Profesorado precario y ley de universidades

La creación de un Ministerio de Universidades, a raíz del acuerdo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos en 2018, supuso una gran oportunidad para abordar los grandes retos pendientes de las universidades, que, en buena medida, tratan de afrontarse en la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo de 2023, del Sistema Universitario. Uno de ellos es la precariedad laboral, una realidad en muchas ocasiones negada y que tiene graves consecuencias. 

Desde hace décadas, muchas universidades, con la responsabilidad compartida con las personas responsables de la política universitaria, no han contratado de acuerdo con las figuras laborales existentes. Se han buscado formas más económicas a expensas de las consecuencias diversas que esto suponía. Así se explica el gran número de personas contratadas como profesorado asociado. Esta figura se pensó para incorporar perfiles de personas reconocidas en el ámbito laboral para que pudieran impartir docencia sobre aquello en lo que trabajan y eran reconocidas en su sector: personas sin dedicación a la investigación, sin voluntad de hacer carrera académica y con un gran conocimiento de un determinado ámbito. 

Hipocresía

La figura contractual del profesorado asociado resultaba interesante para captar este talento ajeno a la universidad, pero también por otro motivo: tiene un coste inferior a la contratación de una persona en plantilla. El profesorado asociado debe tener otro trabajo o ser autónomo. Hay personas en nuestras universidades que pueden llevar 20 años o más como profesorado asociado. Hoy se sigue utilizando esta figura de manera irregular cuando se emplea para contratar a personas que hacen docencia de aquello en lo que no trabajan fuera de la universidad o cuando su trabajo es académico.

La perversión de esta figura es un problema para las personas que merecerían un contrato de profesorado asociado y para las que no. Y se agrava a partir del crecimiento del uso de esta figura con las políticas de austeridad y de recortes. 

La nueva ley ha tenido como objetivo poner fin a esta realidad, y conviene reconocerlo y alabarlo. Durante todos estos años ha sido una hipocresía contratar de forma irregular a un personal sabiendo que debía tener otro contrato y otras condiciones laborales. La infrafinanciación de las universidades ayuda a explicarlo, pero también el clasismo y la aceptación de la precariedad para la gente de abajo. La precariedad se ceba en quien no es estable. Y no lo es simplemente porque llegó más tarde, cuando ya no había tantos recursos y no había trabajado para alguien con suficiente poder para conseguir una de las muy pocas plazas estables que hayan podido surgir. 

La nueva LOSU es una clara declaración de intenciones contra la precariedad, pero volvemos a depender de la financiación, de los poderes dentro de la universidad, de la determinación para utilizar las herramientas de las que se pueda disponer… Durante los muchos años de congelación no se convocaban plazas. Cuando se empezaron a crear, las primeras fueron las del profesorado catedrático. La prioridad suele apuntar siempre hacia arriba. Mientras tanto, la precariedad se perpetúa y agudiza. 
Algunas universidades han reaccionado rápidamente a la nueva ley para sacar los concursos del llamado profesorado asociado estable. Se cambia el contrato de temporal (trimestral, cuatrimestral o anual) a indefinido. Pero no se modifica la condición de asociado irregular para quienes no lo son ni cambia la remuneración. Continúan con una figura que no les corresponde.

La solución podría llegar con nuevas plazas en las que se valoren los años contratados como asociados. Pero el escenario es de gran dificultad, puesto que se van a presentar las personas a las que ahora les corresponde iniciar su carrera y también muchas que no lo han podido hacer en 20 años. Además, las personas que han estado trabajando en la precariedad no han podido desarrollar una investigación como las que han dispuesto de becas exclusivas de investigación. 

El objetivo de la ley de acabar con la precariedad debe ir acompañado de la obligación respecto a las personas precarizadas durante tantos años. De no ser así estaremos ante un nuevo washing, un lavado en el que todo cambia para que nada acabe de cambiar. Tenemos el greenwashing, el pinkwashing, y ahora un antiprecariedadwashing… El Gobierno, las comunidades autónomas, los sindicatos y las asociaciones y asambleas del profesorado asociado deberían acordar cómo serán las políticas a implementar para acabar con la precariedad y no con las personas precarias.  

Ya tenemos demasiadas malas prácticas que apuntan más a lo segundo que a lo primero. Un ejemplo lo hemos  vivido al inicio de este curso en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), que ha querido aplicar de forma drástica la LOSU. El resultado ha sido la expulsión de profesorado asociado, el cambio unilateral de condiciones laborales y un inicio de clases sin contratos firmados.   

Nueva ley, viejas prácticas

En algunos casos hemos asistido a una perversión de una figura de la nueva ley, el profesorado sustituto, creado con la voluntad de facilitar la suplencia de bajas imprevistas. Hay un cierto consenso en la utilidad de esta opción, con figuras temporales que no pueden superar el 8% de la contratación. No obstante, esta figura ha empezado sirviendo en algunos casos para que profesorado asociado pase a ser sustituto. Es un profesorado que no sustituye a nadie, que asume docencia sin profesorado estable asignado y que puede estar incluso peor retribuido que el asociado. Nada cambiará de manera efectiva si no hay una voluntad decidida con conciencia de las obligaciones de la Administración. Nadie puede precarizar las vidas. 

El colectivo de profesorado asociado es diverso y existen otras figuras que merecen mejores condiciones laborales. Debido a esta fragmentación es difícil organizar reivindicaciones colectivas, otra de las consecuencias de la precariedad. Pese a ello, se han organizado acciones y huelgas y diversos colectivos han intentado presionar por la mejora de los derechos laborales. Una alianza con el movimiento estudiantil, con la participación activa de sindicatos, es fundamental. Además de exigir más financiación, los gobiernos responsables deberían hacer un seguimiento de la aplicación de la LOSU para que no se pervierta su voluntad desprecarizadora y podamos conseguir la universidad a la que aspira, “fuente de conocimiento, de bienestar material, de justicia social, de inclusión, de oportunidades y de libertad cultural para todas las edades". 

La LOSU debería ser una oportunidad para democratizar la universidad al reducir la precariedad y permitir que se busquen soluciones de manera colectiva. Francisco Fernández Buey (1943-2012), integrante del movimiento estudiantil que hizo posible que el franquismo perdiera la universidad a partir de 1966 y del profesorado precarizado (no numerario) a mediados de los setenta que logró revertir esa situación, a lo largo de su vida no dejó de pensar en la necesidad de una universidad democrática. Y aquí continuamos, pensando con él la democracia en construcción en la que vivimos.