La política asesina de los naufragios

Se calcula en un centenar el número de ahogados y desaparecidos de entre los cerca de 200 boat people cuya embarcación se estrelló el pasado 26 de febrero, por culpa del mal tiempo, contra unas rocas no lejos de Crotona, en el sur de Italia. Aunque habían sido avistados a distancia desde hacía varias horas, la policía marítima no les había prestado socorro: vigilar no es salvar.

A pesar de las lágrimas de cocodrilo de Giorgia Meloni, jefa del Gobierno italiano, quien expresó su “profundo dolor”, y de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, quien “deploró” esa tragedia, ese naufragio, enésimo episodio de una larga serie de dramas parecidos, tiene, en realidad, muy poco que ver con las malas condiciones meteorológicas o con la imprudencia de unos migrantes que habrían confiado su suerte a unos traficantes criminales. 

Excusa perfecta

Los traficantes y las condiciones meteorológicas son, desde hace tiempo, una excusa perfecta. Como los anteriores, este naufragio es, por el contrario, consecuencia directa de una política deliberada que, en nombre de la vigilancia de las fronteras, ha transformado el Mediterráneo en una “fosa común”, como dice el presidente de la ONG SOS Mediterranée.

Las iniciativas que siguieron a la denominada crisis migratoria de 2015, cuando centenares de miles de personas, la mayoría de ellas huyendo de la guerra civil siria, acudieron a Europa, ilustran esa política. De reuniones de crisis a cumbres excepcionales, de “planes de acción” al Pacto sobre Migración y Asilo, las instancias europeas no han cesado desde entonces de acumular las piedras de la fortaleza que quieren levantar contra unos exiliados considerados invasores. 

Acuerdos dudosos con países vecinos, como Libia y Turquía, para subcontratarles la gestión de los candidatos a la migración hacia Europa, instalación de puntos calientes para encerrar a los migrantes que desembarcan en las islas griegas, despliegue de una serie de sofisticados instrumentos de vigilancia a distancia para avistar e interceptar las embarcaciones... cualquier medio es bueno para impedir esas travesías del Mediterráneo.

Por no hablar del acoso y criminalización de las ONG que fletan barcos de salvamento, acusadas de favorecer el efecto llamada por acudir en ayuda de los boat people. Para poner trabas a su actividad, secuestran sus barcos, llevan ante la justicia a sus responsables y, como en el reciente caso del Ocean Viking, les prohíben el atraque y les obligan, así, a errar por el mar durante varios días antes de poder desembarcar a las personas que han recogido.

Burla al derecho

Generalmente, esta estrategia de disuasión se ejerce haciendo caso omiso del derecho, el derecho de asilo al que, sin embargo, pueden optar gran número de exiliados y que todos los Estados miembros de la Unión Europea (UE) se supone que respetan. Es el derecho a no ser sometido a un trato inhumano.
Y el derecho a la vida, pues las prácticas documentadas de rechazos violentos llevados a cabo, con el aval tácito de los gobiernos europeos, por los guardacostas entre Grecia y Turquía y entre Italia y Libia, así como la falta de respuesta a los desesperados llamamientos lanzados por los boat people en peligro, constituyen una violación crónica de los principios a los que se han adherido los países de la UE. 

El cinismo de los dirigentes europeos, cuyas decisiones políticas de las recientes semanas llevaron al drama de Crotona, salta a los ojos. Basta con dar marcha atrás a la moviola. 

A comienzos de enero, el Gobierno italiano aprobó una ley destinada a poner trabas a las operaciones de búsqueda y salvamento llevadas a cabo por los barcos humanitarios. Dicha ley les obliga a acudir “inmediatamente” a un puerto tras una operación de socorro en el mar y les prohíbe permanecer en la zona para prestar ayuda a otras embarcaciones en peligro. Desde entonces, las autoridades italianas asignan a las ONG unos puertos de desembarco cada vez más alejados de las zonas de salvamento con el fin de limitar la capacidad de llevar a cabo su misión de socorro. 

A finales de enero, Giorgia Meloni fue a Libia para reforzar la cooperación con los guardacostas libios. Esta alianza ha sido condenada por la comisaria de derechos humanos del Consejo de Europa, que la acusa de desempeñar “un papel fundamental en la facilitación de intercepción de refugiados, de demandantes de asilo y de migrantes en el mar, y su ulterior retorno a Libia”, país en el que existen “numerosas pruebas que documentan las graves violaciones de los derechos humanos a las que se enfrentan los refugiados, los demandantes de asilo y los migrantes”.

El 10 de febrero, las conclusiones de una “reunión extraordinaria” del Consejo Europeo sobre la situación migratoria hacían un llamamiento a “movilizar inmediatamente fondos y medios sustanciales de la UE” para ayudar a los países a reforzar su “capacidad e infraestructuras de protección de las fronteras, sus medios de vigilancia, incluida la vigilancia aérea, y sus equipamientos”. 

Devoluciones en caliente

Si el Consejo se declara “consciente de las particularidades de las fronteras marítimas” y subraya “la necesidad de una cooperación reforzada de las actividades de búsqueda y salvamento”, también “afirma su pleno apoyo” a la agencia europea Frontex. Dicha agencia, encargada de la vigilancia de las fronteras exteriores de la UE es, desde hace años, objeto de reiteradas críticas por su pasividad, por no decir, complicidad, cuando tienen lugar devoluciones en caliente ilegales (pushbacks) de migrantes perpetradas por los guardacostas griegos.

Coincidencia inquietante: Frontex fue cuestionada tras el naufragio del 26 de febrero porque, la víspera, uno de sus aviones de patrulla marítima había avistado el barco a 40 millas de las costas de Crotona. Pero, a pesar de que navegaba con mar gruesa y que estaba sobrecargado de pasajeros, la agencia se limitó a señalar su presencia a las autoridades italianas sin poner en marcha el procedimiento de alerta que, en derecho marítimo, avisa a todos los barcos que se hallen en proximidad del barco en peligro. El hecho de que simplemente señalara la presencia desencadenó una operación de interceptación (no de salvamento) a la que la policía italiana renunció por las malas condiciones meteorológicas. Lo que siguió es bien sabido. 

Los medios puestos en marcha por la UE para alejar a los indeseables exiliados han hecho que haya menos casos de cruce irregular de las fronteras europeas, pero al precio de una hecatombe: según las Organización Internacional para las Migraciones (OIM), más de 26.000 migrantes habrían desaparecido en el Mediterráneo desde 2014. 

¿Quiénes serán los próximos?