Desmontando el legado de Pinochet

En 1981, el entonces ministro de Trabajo designado por la dictadura, José Piñera, y el ingeniero comercial Sergio Guzmán, ambos miembros de la oligarquía criolla que desde hace décadas domina Chile, pusieron el broche de oro al experimento ultraliberal que el grupo de economistas liderado por Milton Friedman y conocido como los Chicago Boys había comenzado a desarrollar en el país sudamericano dos décadas antes. El momento para acabar con el sistema de pensiones solidario y culminar la privatización de otros sectores fundamentales, como la sanidad, era el propicio. La sádica represión desatada tras el cruento golpe de Estado de 1973 contra el gobierno democrático del socialista Salvador Allende —sostenida en asesinatos, torturas y desapariciones forzosas— había surtido el efecto perseguido y el terreno estaba abonado: laminado todo adarme de resistencia social, el poder absoluto correspondía ahora a las leyes del mercado. 

Marcela R., enfermera en un hospital público, y Eduardo S., administrativo de una empresa, se vieron entonces obligados a tomar una drástica y transcendental decisión que afectaría no solo a su futuro, sino también al de sus hijos y nietos: permanecer en la Caja de Previsión, un sistema de reparto solidario de las jubilaciones ideado en la primera mitad del siglo XX y gestionado por el Estado, o sumarse al nuevo sistema de capitalización individual impuesto por los políticos de la dictadura para todos los nuevos asalariados, y que desató un proceso de bancarización masiva sin parangón en el mundo. Marcela admite con resignación que se dejó engañar por el pavor y el anzuelo de la menor contribución que exigían las nuevas administradoras de fondos provisionales privadas (AFP) —de apenas el 11%— y tomó el bono de reconocimiento creyendo que “la plata era mía”. Eduardo fue de los pocos que reflexionó entre las presiones sociales y resistió en el sistema estatal, pese a que a priori las condiciones eran menos ventajosas. Hoy recuerda aquellos días de plomo con una amplia sonrisa y la seguridad que le da una jubilación mayor y más estable que la de la mayoría de sus compatriotas. Solo es comparable a la de Mauricio D. y otros carabineros y militares que se salvaron de aquella pionera mixtura entre el fascismo y el neoliberalismo. Escamada y pancista, la Junta golpista excluyó a las Fuerzas Armadas del gran engaño y mantuvo sus ahorros en una Caja de Previsión de la Defensa Nacional, que aún hoy ofrece jubilaciones más dignas gracias a la contribución obligada de todos los cotizases chilenos. 
 

Anomalía

Aunque el brillo ficticio del crecimiento chileno en la década de 1990 hizo que reformas ultraliberales como la privatización de las pensiones se imitaran en naciones tan diversas como Argentina, Bolivia, Perú, Hungría y Polonia, el sistema de capitalización individual es hoy una anomalía en el mundo, donde prima el sistema de reparto. Y también uno de los problemas troncales de una sociedad —la chilena— desigual, obstinadamente clasista, endeudada hasta la médula y empobrecida, que reventó en octubre de 2019 con la mayor ola de protestas desde el inicio de la tiranía. Pese a la sangrienta represión, millones de personas, en su mayoría de las clases medias pauperizadas, salieron a la calle para protestar contra un sistema económico asfixiante y exigir justicia, primero de forma impulsiva y después organizadas por movimientos sociales y estudiantiles de todo tipo. Entre ellos, la asociación No +AFP, que desde 2016 ya lograba congregar a cerca de un millón de personas en un Estado con 18 millones de habitantes.

Según un estudio de la OCDE, en 2013 el sistema chileno entregaba pensiones entre el 17% y el 11% más bajas que el promedio de los países de este organismo. El mismo año, una investigación del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (CENDA) concluía que el sistema de las AFP era "la tercera fuente de desigualdad del ingreso, porque se lleva el 3,6 % del PIB". Un cálculo publicado un lustro antes estimaba que el capital acumulado por las seis administradoras que hay suponía el 52,77% del PIB (las AFP invierten el dinero de los cotizares en Bolsa, se lucran con altas comisiones que cobran y no asumen las posibles pérdidas de los fondos que gestionan, que repercuten en los clientes). En 2018, en vísperas del estallido, el 90,75% de los jubilados chilenos —entre ellos Marcela— recibían una pensión media de 195.000 pesos (unos 233 dólares mensuales), la mitad del actual salario mínimo.

Subido a esa ola de desencanto e indignación, el diputado y líder estudiantil de izquierda radical Gabriel Boric llegó al Palacio de la Moneda con la ambición de desmontar la dictadura, y en particular su régimen económico, algo que la transición no pudo —o más bien, no quiso— hacer. Además de reformar la Constitución y recuperar la memoria, su programa electoral incluía hitos como la subida del salario mínimo —ya conseguido—, la jornada de 40 horas —igualmente lograda— y prioridades como el perdón de las deudas que asfixian a estudiantes, la mejora de la educación pública, la salud universal gratuita y la reforma de pensiones, hasta la fecha pendientes. Junto con la inseguridad ciudadana —que se ha disparado con la ampliación de la brecha de la desigualdad—, las dos últimas son aún el caballo de batalla y el talón de Aquiles del gobernante más joven de Sudamérica. 

Piedras en el camino

La crisis de la ISAPRES (aseguradoras de salud privada) parece encaminada tras la sentencia del Tribunal Supremo que le obliga a devolver las cuotas irregulares cobradas a sus clientes y a ajustarse a unas tablas fijas. Durante años, y en particular en tiempos de la presidencia del multimillonario Sebastián Piñera —hermano del ministro pinochetista—, las ISAPRES habían podido incrementar las cuotas sin mejorar los servicios en una huida hacia adelante para tapar sus pérdidas. Desde que a finales de año se conociera la sentencia, chantajean al Gobierno asegurando que la millonaria devolución las hundirá y que, con ello, se desplomará el sistema nacional de salud. Ahí la respuesta desde el Palacio de la Moneda ha sido firme: se pueden negociar plazos y condiciones, pero no se contempla el perdonazo. En el fondo de la polémica se perfila una ambición mayor: el fortalecimiento del sistema público (FONASA) y el avance hacia una salud universal gratuita. 

Más compleja se antoja la reforma de pensiones, a la que se resiste la derecha y la ultraderecha, vehículos de la poderosa oligarquía empresarial que domina el país, y que Boric considera ineludible para poder avanzar y financiar el sueño transformador, además de un “deber moral” y una “urgencia nacional”, visión que comparten organismos internacionales como la CEPAL. En marzo, el Congreso, dominado por la oposición, rechazó la petición del Gobierno de legislar esa reforma previsional, retrasando así un año cualquier opción legislativa de emprenderla y dejando en el alero todo el ambicioso programa de cambio. 

El plan —respaldado por la OCDE— pretendía aumentar la recaudación el 3,6% del PIB, suprimir el control de las AFP —que con las contribuciones obtienen beneficios cercanos al 8% del PIB—, reducir la evasión fiscal y caminar hacia la desaparición de la fuerza laboral gris, los cientos de miles de chilenos que, como Marcela, se ven obligados a trabajar más allá de los 65 años en supermercados, porterías de edificios, servicios de limpieza y otros empleos precarios para compensar la pírrica pensión acumulada tras años de sacrificios. En definitiva, se trata de la quimera de empezar a desmontar el sistema económico ultraliberal fallido implantado a sangre y fuego por la dictadura de Pinochet, que 50 años después de la asonada se mantiene sólido y firme, sostenido por la misma oligarquía que lo bendijo, ensombreciendo la vida de los chilenos.