Última carta por el clima

Este artículo se escribió antes antes de que finalizara la 28ª gran cumbre climática global (COP28), que se celebra hasta el día 12 en Dubái, pero se atreve ya a esbozar su balance: abundancia de promesas y declaraciones grandilocuentes, pero resultados tangibles modestos; otra oportunidad perdida para el gran desafío que tiene planteado la humanidad.

Alternativas económicas no tiene ninguna bola mágica para predecir nada, pero el historial de estas cumbres en los últimos años es tan decepcionante que las cartas parecen marcadas antes de jugarse. Con el añadido de que, en esta ocasión, la reunión se fijó incluso en Emiratos Árabes Unidos, uno de los epicentros de los combustibles fósiles que tanto contribuyen a la emergencia climática.

Y ello a pesar de que los datos científicos son apabullantes: las emisiones que provocan el calentamiento global siguen creciendo (véase gráfico), las temperaturas baten récords año tras año y el ritmo apunta al peor de los escenarios: un aumento previsto cercano a 2,9 ºC, una catástrofe para el planeta y la vida humana. Revertir la situación, apuntan los científicos, exige tomar medidas radicales que reduzcan de aquí a 2030 el 43% las emisiones.

La inacción ante un problema tan colosal explica el auge de los llamados juicios climáticos: iniciativas que aspiran a forzar en los tribunales el cumplimiento de los compromisos que se toman en las cumbres y que luego quedan en papel mojado. La base es simple: la situación es gravísima y los acuerdos no pueden tomarse como meros brindis al sol, sino como obligaciones para autoridades y empresas.

Organizaciones ecologistas, ciudadanas y de jóvenes, apoyadas por juristas comprometidos, han multiplicado las demandas y las han extendido en los tribunales de todos los continentes, con la participación también de profesores de algunas de las más prestigiosas universidades, como las estadounidenses de Harvard y Columbia. Esta última ha creado una unidad específica, el Sabin Center for Climate Change Law, que, en colaboración con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, mantiene actualizada una base de datos para que los ejemplos se repliquen y los juristas se coordinen.

“Los juicios climáticos representan un punto de inflexión para cambiar la dinámica de la lucha contra el cambio climático. Los Gobiernos y las entidades del sector privado están siendo escrutados de forma creciente para que rindan cuentas”, sostiene Patricia Kameri-Mbote, directora de la división legal de la agencia para el medio ambiente de Naciones Unidas en la última edición del Global Climate Litigation Report, que elabora junto con el Sabin Center y que certifica el auge global de este tipo de causas: entre 2017 y 2022 se ha pasado de 884 procedimientos en 24 jurisdicciones a 2.180 en 65.

Philippe Sands, una de las referencias del derecho internacional humanitario, profesor en la  Univeristy College de Londres y en la Harvard Law School, ha calificado el fenómeno de “tsunami”. El informe del Sabin Center augura, además, que la tendencia crecerá, puesto que los litigios climáticos desempeñan ya un papel “central” en los esfuerzos “para obligar a Gobiernos y corporaciones a impulsar medidas más ambiciosas”.

Decepción en España

Con tantos procedimientos en marcha, hay resultados de todo tipo, incluidas decepciones como la vivida por los impulsores de la principal causa en España —Greenpeace, Ecologistas en Acción y Oxfam Intermón—, que han visto cómo el Tribunal Supremo desestimaba en julio su pretensión de forzar un plan  gubernamental más ambicioso de reducción de emisiones. “El tribunal no se ha pronunciado sobre uno de los temas centrales, que es la vulneración de los derechos humanos, con lo que vamos a recurrir al Constitucional y, en última instancia, a Europa”, explica Pedro Zorrilla, de Greenpeace. 

