Turquía: los estragos de una construcción desenfrenada
El fraude sistémico y un modelo de desarrollo cortoplacista agravaron los daños del terremoto de febrero
El pasado 6 de febrero, dos terremotos, el primero por la noche y el segundo por la tarde, de magnitud superior a 7 en la escala Richter, golpearon el sureste de Turquía y el noroeste de Siria. Sobre la marcha, las autoridades turcas detuvieron a varios promotores inmobiliarios, algunos de los cuales intentaban huir al extranjero tras el hundimiento, como castillos de naipes, de sus obras, que se suponía que eran resistentes a los seísmos.
Desde que la tierra temblara se han entablado más de un centenar de investigaciones judiciales contra los promotores, sospechosos de haber pasado por alto las normas sísmicas en un país atravesado por dos fallas. Los tipos de infracciones sospechosas son múltiples.
Edificios que matan
“Se habla de engaños en lo referente a la calidad de materiales como cemento o acero, de intervenciones no autorizadas sobre la estructura del edificio tras su construcción para suprimir, por ejemplo, una viga maestra con el fin de agrandar un local comercial situado en la planta baja, o de no tener en cuenta la naturaleza de los suelos”, explica Yoann Morvan, antropólogo urbano del Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) e investigador en el Centre Méditerranéen de Sociologie, de Science Politique et d’Histoire (Mesopolhis) de Aix-Marsella.
Con frecuencia, más que el propio terremoto, son los edificios los que matan. Y, en consecuencia, sus constructores. “Los defectos de fabricación que se han constatado en el sector de la construcción turco no son privativos de algunas empresas o individuos. Se trata de un fraude sistémico, afirma Jean-François Pérouse, geógrafo y exdirector del Institut Français d’Études Anatoliennes. “Es el síntoma de una ideología del desarrollo enfocada al corto plazo, que también explica el elevado número de accidentes laborales y revela el funcionamiento de la economía política del país.
Para entenderlo hay que remontarse a comienzos de los años 2000. En concreto, al 17 de agosto de 1999, fecha en la que Turquía sufrió su último gran terremoto en Izmit, cerca de Estambul. “Esa catástrofe en la industrializada región de Mármara despertó a la sociedad civil turca, que se movilizó rápidamente para denunciar el descontrol de la gestión del Gobierno de entonces”, recuerda Yoann Morvan, “y fue enfrentándose en este ámbito al régimen de entonces como Recep Tayyip Erdogan se labró su imagen de hombre íntegro, responsable y eficaz, que le llevó al cargo de primer ministro en 2003”.
Tasa antisísmica
Y, paradójicamente, han sido Erdogan, actual presidente y su partido, el AKP (Partido de la Justicia y el Desarrollo) los que, tras dos décadas de ejercicio del poder, han vaciado poco a poco de contenido las disposiciones tomadas tras la catástrofe de 1999 para mejorar la resistencia del país al movimiento de las fallas que lo atraviesan.
Es lo que ha pasado con la tasa antisísmica, compuesta por suplementos adicionales del impuesto de sociedades, de la renta o de la propiedad, y, sobre todo, por un impuesto de nuevo cuño sobre todas las ventas de teléfonos móviles y su uso: “De 2000 a 2022 ha proporcionado en total, teniendo en cuenta el cambio del dólar de cada año, 38.000 millones de dólares”, afirma Ahmet Insel, politólogo y periodista turco, autor de La nouvelle Turquie d’Erdogan. Du rêve a la dérive autoritaire (editorial La Découverte 2015). “Pero ese dinero se ha utilizado de forma indebida. En lugar de para prevenir los efectos de los terremotos, ha alimentado la construcción desenfrenada llevada a cabo por Erdogan desde su ascenso al poder”, añade Insel.
Hoy, el sector de la construcción y el inmobiliario representan, en conjunto, alrededor del 12% del PIB turco. Y tienen un peso importante en el crecimiento del país. “Una parte de los constructores turcos exportan también sus materiales y sus servicios, especialmente a la Comunidad de Estados Independientes, que reúne a algunos países de la antigua URSS, así como hacia la Unión Europea y Oriente Próximo. A finales de 2022, tenían 11.000 proyectos en curso en 133 países, por un valor de unos 470.000 millones de dólares, detalla Seltem Iyigun, economista de la aseguradora Coface experto en Turquía. “Sin embargo, la imagen de una economía dopada únicamente por la construcción de viviendas o de edificios públicos es falsa”. El crecimiento turco descansa también en un sector manufacturero diversificado que representa el 20% del PIB”.
Del Producto Interior Bruto (PIB) turco lo aportan la construcción y el sector inmobiliario
El presidente turco y su partido, prestan, sin embargo, una atención especial al sector de la construcción por una razón de índole más política. “La geografía no ha dotado a Turquía con recursos naturales que permitirían al poder distribuir una renta extractiva”, explica Ahmet Insel. “Por ello, el mejor modo de instaurar relaciones clientelares ha sido crear una renta del suelo y urbana”. Los cinco mayores promotores del país, conocidos como la banda de los cinco y que forman el círculo íntimo de Erdogan, son sus principales beneficiarios, a los que se suma una vasta red de empresarios y promotores, así como propietarios del suelo que pueden ser tanto personas físicas como alcaldías. En consecuencia, a estas últimas no les interesa ser muy escrupulosas a la hora de dar permisos para edificar y de verificar que se respetan las normas de construcción, a pesar de que se endurecieron tras el seísmo de 1999.
