El Pacto Verde Europeo, en peligro

La recta final de la legislatura del Parlamento Europeo ha estado marcada por los ataques cada vez más duros contra el Pacto Verde, alimentados por una derecha cuyo poder crece en los países de la Unión. Las movilizaciones del sector agrícola se convirtieron en una denuncia de unas normas que, asegura el campo, sacrifican sus beneficios en aras del medio ambiente.

El Pacto Verde, anunciado a finales de 2019 por una Ursula von der Leyen recién llegada a la presidencia de la Comisión Europea, es la hoja de ruta de los Veintisiete para poner en práctica el Acuerdo de París sobre el clima, firmado en 2015. Su objetivo es tan acorde con este texto internacional como ambicioso: alcanzar la neutralidad climática en 2050.

La Unión Europea decidió, por primera vez, que ese compromiso climático iba a ser el objetivo que estructuraría todas sus políticas sectoriales. El contexto era entonces favorable. En 2019, las marchas por el clima, los informes del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y el avance verde en las últimas elecciones europeas habían permitido construir “un vasto apoyo al Pacto Verde de los grupos políticos, incluido el Partido Popular Europeo  (PPE), del que forma parte la presidenta de la Comisión”, explica Faustine Bas-Defossez, miembro de la Oficina Europea del Medio Ambiente (EEB, por sus siglas en inglés), una organización de la sociedad civil.

Sin embargo, ese cuasiconsenso parece hoy muy lejano, como demuestra la muy escasa presencia de la ecología en la Agenda Estratégica 2024-2029 del Consejo Europeo, revelada por la ONG We Don’t Have Time (No tenemos tiempo). Ello no impide que, en los cinco últimos años, las legislaciones con el sello verde se hayan ido acumulando a un ritmo sostenido, a pesar de unas resistencias que no han cesado de aumentar a lo largo de la legislatura.

El acta fundadora del Pacto Verde es la Ley Europea del Clima, de junio de 2021. Este texto fija el horizonte de la neutralidad climática en 2050 y, con ese fin, aumenta enormemente el objetivo climático de la Unión para 2030: las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) deberán reducirse al menos el 55% respecto a 1990. Hasta entonces el objetivo era del 40%.

Para lograr este nuevo objetivo, la Comisión presentó un amplio programa, denominado Fit for 55, que reforzaba y completaba la legislación existente. El Ejecutivo presentó en junio y en diciembre de 2021 dos paquetes legislativos compuestos por más de una veintena de estrategias, propuestas de directivas y reglamentos. Tres años después, todos esos textos han sido aprobados tras una serie de negociaciones, en ocasiones turbulentas, entre el Parlamento y los Estados miembros.

Menos cuotas, y no gratis

Se ha reforzado enormemente el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE), piedra angular de la arquitectura europea para la reducción de las emisiones de dióxido de carbono (CO₂). La Unión preveía antes una disminución del 43% de las emisiones en 2030 respecto a 2005 en los sectores que cubre este régimen, que incluyen la energía y la aviación en el seno de la Unión, industrias de gran intensidad energética. Ahora, el objetivo es del 62%.

Para lograrlo, el techo de emisiones impuesto al conjunto de empresas sujetas a este sistema va a disminuir a un ritmo anual más sostenido. En consecuencia, se asignarán menos cuotas, lo que aumentará el precio del carbono emitido.

Además, se ha acabado con las asignaciones gratuitas de cuotas, a pesar de las fuertes presiones de los sectores que se beneficiaban de ellas (aviación, industria manufacturera, química, cristal, cemento, etc.). Se les había otorgado esta ventaja para evitar las deslocalizaciones, pero, ampliadas de hecho a la práctica totalidad de los sectores industriales, incluidos los que estaban poco expuestos a la competencia internacional, constituía un freno para la transición ecológica.

Sin embargo, la supresión de las cuotas gratuitas no será efectiva hasta 2034 y se hará a medida de que el llamado Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (MAFC), un dispositivo concebido para igualar las condiciones de la competencia internacional, se vaya intensificando a partir de 2026.

Impuesto al carbono

El otro gran cambio es la ampliación del régimen de comercio de derechos de emisión a los sectores de la vivienda y los transportes, es decir, una especie de impuesto sobre el carbono para los carburantes fósiles que empleamos para calentarnos y desplazarnos. Es un tema explosivo, a pesar de la creación de un Fondo de Transición Justa, que las organizaciones de la sociedad civil consideran muy insuficiente para compensar el efecto de la medida sobre las poblaciones de renta baja. Se trata de una de las debilidades del Pacto Verde.

Los textos del Fit for 55 se aprobaron tras una serie de compromisos, obligatoriamente imperfectos, pero que van en el sentido de los propósitos climáticos globales. La directiva relativa a la eficacia energética es un ejemplo notable. Mientras que el antiguo texto tenía como objetivo una disminución del consumo final de energía en 2030 del 32,5% respecto a 2007, el objetivo es hoy del 38%.

Lo mismo pasa en el caso del fin de los vehículos térmicos en 2035 o del texto sobre la eficiencia energética de los edificios. También se puede citar, en otros sectores, un reglamento sobre el ecodiseño, la ambición contaminación cero o la plantación de 3.000 millones de árboles de aquí a 2030.

Plan de recuperación

“A pesar de las sucesivas crisis de la covid, de la guerra en Ucrania y del precio de la energía, la Unión Europea ha sabido mantener el rumbo”, comenta Camille Defard, jefa del Centro de Energía del Instituto Jacques Delors. “Incluso podríamos decir que el Green Deal ha servido de brújula”, añade. Así, los jefes de Estado y de Gobierno decidieron dedicar a medidas ecológicas el 37% de los 723.000 millones de euros del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia, el instrumento del plan de relanzamiento europeo tras la crisis sanitaria.

