Una idea que se va abriendo camino

El pasado 28 de febrero, durante una reunión de ministros de Finanzas del G20 celebrada en São Paulo (Brasil), el ministro francés de Finanzas, Bruno Le Maire, se mostró claramente a favor del establecimiento de un impuesto mínimo mundial a los más ricos. “Hoy tenemos la posibilidad de evitar que las personas más ricas paguen los mismos impuestos sobre la renta que las que son menos ricas. Queremos evitar esa optimización fiscal”, declaró antes de precisar: “Queremos que Europa ponga en marcha lo más rápidamente posible esta idea de un impuesto mínimo y Francia estará a la cabeza”.

Es una buena noticia para los partidarios de que una minoría de europeos, los más ricos, tribute mejor. Aunque, viniendo de un ministro que, tras haber suprimido el impuesto sobre la fortuna, repite continuamente su negativa a aumentar los impuestos, ese compromiso parece más bien el mejor modo de retrasar esa tributación varios años, hasta que los países del G20 se pongan de acuerdo.

Si Le Maire se ha visto obligado a pronunciarse sobre esta cuestión es porque constituye un tema de debate permanente en Francia. Desde los economistas a los sindicatos, pasando por algunas fuerzas políticas y las ONG, la necesidad de establecer un impuesto para los más ricos está asentada en el debate democrático francés, y la apoyó, a comienzos del pasado mes de marzo, Olivier Blanchard, ex economista jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI). Es un asunto que apasiona en Francia.

División en Alemania

Lo mismo pasa en Alemania, donde la idea de un gravamen para los más ricos está presente en el debate desde hace varios años. El SPD, el partido socialdemócrata del que procede el canciller Olaf Scholz, apoya esta medida desde hace mucho tiempo, y un sondeo realizado hace ya algunos años indicaba que el 72% de los alemanes estaban a favor de implantarlo. Reiner Hoffmann, el poderoso dirigente del sindicato DGB, también se ha pronunciado sobre el tema y ha afirmado: “La reintroducción de un impuesto sobre la fortuna es más urgente que nunca”. Economistas con influencia en el debate público como Marcel Fratzscher, presidente del DIW, un instituto de investigación económica, también han tomado posición en este sentido.

Sin embargo, todo intento de establecerlo por parte del Gobierno de coalición se ve bloqueada por la presencia del FDP, el partido liberal, una de cuyas razones de existir es la de ser el representante de los ricos alemanes. Christian Lindner, el ministro de Finanzas, procede de él y desempeña un papel clave tanto dentro del Parlamento como del Gabinete, pues tiene el poder de imponer el veto a cualquier decisión que tenga implicaciones presupuestarias. Y su posición pública sobre el tema es muy clara: “Alemania no puede permitirse establecer un impuesto sobre la fortuna”.  No hay más que discutir. Pero nadie duda de que, con la acentuación del debate en toda Europa, este tema se abordará en la campaña electoral de las elecciones legislativas del próximo año.

En Italia, es el Gobierno en su conjunto el que no es partidario de la idea. El viceministro de Economía, Maurizio Leo, incluso ha dicho claramente que, tras las primeras bajadas de impuestos para las personas que tienen renta baja, quiere seguir por ese camino para “reconfirmar la reducción de los tipos” impositivos, especialmente para el tramo más alto (al 43%).

Mientras tanto, un estudio de Oxfam Italia ha mostrado que el total de la riqueza en manos de los tres multimillonarios más ricos del país es superior a la que está en manos de los seis millones de italianos más pobres. Es decir, ¡tres personas tienen más patrimonio que todo un 10% de la población! Así, cuando se le pregunta a Emmanuele Felice, economista e historiador, profesor de la Libera Università di Lingue e Comunicazione (IULM) y cercano al Partido Demócrata, si apoya la propuesta europea de un impuesto a los más ricos, la respuesta es inmediata: “¡Claro que la apoyo! Nos enfrentamos a grandes desafíos, en primer lugar, a la transición ecológica, que debe de ser socialmente justa, y para ello necesitamos un dinero que debe de proceder de los más ricos”.

Francesco Saraceno, economista del Observatorio Francés de Coyunturas Económicas (OFCE) y profesor en la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (LUISS), precisa: “No es un tema sobre el que se discuta en este momento”. Sin embargo, diversos sondeos realizados los últimos años indican que dos tercios de los italianos están a favor de una mayor tributación de los más ricos.

Por el contrario, en Bélgica, el debate sobre el gravamen a los más ricos se ha ido imponiendo los últimos años. En 2023, un sondeo llevado a cabo por la ONG Centre National de Coopération  au Développement (CNCD) en colaboración con el semanario Le Vif, revelaba que el 80% de los encuestados estaba a favor de un impuesto específico sobre los patrimonios superiores a un millón de euros. Y hace ya muchos años que los dos principales sindicatos, la Conféderation des Syndicats Chrétiens (CSC) y la Fédération Générale du Travail de Belgique (FGTB), están también a favor.

El tema ha sido tratado ampliamente en el ámbito político. El Partido Socialista de Paul Magnette, uno de los impulsores de la Iniciativa Ciudadana Europea a favor del impuesto a los más ricos, está en primera línea, lo mismo que el Partido de los Trabajadores de Bélgica. Uno de sus miembros, el eurodiputado Marc Botenga, precisa: “Preferimos hablar de un impuesto sobre la fortuna que sobre el patrimonio. Queremos que afecte a las grandes fortunas, no a los patrimonios pequeños o a las rentas”. En el seno de la amplia coalición en el poder, es un tema que se debate en los diferentes partidos. Razón por la cual, “defendemos la medida a nivel europeo”, indica Marc Botenga.

La excepción española

En este panorama, España es una excepción porque el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó a finales de 2022 un impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas. Se supone que la medida se aplicaría solo en 2022 y 2023 a los patrimonios superiores a tres millones de euros —con subidas de hasta el 3,5% para los que superen los 10 millones —, pero el Gobierno lo ha prorrogado indefinidamente. España formaba parte de los últimos países (junto con Noruega y Suiza) que tenían un impuesto sobre la fortuna transferido a las autonomías y regiones. Ahora se ha completado con un impuesto nacional.

Las situaciones británica e irlandesa confirman que, más allá de la diversidad de países, los gobiernos están poco inclinados a establecer un impuesto para los ultrarricos a nivel nacional, mientras que las sociedades, los sindicatos y no pocos economistas están a favor.

Una movilización ciudadana europea parece, pues, ser muy importante porque estimularía a la Comisión a avanzar unas propuestas, sobre todo teniendo en cuenta que el presidente de EE UU, Joe Biden, se declaró a comienzos de marzo favorable a un aumento de los impuestos a los muy ricos.

Esta sería una etapa necesaria para llegar a una acción mundial llevada a cabo por el G20, que ha hecho suyo el tema. ¡Una buena noticia!.