Amnistías desastrosas
“En el marco de la política de transformación urbana llevada a cabo desde 2005, el riesgo sísmico se ha utilizado para justificar la destrucción de los edificios ya existentes, en especial de las viviendas de una planta construidas con materiales ligeros”, añade Jean-François Perouse, “a pesar de que eran mucho menos peligrosos que los que se construyeron después”.
Los representantes públicos del AKP no son los únicos que han participado de este sistema cuyas consecuencias hoy se han puesto de manifiesto. “Dicho esto, la oposición ha mostrado más rigor en las alcaldías que están bajo su control”, afirma el geógrafo. Ese es, sobre todo, el caso de Erzin, donde no se ha contabilizado ningún muerto ni herido. En ese pueblo de 50.000 habitantes, situado cerca del epicentro del seísmo, su alcalde, miembro del principal partido de la oposición a Erdogan (el Partido republicano del Pueblo, CHP), es conocido por su aplicación estricta de las normas de urbanismo y su persecución de las construcciones ilegales. Esa postura no es nada fácil de mantener, pues las construcciones ilegales son alentadas por el poder a través de amnistías promulgadas regularmente. Su objetivo: normalizar la situación de los ocupantes de esas construcciones dándoles el título de propiedad mediante el pago de una multa que engrosa las arcas del Estado. “Las amnistías aumentan el sentimiento de impunidad de que disfrutan los promotores y benefician a unos electores que se sienten en deuda y no tienen interés en que el sistema cambie”, insiste Yoann Morvan.
La primera amnistía del mandato de Erdogan se aprobó en el Parlamento en 2003. A ella le siguieron otras. “La última y más importante se aprobó unas semanas antes de las elecciones presidenciales y legislativas de junio de 2018. Regularizó unos tres millones de construcciones ilegales”, dice Ahmet Insel. Hace unas semanas, en la óptica de las elecciones presidenciales de mayo, el Gobierno presentó una nueva propuesta de amnistía.
Desde el año 2013, a ese clientelismo endémico se añade, en el ámbito de la construcción, que una serie de contrapoderes esenciales se han quedado en el banquillo y no se les ha permitido jugar. Ese año nació un movimiento de protesta inicialmente llevado a cabo por los que se oponían a la destrucción del parque de Gezi, en pleno centro de Estambul, para ser sustituido por un centro comercial. “Se despojó al colegio de ingenieros y arquitectos de Turquía, muy activo en la movilización, de su monopolio sobre el control técnico de las normas”, recuerda Yoann Morvan. Desde entonces, su verificación ha pasado a ser incestuosa, pues corresponde a los promotores elegir quién certificará su edificio”. Para conservar a sus clientes, las empresas y arquitectos solicitados no tienen mucho interés en mostrarse demasiado rígidos.
Reconstruir muy rápido
“Tras el reciente terremoto, el número de edificios que se han hundido se eleva a 300.000, lo que significa cerca de un millón de viviendas”, precisa Seltem Iyigun. Erdogan ha prometido construir un tercio a lo largo del año y aseguró a finales de marzo que ya se habían empezado a construir 67.000 edificios. Está claro: hay que reconstruir rápido, muy rápido. ¿Pero a qué precio?
Tras el seísmo, se han expresado diferentes puntos de vista en el seno de la Alianza de la Nación, la principal coalición de oposición a Erdogan. Kemal Kılıçdaroglu, candidato a la presidencia frente a Erdogan, denunció la incuria del presidente y sus burócratas. Meral Aksener, la dirigente del IYI, un partido nacionalista de derecha, también miembro de la Alianza, se mostró más cautelosa y se negó a hacer del terremoto un tema político.
El fin de un milagro económico
Tras 20 años en el poder, ha llegado la hora de hacer el balance económico del AKP. Entre 2002 y 2012, década calificada por algunos como “gloriosa”, Turquía experimentó un fuerte crecimiento gracias al flujo de capitales extranjeros, a las inversiones en el sector de la construcción y al consumo dinámico de los hogares.
“Tras las protestas por el parque Gezi en Estambul, en 2013 y, sobre todo, tras el fracaso del golpe de Estado de 2016, se emprende la represión a la prensa y a las figuras de oposición”, explica el antropólogo Yoann Morvan. “Erdogan comienza también su cruzada contra las agencias de calificación internacionales que, en su opinión, penalizan al país. Suelta entonces las amarras de una política ortodoxa en el plano monetario”, prosigue Morvan.
Sin embargo, “con la perspectiva de un acercamiento a la Unión Europea, el AKP se había comprometido en su primera década en el poder a llevar a cabo una serie de reformas con el fin de liberar las instituciones económicas y financieras de la tutela política, fundamentalmente haciendo del Banco Central una institución independiente”, recuerda Deniz Unal, economista del Centro de Estudios Prospectivos y de Informaciones Internacionales (CEPII) francés y especialista en Turquía. La institución, de nuevo bajo la tutela política tras el nombramiento de un nuevo director en 2016, mantiene desde entonces unos tipos de interés bajos, aunque la inflación supera el 50%. Erdogan justifica esta política por razones religiosas: el islam prohíbe los tipos de interés y la usura. El hecho es que el régimen ha vuelto a controlar la economía, y como resultado de ello, la riqueza por habitante está bajando desde hace 10 años. “Progresivamente, las personas al frente de las instituciones de regulación se han visto sometidas al Ejecutivo y, en especial, al presidente de la República. Esas instituciones, antes independientes, también se han visto despojadas de su personal competente”, explica Unal, quien afirma que la economía turca “está pagando muy caro la desinstitucionalización generalizada de la gobernanza del país”.