Igualmente, cuando la agresión a Ucrania ponía en evidencia la vulnerabilidad energética de la UE, la Comisión presentó en mayo de 2022 su plan REPowerEU para dejar de depender lo más rápidamente posible del gas ruso. La Unión ha elevado el objetivo de su directiva sobre las energías renovables al 42,5% del consumo energético en 2030, en lugar del 40% inicialmente propuesto por el Fit for 55.

Por el contrario, la política industrial del Green Deal avanza a pasos contados y muestra los límites del ejercicio verde europeo. En EE UU, la Ley de Reducción de la Inflación propuesta por la Administración de Biden, aprobada en el Congreso en 2020 , incentiva la industria verde con un apoyo de 360.000 millones de dólares. Y en China no paran de afluir las subvenciones públicas a la industria de las tecnologías limpias.

En 2023, desorientada frente a lo que considera distorsiones de la competencia, la UE lanzó también su Plan Industrial del Pacto Verde, compuesto por un reglamento para una industria con cero emisiones netas y otro sobre las materias primas críticas. Por primera vez, la Unión se ha metido en política industrial. Se apoyará una serie de tecnologías “estratégicas” mediante la concesión acelerada de permisos para construir a la solar, a la eólica, a las bombas de calor, pero también a la nuclear y a la de la captura de carbono lo que crispa a los ecologistas.

El dinero, talón de Aquiles

¿Pero qué hay de la financiación? Poca, a diferencia de China y EE UU. Aunque la Comisión defendía la creación de un fondo de soberanía que apoyara sobre todo la industria de las tecnologías verdes, las divisiones entre los Estados miembros acabaron con esa idea. En su lugar: la propuesta de una plataforma de tecnologías estratégicas, sin ambición, que consiste en una mezcolanza de fondos ya existentes.

A grandes rasgos, el punto débil del Pacto Verde es la falta de financiación. El dinero del plan de relanzamiento se agotará en 2026 y numerosas voces se alzan ya pidiendo que la transición ecológica cuente con medios financieros a la altura de su reto. Según una estimación del Instituto para la Economía del Clima,  para alcanzar los objetivos de 2030, sería necesario que la Unión duplicara su inversión en clima, es decir de 400.000 a 800.000 millones de euros anuales. Pero no están los tiempos para emitir una nueva deuda común, sino más bien para ahorrar. La financiación del Pacto se hará sobre todo a nivel nacional. Los gobiernos que pueden permitírselo otorgan ayudas estatales, cuyo régimen se ha suavizado, fragmentando así un poco más el mercado interior.

Y lo que es más grave: a lo largo de la legislatura, se ha venido abajo el apoyo político al Pacto. Con el coronavirus, los industriales, sobre todo los del sector del plástico, de la química y del automóvil han intentado un primer contraataque y han buscado el apoyo de los cargos electos, sobre todo del PPE. La cantinela de que el Green Deal va demasiado deprisa y lejos es cada vez más amplia.

Han sido, sobre todo, las medidas que afectan a la agricultura las que han hecho estallar el apoyo al Pacto Verde. Manfred Weber, presidente del PPE, seguido por la mayor parte de su grupo, ha manifestado con creciente claridad sus reticencias con respecto a todos los textos que afectan al campo, uno de sus objetivos electorales.

A medida que se acercaban las elecciones  europeas de 2024, con el telón de fondo del aumento de la extrema derecha, el PPE ha querido marcar su diferencia y tomar distancias frente a una legislatura juzgada ahora demasiado verde. La presidenta, Ursula von der Leyen, incluso ha llegado a alinearse con determinadas posturas anti-Green Deal del PPE con el fin de lograr que su grupo la apoye para volver a ser presidenta del Ejecutivo europeo. Las dudas también han entrado en una parte del grupo centrista Renew. Sus dirigentes han empezado a pisar el freno como atestiguan los llamamientos a las “pausas” reglamentarias lanzados por Emmanuel Macron y por Alexander De Croo, primer ministro belga.

Primeras renuncias

El primer texto caído en el campo de batalla del Green Deal es la revisión del reglamento REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias y mezclas químicas). El lobby de la industria química se ha hecho oír y Thierry Breton, comisario del Mercado Interior, ha contribuido a los numerosos aplazamientos del texto, hoy guardado en un cajón.

Si el que se haya escamoteado la reforma del REACH no ha perturbado mucho, más allá de los círculos de iniciados, los debates sobre la biodiversidad han sido más mediáticos. Los lobbies de la agricultura intensiva, fortalecidos por las manifestaciones campesinas, han logrado, con ayuda del PPE, dar marcha atrás a dos proyectos: la ley de restauración de la naturaleza [ya aprobada in extremis por el Parlamento Europeo , pero bloqueada en el último momento por países como Hungría, al menos hasta después de la elecciones de este junio] y la directiva sobre el uso sostenible de los pesticidas, cuyo objetivo era disminuirlo en un 50% para 2030, y que fue enterrada por la Comisión en febrero. En marzo, Bruselas presentó algunas medidas para aligerar los ya modestos condicionamientos medioambientales de la nueva Política Agraria Común (PAC), aprobada a finales de 2021 para hacerla más coherente con el Pacto Verde.

El avance de la derecha dura compromete la puesta en marcha del Pacto Verde.