Una verdad incómoda

La máxima en boga entre los gobernantes de nuestro tiempo es que la verdad en política es lo que funciona. Esa sentencia falla cuando se aplica a la dinámica migratoria. La política de inmigración no es realista ni nuclearmente legítima. Declaro escribir con parcialidad (pienso desde la Unión Europea y en los inmigrantes extracomunitarios). Sé que los socios del Club Europeo son diversos en lo que respecta a sus experiencias migratorias y legislativas. Me arriesgo al generalizar

Los humanos somos animales de prioridades y de cercanías. Las primeras apuntan al tiempo, y las segundas, al espacio. En lo que concierne a los inmigrantes observamos si llegan en un buen (o mal) momento y si el color de su piel los acerca (o aleja) del ciudadano medio. Pero, aunque la “verdad” en materia migratoria sea temporal, no se reduce a lo más visible. De ahí que la política de inmigración haya de ser una ética fundada en el conocimiento. 

En las políticas que despliegan los países de la UE se dan cita las urgencias, los intereses, las pasiones y las evidencias. Veamos una a una. Lo inmediato es el control de los flujos inesperados y el aprovisionamiento de mano de obra. Lo que conviene es su perfil laboral (más o menos cualificado) y que su estancia sea temporal. Lo que se prefiere es que sean lo más próximos en idioma, valores y costumbres; es decir, culturalmente occidentales. Finalmente, los que llegan y se quedan no se adecúan, del todo, a esos requisitos. 

Primero, porque flujos y stock son realidades indisociables. Los flujos hacen el censo. Y segundo, porque la versatilidad migratoria abre en canal las categorías de entrada. Rompe en pedazos los conceptos de trabajador, refugiado, estudiante, familiar o menor solitario. Son todos inmigrantes y las políticas dirigidas a reconocer y valorar su contribución a la sociedad han de regirse por la igualdad en la ciudadanía. Una vez establecida la ética, vayamos a los conocimientos.

En la composición anual de los flujos permanentes (3 millones legales y 330.000 entradas irregulares), la categoría familiar (35-42%) duplica a la laboral (18%), y es cuatro veces mayor que la humanitaria (9%). Los ciudadanos móviles (europeos con permiso de libre circulación) suponen el 24%. Hay pequeñas diferencias respecto de la corriente hacia España: 35% familiares; 10% trabajadores; 15% protección humanitaria y 33% europeos en movimiento. En resumen, dominan los flujos de instalación protegidos por derechos no discrecionales.

Principio de inclusión

Aún más relevante es el depósito. De los 36 millones de extranjeros residentes, 23 son extracomunitarios, y la mitad de ellos viven en la UE desde hace más de 10 años. A continuación, tres rúbricas para mi argumento. La económica (el 25% son empresarios con empleados a su cargo; el 37% son propietarios de la vivienda; y el 49% de las mujeres tiene empleo). La sociodemográfica (el 23% es titulado universitario; el 51% son mujeres con 2,02 hijos; ajustando por edad el 60% declara tener buena salud y menos sobrepeso). Por fin, la política (57% se ha naturalizado; el 61 confía en la policía, el 45% en la justicia y el 71% vota).

Mayor confianza en las instituciones, más estudios en las cohortes llegadas desde 2011, propiedad de la vivienda, feminización, familiarización y naturalización. Indicadores de asentamiento y voluntad de pertenencia. He aquí la verdad incómoda. Las políticas de regulación de flujos y de integración no son separables y el principio de inclusión ha de prevalecer. Además, la integración plena se desplaza de lo social a lo cultural. Se valora menos el empleo que el dominio del idioma o la aceptación de normas y valores. El stock crece y se mundializa.