España frena a la extrema derecha

Los demócratas europeos recuperaron el aliento tras conocerse los resultados de las elecciones del 23 de julio en España. Las perspectivas no eran nada halagüeñas ante un eventual buen resultado de Vox, que habría facilitado el regreso al poder del Partido Popular. Aunque quedan todavía muchas incógnitas por resolver y no se descarta la posibilidad de unas nuevas elecciones en enero, todo parece indicar que, de entrada, el conservador Alberto Núñez Feijóo no llegará a la Moncloa. El hundimiento de Vox tras la pérdida de 19 escaños hace  muy difícil un Gobierno del PP apoyado por los ultraderechistas. La realidad es que Feijóo cuenta con 172 apoyos —137 del PP, 33 de Vox, 1 de UPN y otro de Coalición Canaria—, pero tiene 178 en contra. Le faltan cuatro para la  mayoría absoluta necesaria (176  diputados) en una primera investidura. Ni los nacionalistas vascos (PNV y Bildu) ni los independentistas catalanes (ERC y Junts) están dispuestos a darle su apoyo.

El triunfo del PP frente a los socialistas, con 121 diputados, tiene muchos visos de acabar en una victoria pírrica. Un análisis más sosegado apunta a que el vencedor moral de las elecciones ha sido Pedro Sánchez. Tras la derrota de las municipales de mayo, el líder socialista tuvo el arrojo de convocar inmediatamente nuevas elecciones y salir a pelear en defensa de los avances en los derechos civiles y sociales logrados por el Gobierno de coalición con Unidas Podemos.

El frenazo de la extrema derecha en España ha despertado esperanzas en una Europa inmersa en las secuelas de la epidemia sanitaria de 2021 y de la guerra en Ucrania, a la que no se ve el fin en una Europa en la que la ultraderecha está cada vez más presente en más países. Actualmente, participa en los gobiernos de Polonia, Hungría, Italia y Finlandia y apoya desde fuera al Ejecutivo de Suecia. Es una situación sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial, con un preocupante incremento de las ideologías contra la inmigración, los movimientos LGTBI +  y el negacionismo del cambio climático. Inmediatamente después de conocerse el resultado electoral en España, el eurodiputado liberal Guy Verhofstadt, ex primer ministro de Bélgica, manifestó: “esta clara derrota” de Vox prueba que la subida de los "anti LGTB + y de los negacionistas del clima no es inevitable si los electores defienden los valores europeos”.

La importancia de las elecciones españolas desde una perspectiva europea ya había sido apuntada por el ex primer ministro británico Gordon Brown, actual enviado de Naciones Unidas para la educación global, unos días antes de las elecciones. “España y su audaz primer ministro Pedro Sánchez”, destacó, “son ahora la primera línea en la defensa de los valores progresistas luchando contra los intentos de la derecha de ahogar su agenda económica, basada en mejores empleos y medidas contra la pobreza”. Para Brown, “el foco de la derecha en las guerras culturales es desviar la atención de sus políticas económicas neoliberales, que exigen la privatización de los servicios públicos, la expansión de la sanidad privada y recortes del tipo fiscal máximo, incluida la abolición del actual impuesto sobre el patrimonio vigente hasta 2024”.

El resultado de las elecciones en España ha sido también un alivio considerable para las instituciones europeas, especialmente para la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que cuenta con Sánchez como uno de sus principales valedores. El dirigente socialista español ha expresado su apoyo a un segundo mandato de la democristiana alemana. Por el contrario, Feijóo mantiene una cierta animadversión personal con Von der Leyen, según Die Welt.

El debate político en Europa está con los ojos puestos en los próximos comicios al Parlamento Europeo de junio de 2024. Las recientes elecciones en Finlandia, Italia, Holanda y Suecia han mostrado un inquietante auge de los partidos de extrema derecha. 

En el Parlamento Europeo, con 705 diputados, las cuatro formaciones más relevantes son el Partido Popular Europeo (PPE), con 176 escaños; Socialistas y Demócratas (144); Renovar Europa —sucesores de los liberales de Alde—, con 102 y los Verdes/Alianza Libre Europea, con 71 diputados. La extrema derecha está organizada en dos grupos: Conservadores y Reformistas e Identidad y Democracia. A Conservadores y Reformistas, (64 diputados) pertenecen Los Hermanos de Italia de Giorgia Meloni; Ley y Justicia, de Polonia, y Vox. Por su parte, Identidad y Democracia, también con 64 diputados, está integrada por la francesa Agrupación Nacional, encabezada por Marine Le Pen; La Liga italiana, dirigida por Matteo Salvini, y Alternativa para Alemania (AfD).

