Empleo público, empleo temporal
La temporalidad en la Administración ya duplica la del sector privado. El Gobierno pretende reducirla drásticamente este año
Uno de los logros más evidentes de la reforma laboral de 2022 ha sido la reducción del porcentaje de temporalidad en el empleo, es decir, el porcentaje de personas que trabaja con contratos eventuales. Sin embargo, el avance ha sido muy desigual si fijamos la atención en cómo se han comportado el sector privado y el sector público por separado: mientras que el porcentaje de temporalidad del primero ha caído en picado en los últimos dos años, la del segundo se encuentra muy cerca de su máximo histórico.
Según datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA), el 13,2% de los trabajadores del sector privado tenían un contrato temporal en el último trimestre de 2023. En el sector público, el porcentaje era más del doble, el 29,6%, lo que significa que de los casi 3,6 millones de empleados públicos que hay en España, un millón es eventual.
Han pasado cinco años desde la última vez que el porcentaje de temporalidad en las empresas privadas superaba la de las Administraciones. Fue en el último trimestre de 2018 (véase gráfico). Desde 2020 y hasta el tercer trimestre de 2023, la temporalidad en el sector público ha encadenado casi tres años seguidos por encima del 30%. La tendencia comenzó a caer, aunque de manera muy ligera, en 2022, coincidiendo con la entrada en vigor de la reforma laboral.
Los datos muestran que las empresas han hecho los deberes desde entonces, mientras que las Administraciones han sido incapaces de cumplir los objetivos fijados por el Gobierno. Y si miramos los datos con perspectiva de género, el porcentaje de temporalidad en el sector público es aún mayor entre las mujeres (33%) que entre los hombres (23%), mientras que en el sector privado es prácticamente el mismo.
El gran número de interinos en las comunidades autónomas y los ayuntamientos es el principal motivo de que el sector público vaya tan rezagado: 9 de cada 10 empleados públicos con empleo temporal trabajan para los ayuntamientos o las comunidades autónomas. Estas son las que registran la tasa de temporalidad más alta, el 33,87%, seguidas de los ayuntamientos (32,87%), las empresas públicas (18,94%) y la Administración del Estado (12,47%).
Para corregir la situación, el Ejecutivo se ha marcado como objetivo rebajar la temporalidad en el sector público hasta el 8% antes de que termine este año, compromiso que figura en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado a la Unión Europea. El Parlamento aprobó a finales de 2021 un proyecto de ley que obligaba a las Administraciones públicas a ofertar, antes del 1 de junio de 2022, las plazas ocupadas por trabajadores temporales. Los procesos de selección deberán concluir antes del próximo 31 de diciembre. Para entonces, más de 300.000 plazas ocupadas por interinos habrán pasado a ser fijas, según los cálculos del Gobierno.
En vista de la tendencia dominante en los últimos años, recortar la tasa de temporalidad en más de 20 puntos porcentuales en apenas 12 meses parece misión imposible. Los sindicatos reclaman desde hace tiempo que se acelere el proceso, pues consideran que las Administraciones deberían ser, precisamente, un ejemplo para el resto de los sectores e incentivar la contratación estable y de calidad en todos sus organismos.
Un sector envejecido
Según la EPA, el número de personas empleadas en el sector público asciende a casi 3,6 millones, de los cuales 2,07 millones son mujeres y 1,52 millones, hombres. El sector está abocado a una profunda renovación debido, fundamentalmente, al gran número de jubilaciones que se avecinan: aproximadamente la mitad de los funcionarios de la Administración central tienen actualmente 55 años o más.
El envejecimiento en la función pública tiene su origen en los recortes efectuados tras la crisis financiera de 2007-2008. La política de austeridad aplicada por los gobiernos de José Luis Rodríquez Zapatero y Mariano Rajoy redujo las convocatorias de empleo público y durante varios años no se cubrieron las vacantes que dejaban los funcionarios que se jubilaban. Según cifras de la Secretaría de Estado de Función Pública, entre 2014 y 2021 dejaron su puesto 64.000 empleados y solo se incorporaron 32.000 nuevos funcionarios.
Días después de tomar posesión como ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá explicó en el Congreso que en los próximos 10 años se van a jubilar el 60% de los empleados de la Administración General del Estado. Para facilitar la renovación de las plantillas, anunció que se va a poner fin a la tasa de reposición, el límite que imponía el Gobierno central a las ofertas de empleo público.