Procedimientos análogos están en marcha en muchos otros países y dos de ellos se encuentran ya en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: uno, impulsado por jubilados suizos, que fue también rechazado en su país; el otro, presentado por jóvenes portugueses, que se dirigieron directamente a la instancia europea porque su denuncia es contra todos los países de la UE. En ambos casos se pone el foco en daños concretos de la inacción que han afectado personalmente a sus impulsores: los problemas para su salud por el aumento de las temperaturas en los jubilados suizos y los devastadores incendios que asolaron el país en el caso de los jóvenes portugueses. 

Esta conexión entre inacción y consecuencias tangibles en personas concretas es uno de los motivos que aportan optimismo a los juristas del Sabin Center: “Se están empleando argumentaciones innovadoras que conectan las emisiones específicas con el cambio climático global y en cómo los impactos visibles en el clima pueden vincularse a daños concretos sufridos por los querellantes”, subraya en su último informe.
Algunos tribunales han producido ya sentencias favorables a los litigantes, lo que facilita que luego se intenten replicar en otros juicios. Como el fenómeno es bastante nuevo, casi todos los casos son recurridos en instancias superiores y faltan todavía sentencias firmes y jurisprudencia.

Tres frentes

Sin embargo, hay ya resoluciones alentadoras en varios frentes cruciales, que se están convirtiendo en los ejes de referencia. Particularmente, en tres: la responsabilidad de las autoridades; la protección de los más jóvenes —los principales perjudicados por el cambio climático, pues les afectará en el futuro sin tener responsabilidad— y el papel de las corporaciones más contaminantes —sobre todo, petroleras— y los bancos que les financian.

Las causas directas contra la inacción de las Administraciones recibió un gran espaldarazo en 2019, cuando la Corte Suprema neerlandesa falló a favor de la Fundación Urgenda y obligó al Estado a fijar objetivos de reducción de emisiones mucho más ambiciosos y a cumplirlos. A diferencia del Tribunal Supremo español, su equivalente holandés sí forzó al Gobierno a tomar decisiones concretas inmediatas, como el cierre de las centrales de carbón y la puesta en marcha de nuevos planes para acelerar la transición energética.  Y ello a pesar de que Países Bajos no encabeza las clasificaciones de naciones con más emisiones, que lideran China y EE UU en cifras absolutas y EE UU y Rusia en emisiones per cápita (véase gráfico).

No obstante, la sentencia dejaba claro que el Estado "no debe esconderse detrás del argumento de que la solución al problema climático global no depende solamente de los esfuerzos neerlandeses”. Y concluía: “Cualquier reducción de las emisiones contribuye con la prevención del peligroso cambio climático y, en tanto que país desarrollado, Países Bajos debería tomar la iniciativa”.

El segundo frente que ha logrado ya éxitos importantes es la apelación específica de los derechos conculcados a los jóvenes. Como subraya Philippe Sands, la base es el “principio de eficacia” de los convenios de los derechos humanos que los Estados suscriben: el respeto “debe ser práctico y eficaz y no meramente teórico e ilusorio”, lo cual difícilmente podría aplicarse a los jóvenes de hoy en el infierno climático que se avecina.

La reciente sentencia de una jueza de Montana (EE UU) en la que estimaba una denuncia de Our Children's Trust en nombre de 16 jóvenes de entre 5 y 23 años ha sido acogida con entusiasmo por los promotores de esta vía, que han iniciado procedimientos similares en múltiples jurisdicciones. El recorrido práctico de la sentencia está aún por ver —el balón está ahora en el terreno legislativo, controlado por el Partido Republicano—, pero ha iniciado un camino que sus impulsores consideran muy prometedor.

