazamientos del pago de los impuestos, de subvenciones directas y de medidas para atraer la inversión extranjera”, dice Eve Barré. “Ello es una muestra de cierta incoherencia entre un discurso basado en reequilibrar el modelo de crecimiento mediante el aumento del consumo y una política económica efectiva vinculada a unos objetivos de crecimiento a más corto plazo”, puntualizan Camille Macaire y Michel Aglietta.

“Para que los hogares consuman más, hay que aumentar las rentas o las prestaciones sociales. Pero las autoridades chinas se oponen al establecimiento de un estado del bienestar que, según ellas, puede animar a la gente a vivir de las ayudas públicas”, explica Mary-Françoise Renard. El establecimiento de medidas favorables al consumo choca también con un problema de financiación. Si el peso del consumo aumenta en el PIB, ¿en detrimento de qué lo hace? ¿Y quién lo pagará? ¿Las colectividades locales? ¿El Estado central?”, pregunta la investigadora. “Esta cuestión fundamental nos lleva al tema del endeudamiento de las autoridades chinas y, por tanto, a su margen de maniobra presupuestaria”, concluye.

Los gobiernos locales, por su parte, se han visto penalizados por la crisis del sector inmobiliario, que disminuye sus ingresos procedentes de la venta de terrenos, que en 2020 representaban casi la mitad de sus recursos financieros. Oficialmente endeudados en un 50% del PIB, podrían, en realidad, acumular una deuda de casi el 110% del PIB si se tienen en cuenta los fondos fuera del presupuesto creados tras la crisis de 2008 para alcanzar los objetivos de crecimiento fijados por Pekín.

En cuanto al poder central, su deuda se estima en el 51% del PIB, según las estadísticas oficiales, lo que, en principio, dejaría cierto margen de maniobra. Pero esa no es la opinión de la agencia de calificación estadounidense Moody’s, que a comienzos de diciembre mostró su inquietud sobre la deuda china. El principal motivo que invocó fue las importantes sumas que las autoridades de Pekín deben desembolsar para apoyar a los gobiernos locales y a las empresas estatales en un contexto de ralentización del crecimiento.

Como resultado de un crecimiento logrado en el pasado a base del crédito, el nivel de la deuda del conjunto del sector no financiero se eleva en China a más del 300% del PIB, la mitad de la cual está en posesión de las empresas públicas que cuentan con la garantía, más o menos explícita, del Estado. Y el anuncio que, a finales del pasado octubre, hizo Pekín de una emisión de deuda de un billón de yuanes (127.000 millones de dólares), sobre todo para renovar o proteger las infraestructuras amenazadas por el cambio climático, hace pensar que el estamento central intenta paliar la insostenibilidad de la deuda local.