Frontex, un arma de guerra contra los migrantes

El respeto a los derechos fundamentales de quienes tratan de llegar a Europa no es solo secundario, sino ilusorio

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Junio 2024 / 125
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Frontex

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Getty images // Adrian Hancu

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El 5 de febrero de 2024, la Comisión Europea hizo pública su evaluación del funcionamiento de Frontex, la agencia europea de guardias fronterizos y guardacostas, cuyo rol es ayudar a los Estados miembros de la Unión a “asegurar” sus fronteras exteriores. La Comisión se felicita por su trabajo: “A pesar de las considerables dificultades (…), Frontex ha contribuido de manera importante a reforzar la gestión de las fronteras exteriores de la UE, dentro del respeto por los derechos fundamentales”. Una conclusión sorprendente en la medida que varias investigaciones demuestran que, por el contrario, Frontex es responsable o cómplice de la violación de los derechos de los exiliados.

Revelaciones periodísticas

Unos días después del elogioso balance de la Comisión, una investigación publicada por Le Monde el 26 de febrero de 2024 revelaba que el responsable del departamento de derechos humanos de Frontex, Jonas Grimheden, había advertido a su consejo de administración en 2023 del riesgo de que la agencia estuviera “indirectamente implicada en la violación de derechos humanos cometidos por sus agentes en Bulgaria”.

Unos testigos le habían relatado el caso de unos solicitantes de asilo que habían sido obligados a volver a Turquía a nado, cuando carecían de fuerzas y habían sido golpeados y mordidos por perros policía. Grimheden, que pedía una investigación independiente, no fue escuchado. No resulta tan extraño cuando se sabe que, en ese mismo momento, la Comisión iniciaba un proyecto piloto encaminado a “prevenir las llegadas irregulares” en Rumanía y Bulgaria. Por otro lado, una investigación realizada por Der Spiegel y el colectivo Lighthouse Report reveló que Frontex proporciona a los agentes libios información sobre las posiciones de las embarcaciones.

En el mes de octubre de 2022, un informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF)  establecía que, en el marco de operaciones de intercepción de embarcaciones de migrantes realizadas por guardacostas griegos, Frontex fue testigo de devoluciones ilegales hacia Turquía y decidió interrumpir sus patrullas aéreas sobre el mar Egeo. La agencia incluso sigue cofinanciando algunas de las unidades griegas responsables de estas devoluciones. Debido a estas revelaciones, el Parlamento Europeo rechazó, en octubre de 2022 aprobar las cuentas de Frontex, y el director de la agencia, el francés Fabrice Leggeri, fue obligado a dimitir. Leggeri, candidato de Agrupación Nacional (el antiguo Frente Nacional, partido de ultraderecha francés) a las elecciones europeas, atribuye esta salida a “la tiranía de las ONG y del derecho europeo.”

En su toma de posesión en 2023, su sucesor, el neerlandés Hans Leijtens, se significó en favor del “respeto a los derechos fundamentales y la transparencia”. Sin embargo, el 1 de marzo de 2024, la defensora del Pueblo Europeo, Emily O’Reilly, publicó el resultado de la investigación que su gabinete llevó a cabo tras el naufragio del Adriana, un barco de pesca que zarpó de Libia, naufragó en la costa griega y provocó la desaparición de 650 personas. Frontex, que había detectado la embarcación sobrecargada y sin chalecos salvavidas visibles, se contentó con avisar a los guardacostas griegos, quienes no tomaron las medidas adecuadas para su rescate.

Definitivamente, en la guerra de la UE contra los migrantes, el respeto de sus derechos no es solamente secundario, sino directamente ilusorio.