La mejor alumna de la UE revisa su política climática
En el país de la tasa del carbono, la coalición de derechas en el poder desde 2022 hace recular la política climática sobre el trasfondo de la crisis energética
El pasado 17 de enero, Romina Pourmokhtari, ministra de Medio Ambiente de Suecia, del partido Liberales, se libró de una moción de censura en el Parlamento. La habían presentado los Verdes y los centristas, y el texto criticaba la política climática llevada a cabo en los últimos dos años en el reino escandinavo. Tras beneficiarse sobre todo de la abstención de los diputados socialdemócratas, la ministra más joven en la historia de Suecia dijo sentirse “reforzada” en su misión.
Sin embargo, hay señales de alerta. Las emisiones de CO2 por habitante aumentaron tanto en 2022 como en 2023, un hecho que no se había producido en el país desde hacía dos décadas, salvo durante el paréntesis de la pandemia. Según el último informe anual del Consejo Sueco de Política Climática, el país no parece ya “capaz de cumplir con sus objetivos climáticos” de cara a 2030, que son mejores que los de la UE. Dichos objetivos, que se fijaron en el año 2017, persiguen reducir las emisiones de gases de efecto invernadero el 63% en relación con los niveles de 1990. La ambición “cero carbono en 2045” ha quedado igualmente comprometida si el Gobierno del conservador Ulf Kristersson persiste en este “camino innecesariamente arriesgado”, alerta el informe citado.
El Gobierno sueco es fruto de la coalición de tres partidos de derecha (conservadores, cristianodemócratas y liberales) formada en octubre de 2022. La sostiene la extrema derecha —el Partido de los Demócratas de Suecia—, que hace sentir su peso en las decisiones.
El Ejecutivo, que ha sucedido a los socialdemócratas, no esconde su voluntad de revisar de raíz la política climática. Desde su llegada al poder, ha situado el Ministerio de Clima y Medio Ambiente bajo la tutela del Ministerio de Energía y de Industria. Ha anunciado, además, medidas como la reducción, en 2024, de los impuestos sobre los carburantes y la reducción al mínimo exigido por la UE de la proporción de biocarburantes en el gasóleo y la gasolina (el 6,5%).
Renacimiento nuclear
El Ejecutivo justifica estas medidas porque da prioridad a la lucha contra el alza de precios de la energía que ha seguido a la guerra en Ucrania. En su proyecto de Presupuesto de 2024, anuncia que, en consecuencia, “las emisiones aumentarán de 5,9 a 9,8 millones de toneladas equivalentes de CO2 de ahora a 2030”. Solo a partir de entonces disminuirán. Esto es gracias, sobre todo, al renacimiento de la energía nuclear: el Gobierno quiere construir 10 nuevos reactores de ahora a 2045, que se suman a los seis ya en funcionamiento. Esta ruptura con la política nuclear seguida hasta ahora requirió suprimir, en noviembre pasado, una disposición del código ecológico que limitaba a 10 el número de reactores en el país.
El golpe asestado a la transición ecológica se hace aún más duro si se tiene en cuenta que Suecia ha sido durante mucho tiempo un modelo, especialmente debido a su impuesto sobre el carbono, el más elevado del mundo, y que se introdujo ya en 1991. En tres décadas, las emisiones de CO2 del país cayeron el 30%, paralelamente al desarrollo de las energías renovables, empezando por un importante recurso forestal para cubrir las necesidades de calefacción.
La dirección ambientalista del país, histórica, va a la deriva. Las críticas se extienden incluso a la industria: en 2022, pesos pesados como Volvo y Scania recordaban en una tribuna “los beneficios asombrosos que supone la transición verde”, tanto en términos de creación de empleo como de reparación de ecosistemas.