Finalmente, el foco se va poniendo también sobre las corporaciones más contaminantes y sus financiadores. De nuevo, Países Bajos fue pionero en esta vía, con la sentencia de 2021 que estimó la demanda de Amigos de la Tierra, apoyada por 17.000 personas, para forzar cambios en la petrolera anglo-holandesa Shell. La coalición ambientalista fiscalizó luego los planes anunciados por la multinacional para cumplir la sentencia y, tras concluir que abundaban las triquiñuelas, la organización jurídica Client Earth llevó a los tribunales a los 11 miembros del consejo de administración en representación de los titulares de 12 millones de acciones de la compañía.
Homicidio, crimen, genocidio

Tras la sentencia de 2021 Shell había trasladado a Londres su sede central, con lo que la nueva demanda tuvo que presentarse en Reino Unido y ha sido inadmitida, en parte, precisamente, porque el tribunal no se sintió interpelado por la sentencia de otro país. Pero los promotores estudian cómo mantener la presión, que se ha trasladado ya a las personas concretas responsables de la política de la multinacional, un salto cualitativo esencial en el cerco a los principales culpables del cambio climático.

La identificación de los ejecutivos de las corporaciones más contaminantes como responsables de la catástrofe en ciernes abre nuevas y ambiciosas perspectivas que empiezan a explorar juristas de primer nivel en las publicaciones más prestigiosas, como la Harvard Environmental Law Review: un artículo reciente (1) aboga por considerar directamente como “homicidio climático” la actuación de los grandes ejecutivos de las petroleras, una línea que coincide con la tesis expuesta por el economista David Lizoain en el libro Crimen climático (Debate, 2023), que hace un exhaustivo recorrido a las bases jurídicas de esta consideración e incluso a la potencial acusación de genocidio.

La mayoría de grandes petroleras no solo esquivan los compromisos hacia la transición energética, sino que están pulverizando sus récords de beneficios y tratan de expandir aún más su modelo, como muestran las últimas operaciones de ExxonMobil, que destinará 59.500 millones de dólares a la adquisición de Pioneer Natural Resources, especializada en la perforación de esquisto, y Chevron, con 53.000 millones para comprar la petrolera Hess.

Las petroleras están ya en el foco de querellas climáticas en al menos 12 estados de EE UU, liderados por California, que las señalan retomando la misma línea argumental que ya utilizaron con éxito en la década de 1990 para conseguir indemnizaciones millonarias de las tabaqueras. Al igual que sucedió con estas, la base de la acusación es la ingente cantidad de documentación que prueba que las corporaciones son perfectamente conscientes de los brutales impactos de su negocio para la salud de los ciudadanos.

Estos juicios climáticos contra las corporaciones y sus ejecutivos no se limitan a las petroleras, sino que van a todos los sectores empresariales contaminantes que incumplen con la transición, con el automovilístico objeto ya de varios procedimientos en Alemania. Son muchas las empresas potencialmente amenazadas por este tipo de demandas, como muestran los informes de la consultora ESG Book: según sus datos, solo el 22% de las 500 mayores corporaciones del mundo están realmente alineadas con el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 ºC. Por el contrario, el 45% mantiene aún actuaciones que llevarían a un crecimiento de las temperaturas de, al menos, 2,7 grados, lo que las convierte en potenciales objetivos concretos de futuros juicios climáticos.

A ellas y a los bancos que las financian: desde hace años, una coalición de activistas y académicos cuantifica el volumen de fondos que aporta cada banco hacia los proyectos que más contribuyen al cambio climático. La clasificación, que se actualiza cada año en el informe Banking on climate chaos, lo lideran los estadounidenses JPMorgan Chase, Citi, Wells Fargo y Bank of America, con presencia no marginal de los españoles Banco Santander y BBVA (véase gráfico).

Aviso del BCE

No se trata de una línea utópica en la que creen solo hippies o soñadores. Nada menos que Frank Elderson, consejero del Banco Central Europeo, exhortó a los bancos a tomarse estos litigios muy en serio durante su intervención en la última conferencia legal de la entidad, el pasado septiembre: “Los juicios climáticos amenazan la viabilidad de los modelos de negocio”, advirtió, tajante. Y añadió que la mejor forma de sortear el riesgo es “poner en marcha los planes de transición alineados con los objetivos de los Acuerdos de París”, cuanto antes.

Puede que los principales responsables del cambio climático aún puedan permitirse ignorar las conclusiones de las cumbres climáticas. Pero a lo mejor deberían empezar a buscarse abogado.