Inversiones imprescindibles en el nuevo marco fiscal

Estaríamos todos fácilmente de acuerdo en que resulta crucial preparar a conciencia los planes fiscales estructurales que, una vez pactados con la Unión Europea, se aplicarán de forma obligatoria durante los siguientes cuatro años para reorientar la economía española de cara al decenio que viene. La cuestión es a qué prioridades deben destinarse los recursos disponibles. 

En este artículo quisiera compartir las actuaciones de inversión que considero más importantes y que no están siendo atendidas adecuadamente. 

Pero, de entrada, un poco de contexto.

En 2020, la deuda pública en España representaba el 120,4% del producto interior bruto (PIB), y el déficit fiscal, el 10,1%. Sin embargo, según las previsiones de la Comisión Europea, en 2024 la deuda habrá bajado hasta suponer el 112,1% y el déficit hará lo propio hasta descender al 3,6%. 

El año pasado, la deuda se quedó en el 113,1% y el déficit en el 4,8%. Pero en 2024 ya no funcionará la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y los presupuestos de los Estados miembros se ajustarán a sus planes plurianuales fiscales-estructurales, orientados por la senda de la austeridad: una deuda equivalente al 60% del PIB y un déficit fiscal menor del 3%. Todo quedará fijado en el denominado Semestre Europeo español, que cubre de julio a diciembre de este año. 

De lo que se trata es de saber si las nuevas normas fiscales que rijan en la Unión supondrán recortes traumáticos para la población o si, por el contrario, podrán servir mediante la planificación económica para acercarnos a una sociedad más sostenible.

La comunicación de la Comisión para preparar los planes fiscales-estructurales nacionales se publicó el pasado 8 de noviembre. Su objetivo era orientar los cambios fiscales, económicos y políticos de los Estados miembros para llegar a los objetivos de deuda y déficit, inversiones y reformas estratégicas y al crecimiento sostenible mediante normas más sencillas que las que estuvieron en vigor hasta que se suspendieron en 2020 con la citada cláusula de escape.

Reducir gastos, aumentar ingresos

Tiene su gracia que en el reciente Informe de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) se llegue a las mismas conclusiones de actuación que se señalan en la comunicación de Bruselas: para rebajar la deuda debe haber un equilibrio entre una reducción eficaz de los gastos y el aumento de los ingresos. Además, el éxito será mayor si se realizan las reformas estructurales que impulsen el crecimiento sostenible y unas instituciones sólidas.

"Una reforma profunda del marco de gobernanza económica de la Unión Europea requerirá un cambio legislativo", se dice en el mismo documento. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento, el principio de unanimidad para las votaciones en el Consejo en temas económicos y otros artículos del Tratado —y ahora, además, la subida de los tipos de interés— lo ponen difícil para que se pueda seguir una senda de reducción de la deuda pública hacia el objetivo del 60% del PIB y hacia el de un déficit por debajo del 3%. Parece inasumible también que se impulsen inversiones cuantiosas para la transición energética, digital, ecológica, de derechos humanos y en gastos militares y que no se nombre el decrecimiento del uso de materiales y del consumo. 

Más flexibilidad

Lo positivo de la comunicación de la Comisión Europea es que ofrece una propuesta al problema de la deuda: no pone plazos para llegar al 60% y solo se exige su "reducción plausible"; se adaptan las reglas fiscales a las necesidades de cada Estado; se fortalecen las instituciones fiscales independientes en cada país; se exigen reformas que reduzcan los gastos inútiles y corrientes e inversiones que mejoren la productividad; se refuerza el cumplimiento de las sanciones... Y, sobre todo, la preparación de los planes fiscales-estructurales que obliga a una mejor gestión de lo público; y la supervisión, que se convierte en continua desde el país y desde Europa.

Como recientemente tuve ocasión de comentar en persona al secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García, y a la presidenta de la Auroridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, en un acto de la Fundación Alternativas, es importante subrayar que en España los fondos europeos presupuestados no se han ejecutado en su totalidad (solo el 69% para 2022 y el 81% para 2021). Estos recursos no están teniendo el efecto deseado en la lucha contra el fracaso escolar y los guetos en la educación, especialmente en la secundaria obligatoria, en la formación profesional (FP) básica y de primer grado y para los niños inmigrantes irregulares. Como ejemplo, en las FP técnicas de grado medio empiezan 30 alumnos y suelen terminan el primer curso no más de 8. 

Otro aspecto importante en el que no se están teniendo resultados es en el reto de la despoblación. Es prioritario que se arreglen las viviendas abandonadas de los pueblos para que puedan alojarse las personas que cuiden los bosques o a las personas mayores. Y también que se incentive la recuperación de suelos, la agroindustria y cualquier proyecto de vida. Es igualmente imprescindible frenar las inversiones en renovables (pues gastan energía fósil y materiales escasos en su fabricación y producirán infinitos residuos pasados los 30 años) y que están ocasionando incluso expropiaciones de terrenos agrícolas fértiles y con alta productividad y que dan trabajo a muchas familias.

Proyectos viables

Pero para luchar contra la despoblación y asegurar la sostenibilidad económica se necesita que el Instituto del Crédito Oficial (ICO), nuestro banco de inversión público, refuerce su sede central para apoyar las inversiones estratégicas (como la vivienda) y se extienda con pequeñas oficinas en cada diputación; y un banco postal con oficinas repartidas por los municipios. Porque España es un caso anómalo en Europa: no hay ni cajas de ahorro, ni banca pública ni, por supuesto, ningún banco de crédito local. 

El ICO y las oficinas básicas de unos cuatro empleados que necesitan deberían proporcionar servicios de asesoramiento técnico, tales como la planificación estratégica, y el desarrollo de capacidades y partiendo del conocimiento del terreno, que ayuden a crear proyectos viables y trabajen con las empresas para preparar sus planes de inversión y los trámites para recibir las ayudas europeas.