La información social y medioambiental de las empresas, asignatura pendiente
A pesar de que ha habido grandes avances, la mayoría de las empresas sigue sin comunicar bien sus cuentas de resultados
Hasta tiempos recientes, la información social y medioambiental se consideraba voluntaria y, por tanto, existía una arbitrariedad por parte de la empresa en la selección de la información a proveer. Aunque se ha avanzado en la regulación —en España, las empresas de más de 250 trabajadores tienen que presentar información sobre cómo gestionan riesgos en corrupción, derechos humanos, cadena de suministro, medio ambiente, fiscalidad, consumidores y derechos laborales—, la estandarización, la precisión en la ley, la verificación y la supervisión siguen representando un desafío importante. Pese a los requerimientos regulatorios, el uso indebido de la comunicación en sostenibilidad dificulta la comparación entre empresas por parte de los ciudadanos, impide el funcionamiento adecuado del mercado, además de generar confusión y falta de credibilidad y de confianza en la RSC por parte de la sociedad en su conjunto.
Lo anterior lo pone de manifiesto el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa a través del estudio La responsabilidad social corporativa en las memorias anuales de las empresas del IBEX 35 referente al ejercicio 2021. El informe, que analiza a través de 657 indicadores la calidad de la información no financiera publicada por las empresas del IBEX 35 y el cumplimiento por parte de estas de las obligaciones establecidas en la ley 11/2018 en materia de información no financiera, evidencia que las empresas tienen aún mucho margen de mejora en la información social y medioambiental proporcionada: la valoración global sobre la calidad de la información en las 35 empresas analizadas es de 41,80 puntos sobre 100.
Derechos humanos, lo peor
Por áreas, la información que aportan las empresas del IBEX 35 sobre la gestión de los riesgos e impactos sobre los derechos humanos es la peor valorada. Pese a que se constatan las buenas intenciones de respeto de los derechos humanos, estas quedan huecas si no van acompañadas de procedimientos de gestión. Mientras que la mayoría de las empresas cuentan con políticas formales de respeto de los derechos humanos, solo 14 llevan a cabo un proceso de identificación de riesgos ligados a su actividad. La identificación de riesgos constituye el primer paso de un proceso de debida diligencia y será exigido por la futura directiva de debida diligencia en derechos humanos. En virtud de esta directiva, cuyas negociaciones están muy avanzadas, las empresas serán responsables de los impactos en los derechos humanos y el medio ambiente causados en sus cadenas de suministro.
Otro de los aspectos preocupantes que revela el estudio es la falta de transparencia sobre elementos clave en la lucha contra la corrupción: evaluación de riesgos, publicación de contratos con las Administraciones y actividades de lobby. En 2021, solo cinco empresas indican haber realizado una evaluación específica de riesgos de corrupción, pero ninguna de las 35 empresa del IBEX señala riesgos específicos de corrupción. Solamente una empresa identifica, entre los países en los que tiene presencia, aquellos que presentan mayor riesgo de corrupción.
Más de lo mismo
Las empresas que más presencia tienen en países de riesgo extremo y riesgo alto en corrupción según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional no facilitan apenas información sobre cómo han afrontado estos riesgos en 2021. En cuanto a las actividades de lobby, solo dos empresas disponen de una política específica y son 10 las empresas que detallan la actividad de lobby realizada con relación a desarrollos regulatorios de políticas públicas vinculadas con su ámbito de actividad, aunque de estas 10 solamente seis mencionan iniciativas legislativas concretas que han sido objeto de seguimiento o participación y una única empresa informa sobre las reuniones más relevantes mantenidas en sus acciones de lobby.
La información, aunque mejora la facilitada en relación con la gestión de riesgos de corrupción y de derechos humanos, es insuficiente para comprender cómo la empresa afronta la triple crisis planetaria: el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad. La integración de los objetivos ambientales en las estrategias empresariales es fundamental para abordar la triple crisis planetaria y la transparencia en su desempeño no solo es importante para concienciar sobre la protección y el cuidado del medio ambiente, sino para desarrollar políticas efectivas para acometer los grandes retos globales. El estudio evidencia que mientras que la huella de carbono es un indicador reconocido y reportado por las empresas, la huella ecológica, la huella hídrica y el análisis del ciclo de vida apenas están internalizadas, o en su defecto no se informa de su implementación. En el caso de la huella de carbono, aunque 34 de las 35 empresas del IBEX presentan información, no es posible realizar una comparativa entre empresas porque no hay uniformidad de criterios ni en los alcances a considerar ni en las fuentes a incluir. Cuando la evolución temporal en las emisiones es negativa en pocos casos encontramos una explicación justificativa y son muy pocas las empresas que informan de sus emisiones por ramo de actividad y países.
Podemos concluir que pese a las obligaciones establecidas en la ley 11/2018, las empresas del IBEX 35 reproducen la heterogeneidad de fórmulas que tradicionalmente han arrastrado las memorias de RSC cuando eran reportes voluntarios, sin suponer un gran avance en términos de exhaustividad y comparabilidad de la información no financiera ofrecida por los sujetos obligados. Lo anterior implica que la información no es homogénea entre empresas, por variar mucho el grado de detalle y por la utilización de indicadores dispares, lo que impide la comparabilidad con relación a la gestión de impactos sociales y medioambientales que están realizando estas empresas. Pese a las carencias detectadas en los Estados de Información no Financieros, no se ha encontrado ninguna salvedad en los informes de verificación que realizan entidades externas (principalmente las Big Four). Lo anterior evidencia la divergencia de criterios seguidos por los verificadores externos con relación a la información y a las conclusiones del estudio del Observatorio de RSC.
Regulación precisa
La Comisión Europea (2021) considera la información no financiera como bien público y señala las limitaciones de un mercado no regulado. Sin embargo, la experiencia nos lleva a concluir que si la regulación no es suficientemente precisa y está acompañada de sistemas de supervisión que garanticen su cumplimiento y desincentive el uso de greenwashing por parte de las empresas, no contribuirá a una mayor transparencia y calidad de la información social y medioambiental