Una encuesta de Europe Elects augura un notable avance de la extrema derecha. Según este sondeo, los Conservadores y Reformistas aumentarían su representación hasta 82 eurodiputados, mientras que Identidad y Democracia podrían ascender hasta 72 representantes. El mismo sondeo apunta un notable retroceso de los Verdes hasta 49 diputados. 

Para el eurodiputado socialista Jonás Fernández, “con independencia del asunto de Polonia y Hungría, el verdadero problema del presente es el Partido Popular Europeo, que está muy desorientado, o bien reorientándose hacia donde no debe: más a la derecha, pero aún peor: más cerca de los euroescépticos”. En su opinión, de lo que no hay duda es que el resultado de las elecciones en España “ha impedido una aceleración de la estrategia del PP europeo en búsqueda de un espacio común con los euroescépticos conservadores”.

Fernández se refiere a la reciente maniobra fallida del eurodiputado alemán Manfred Weber, presidente del Grupo del Partido Popular en la Eurocámara, durante la tramitación de la Ley de Restauración de la Naturaleza. El Parlamento aprobó la ley promovida por la Comisión Europea, que pretende restaurar ecosistemas cruciales para combatir el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad y reducir los riesgos para la seguridad alimentaria, por 336 votos a favor, 300 en contra y 13 abstenciones. El diputado socialista explica: “El Partido Popular decidió dinamitar las conversaciones entre el conjunto de las fuerzas europeístas (socialistas, liberales, verdes y, hasta ahora, populares), apostando por consolidar una mayoría reaccionaria y euroescéptica. Así pues, Weber, con esa ley ambiental como disculpa, intentó cuajar una mayoría alternativa que pudiera impulsar una profunda revisión del rumbo de la Unión, no solo para lo que queda de legislatura, sino también de cara al futuro”.

Fernández precisa: “Afortunadamente, poco más de 20 diputados del Partido Popular, ninguno español, por cierto, se separaron de esta apuesta disparatada, mientras que los grupos a la izquierda nos mantuvimos unidos, sabiendo la relevancia de la votación para el curso de la UE”.

El posicionamiento de Weber ha evidenciado las diferencias en el seno del PPE con Von der Leyen, que se ha mostrado claramente distante con los extremismos de todo signo. La presidenta de la Comisión ha señalado: “Tenemos que demostrar que podemos prosperar a la vez que cortamos emisiones y protegemos el medio ambiente”.

La deriva política alemana hacia la extrema derecha es una realidad. AfD está creciendo rápidamente y cuenta ya con una intención de voto  superior al 20%, según distintas encuestas. Sus propuestas son frontalmente contrarias a la UE, que consideran “un proyecto fallido”. La formación exige el abandono del euro para recuperar el marco alemán y el retorno al control de fronteras con la supresión de Schengen para aplicar una dura política antiinmigración. Las proclamas anticonstitucionales y antieuropeas de algunos líderes de la AfD han motivado que los servicios de inteligencia alemana hayan abierto  una investigación.

Desafíos de Polonia y Hungría

En el plano interno, el desafío de Polonia y Hungría por su constante vulneración del Estado de derecho ha hecho sonar todas alarmas. Bruselas ha suspendido el envío a Hungría de 28.000 millones de fondos europeos hasta que este país no corrija su larga lista de infracciones de las normas comunes. La lista de vulneraciones del derecho europeo es larga y comprende falta de independencia judicial, prácticas corruptas, incumplimiento del derecho de asilo, trabas a la  libertad cadémica y ausencia de medidas de protección de la infancia.

En septiembre de 2022 el Parlamento Europeo aprobó un informe por una aplastante mayoría en el que constataba que Hungría se ha convertido en un “una autocracia electoral”, es decir, un sistema constitucional en el que se celebran elecciones, pero que no respeta las normas y los estándares democráticos. En una posterior resolución aprobada el pasado junio, los eurodiputados propusieron una alternativa para impedir que Hungría asuma la presidencia rotatoria de la UE durante el segundo semestre de 2024.

En Polonia, el partido ultraconservador Ley y Orden (PiS) se encuentra ante un gran reto: aprobar una reforma jurídica para asegurar la independencia judicial que le exige la UE. El Tribunal de Justicia europeo ha considerado que Polonia viola el derecho de la Unión. Polonia ha establecido más de 100 zonas libres de ideología LGTBQ+ y ha limitado el derecho al aborto. El país tiene bloqueados 35.000 millones de euros de fondos europeos. El pasado 11 de julio, una resolución del Parlamento Europeo condenó el retroceso de los valores de la Unión en Polonia. Los eurodiputados señalaron la revisión de las normas electorales que permiten prohibir el acceso a cargos públicos a personas de la oposición y reiteraron su preocupación por la falta de independencia judicial. Las elecciones parlamentarias se celebrarán en octubre.

