África exige más dinero por sus minas
En un sector marcado por la evasión fiscal, el impacto medioambiental y el empleo de baja calidad, los gobiernos buscan modificar las concesiones para obtener más ingresos
La transición energética tiene necesidad de determinados minerales en grandes cantidades, motivo por el que se conocen como “críticos”. Para los países productores, muchos de los cuales se encuentran en África, la explotación minera comporta retos cruciales desde el punto de vista económico, medioambiental y social, como pone en evidencia el informe L’économie africaine 2024, elaborado por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).
El nuevo auge de la explotación de la minería se centra sobre todo en el África central y meridional. La República Democrática del Congo (RDC) y Zambia comparten, por ejemplo, el llamado Cinturón del cobre, una zona rica en cobre pero también en cobalto, indispensable para la construcción de las baterías de iones de litio, cuya producción mundial procede de la RDC en un 70% [ver más información].
Oleada de privatizaciones
Suráfrica y su vecino del norte, Zimbabue, son productores de platino y cromo. Y también destacan por su producción Madagascar (grafito) y Mozambique (grafito, titanio), entre otros.
“La oleada de privatizaciones y liberalizaciones de la década de 1990, combinada con el aumento de los precios de los metales por la transición energética, dieron lugar a una oleada de inversiones mineras a partir de 2005”, subrayan Julien Gourdon, Harouna Kinda y Hugo Lapeyronie en L’économie africaine.
Los códigos mineros no están adaptados a las nuevas demandas. La mayoría de los gobiernos concernidos impulsaron sistemáticamente esquemas para favorecer los intereses de los inversores, con reformas de los códigos mineros que permitieron el aumento de regalías (pago establecido a cambio del derecho de explotación de una mina durante un periodo determinado) y de las tasas en general.
¿Quién se lleva los beneficios?
Sin embargo, las finanzas públicas de estos países no acaban de recoger los frutos. La realidad es que el peso de los ingresos fiscales procedentes de la minería ha ido disminuyendo si se consideran en relación con el productor interior bruto (PIB) en el periodo 2010-2019 tanto en Suráfrica como en la RDC, Tanzania, Zambia y Zimbabue.
Los tres economistas citados señalan en su trabajo que los ingresos fiscales son significativamente más bajos que las rentas que amasan las multinacionales por la explotación minera. Un ejemplo: en la RDC, la renta minera equivale al 6,3% del PIB, mientras que los ingresos fiscales del Estado como consecuencia de esta actividad se quedan en apenas el 1,8% del PIB.
La tributación de la actividad minera afronta tres dificultades: las débiles estructuras recaudatorias de las Administraciones, la competición fiscal a la baja entre territorios para atraer capitales y, en algunos países, como la RDC, Zimbabue y Zambia, la exención de tributación para determinadas actividades.
Los investigadores también plantean el problema de las cláusulas de estabilización incluidas en los antiguos convenios de explotación minera. Estos apartados establecen condiciones fiscales para periodos muy largos, de entre 10 y 30 años, lo que garantizaba a las empresas concesionarias el mantenimiento de las ventajas tributarias incluso en el caso de reforma de los códigos mineros.
Sin embargo, consideran que el “principal desafío” tiene que ver con los esquemas de evasión fiscal puestos en pie por los grandes grupos mineros. El Fondo Monetario Internacional (FMI) estimaba en 2021 que 15 países africanos perdían entre 450 y 730 millones de dólares anuales en ingresos fiscales por culpa de la transferencia de beneficios de las multinacionales hacia sus filiales en el extranjero. Además, el marco jurídico del sector minero no está ni siquiera al día con respecto a los últimos avances en la lucha contra la evasión fiscal.
Al observar en particular las zonas de extracción de cobre, los economistas muestran que las minas emplean relativamente a pocos trabajadores en relación con su peso económico. El sector no logra absorber el crecimiento demográfico de estas áreas. En Zambia, la región que concentra las minas de cobre tiene incluso el segundo porcentaje de paro más alto del país (22,5%).
Por otro lado, los empleos que ofrecen las empresas mineras suelen requerir poca o incluso ninguna cualificación: la mayor parte de la cadena de valor se ubica en el extranjero.
Daños a la tierra
Las comunidades locales, por si fuera poco, pagan un elevado precio medioambiental. En ocasiones, las minas tienen un impacto muy negativo sobre la tierra: entre 1979 y 2018, el ritmo de pérdida de superficie boscosa en las regiones del Cinturón del cobre de la RDC fue hasta ocho veces superior al del resto del país. La extracción implica también una gran cantidad de residuos y de contaminación grave en los alrededores de los lugares de procesamiento.
“Ante el escaso valor generado que llega a los territorios que albergan las minas y la ausencia de políticas eficaces de conservación del medio ambiente, tiene sentido preguntarse sobre la continuidad del contrato social implícito que vincula las compañías mineras y las comunidades locales”, cuestionan finalmente los autores.