Las discrepancias de Polonia con Bruselas son de fondo. En una conferencia en la Universidad de Heildelberg, el primer ministro polaco, Mateusz Moraviecky, defendió en marzo pasado “los límites de la gobernanza supranacional en Europa”, según Financial Times. “En Europa”, dijo, “nada salvaguardará mejor la libertad de las naciones, su cultura, y su seguridad social, económica, política y militar mejor que los Estados nacionales. Otros sistemas son ilusorios o utópicos”.

El desafío creciente de Polonia y Hungría contra la legislación europea y el modelo de Estado de derecho que representa han acrecentado la inquietud en medios jurídicos. En este sentido, es muy relevante el estudio Minima moralia: el Estado de derecho, el método comunitario y el presupuesto de la Unión Europea, elaboradodo por Julio Baquero Cruz, miembro del Servicio Jurídico de la Comisión Europea y profesor en el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad Libre de Bruselas. Para el profesor Baquero, “la integración parece haber quedado huérfana". Casi nadie defiende su razón de ser original y genuina. En esas circunstancias, es difícil que el sistema de integración pueda subsistir con sus rasgos principales, a saber: el método comunitario, la toma de decisiones por mayoría, el respeto del derecho y la primacía de su derecho, es decir, la limitación de las soberanías nacionales a través de la plena aceptación, sin reserva alguna, de quedar vinculado por las decisiones tomadas en común, también cuando se ha votado en contra, y las decisiones judiciales, aunque no digan lo que uno deseaba . Sin esa aceptación, no hay limitación de las soberanías nacionales. Sin esa limitación, no hay integración. Sin integración, la Unión corre el riesgo de desmoronarse, incluso antes de lo que podemos imaginar”.

Difíciles reformas

Los desafíos y las deficiencias de la UE fueron objeto de un amplio debate en las sesiones de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, cuyos trabajos culminaron en mayo de 2022. El informe final incluye 320 medidas, entre las que destacan las referidas al cambio climático, medio ambiente, salud, justicia social y empleo.

Las iniciativas de la Conferencia fueron recogidas por el Parlamento Europeo en una resolución del 4 de mayo de 2022, que planteó propuestas específicas para su aplicación y que se traducen en una mayor integración en áreas como salud, energía, defensa y migración. El Parlamento Europeo consideró necesario modificar los Tratados para “reforzar la capacidad de actuación de la Unión mediante la reforma de los procedimientos de votación, incluida la posibilidad de que el Consejo adopte decisiones por mayoría cualificada en lugar de la unanimidad en ámbitos pertinentes como las sanciones”.

Las iniciativas de la Conferencia recibieron una respuesta muy positiva por parte de Ursula von der Leyen, como ha señalado Josep Maria Lloveras, investigador senior del CIDOB. Lloveras, no obstante, advierte de que en relación con los Estados miembros, “hay que observar la oposición de 13 de ellos, básicamente escandinavos y del centro y este de Europa a una modificación de los Tratados. Otros seis, incluidos España e Italia, han mostrado una actitud más acomodaticia”. Para activar una reforma de los Tratados, es necesaria una mayoría simple de estados, es decir 14. A juicio de este analista, teniendo en cuenta la posición contraria de Hungría e Italia, las posibilidades de reforma de los Tratados “parecen, de momento, escasas”.

En cualquier caso, las voces a favor de una mayor integración están muy presentes. Un trabajo de Francisco Aldecoa, presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo ,y de Mercedes Guinea, profesora de la Universidad Complutense, concluye: “En las actuales circunstancias en las que se vive un relanzamiento de la construcción europea como consecuencia del nuevo ciclo político, de las medidas de carácter federal adoptadas para responder a la pandemia —el Plan de Recuperación—, la cohesión en la respuesta a la agresión rusa a Ucrania y sus consecuencias, supone una necesidad, una oportunidad y casi una obligación avanzar en el proyecto federal europeo a través de la reforma de los Tratados”.

A pesar de las dificultades, es cada día más necesario dotar de más potencia de acción a la Unión para adaptarse a retos como el cambio climático, la seguridad exterior y el creciente peso económico de China y los países emergentes.