Reino Unido: el porqué de la cólera

El movimiento social que comenzó a principios de 2022 exigiendo el reajuste de los salarios se amplía con el telón de fondo de la inflación

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Mayo 2023 / 113
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Protesta precio LUZ UK

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Alisdare Hickson

Desde hace más de un año, los movimientos huelguistas se multiplican en Reino Unido. Los paros se dan, fundamentalmente, en los transportes, aunque también en los servicios de correos, la enseñanza, la sanidad y entre los funcionarios. Las reivindicaciones están relacionadas tanto con los salarios —la inflación ronda el 10% y recorta el poder adquisitivo de los trabajadores— como con las condiciones laborales. Sobre todo se producen en los sectores golpeados por la austeridad presupuestaria de los gobiernos conservadores que se han sucedido desde 2010.

A comienzos de 2022, cuando estalló la guerra en Ucrania, en la mayoría de los sectores en huelga había negociaciones entre los sindicatos y la patronal. Entonces la inflación era del 5% anual y las negociaciones se llevaban a cabo sobre la base de un aumento de, al menos, el 5% de los salarios nominales que permitiría conservar el poder adquisitivo. A ello se añadía, por parte de los sindicatos, el deseo de mejorar las condiciones laborales y de mantener el empleo, en especial, en el sector ferroviario, en el que las compañías, tras el freno de la actividad debido a la pandemia, anunciaban planes de reestructuración para enderezar sus cuentas, con reducciones de efectivos a medio plazo, fundamentalmente a través de la automatización de la práctica totalidad de las taquillas. 

En el sector de la sanidad, los asalariados del National Health Service (NHS), el sistema publico de salud, que ya antes de la pandemia sufrían una escasez de efectivos, salían de más de dos años de cuidados de primera línea y pedían una recuperación de sus salarios. Desde hace muchos años, efectivamente, los salarios del sector público británico han aumentado menos que los del sector privado debido a una falta de financiación crónica. 

Sin embargo, el Gobierno de Boris Johnson hizo de la actualización del NHS una de sus prioridades en las elecciones de 2019, anunciando la construcción de nuevos hospitales y la contratación de 50.000 enfermeras. A comienzos de 2023 hay 33.000 enfermeras más que a finales de 2019, pero con un índice de empleos vacantes de cerca del 12% que aumenta en más de un punto anual. El NHS sigue sin poder contratar el número suficiente de asalariados y sin mantener el personal necesario para que disminuya el tiempo de espera para recibir atención médica. 
 

Descontrol de precios

Debido al aumento del precio de la energía como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania, la inflación se aceleró en Reino Unido, hasta alcanzar, en julio, el 10,1% anual. El Gobierno no había establecido ningún escudo tarifario, lo que permitió que el aumento de los precios del gas y del petróleo en los mercados mundiales repercutiera en las facturas de los hogares. En abril, los suministradores aumentaron el 54% el precio del gas y la electricidad. En octubre se incrementaron en otro 80%, haciendo que la factura de un hogar medio pasara de 1.277 libras a 3.549 libras anuales, casi el triple.

Para atenuar el impacto de ese aumento de precios en las facturas de los hogares, el Gobierno estableció a partir de mayo una serie de medidas urgentes que representaron 24.000 millones de libras anuales, es decir, un punto del PIB. Todos los hogares recibieron 400 libras. Los ocho millones de hogares más pobres, beneficiarios de prestaciones sujetas a control de recursos, percibieron 650 libras y su impuesto local bajó en 150 libras.

Este tipo de medidas permite dar apoyo a los hogares más necesitados, pero, a diferencia del escudo tarifario, no frena la inflación. En agosto, el Banco de Inglaterra preveía una inflación del 13% en octubre y algunos esperaban un pico del 20% a comienzos de 2023. Estas previsiones no se han cumplido plenamente, pero esa aceleración de la inflación prevista, y luego observada, ha tensionado progresivamente las negociaciones. En el sector de la enfermería, las reivindicaciones de aumento salarial pasaron a cerca del 20% para tener en cuenta tanto la inflación observada como la recuperación de un nivel salarial, bajo respecto al sector privado y que ha aumentado muy poco los últimos años. 
 

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protesta médicos
Huelga de médicos por las condiciones salariales. Foto: Mark Thomas

Negociaciones

Las negociaciones entre los sindicatos de las enfermeras, los conductores de ambulancias y otros asalariados del NHS, por una parte, y el Gobierno, por otra, en punto muerto durante varios meses, se retomaron ante la inminencia de la presentación del presupuesto, el pasado mes de marzo. Recordemos que el Gobierno de Rishi Sunak, que entró en funciones en octubre de 2022, se ha comprometido a entrar en la vía de la ortodoxia presupuestaria. Quiere limitar el aumento del gasto público, no aumentar los impuestos y bajar el déficit, previsto en el 6,1% del PIB para 2022-2023 , a menos del 3% para 2025-2026. Aunque no lo ha incluido en el presupuesto, el Gobierno ha propuesto a las enfermeras un aumento salarial del 2% para 2022-2023 (además del 4% a comienzos de año), una prima de al menos 1.200 libras y un aumento salarial del 5% en 2023-2024. La propuesta, considerada aceptable por algunos, no ha sido aprobada por todos los sindicatos.

En el resto de los sectores en huelga ha habido un primer acuerdo en los transportes ferroviarios. El pasado 26 de marzo, el 76% de los miembros del sindicato RMT aceptó la propuesta de la dirección de Network Rail, gestor de la red, de un incremento del 9% en dos años y un aumento mayor para los salarios más bajos. Falta por ver si el resto de las compañías ferroviarias seguirán su ejemplo.
Desde el pasado verano, las previsiones de inflación se han revisado a la baja. Por una parte, porque, a pesar de sus promesas electorales, la efímera primera ministra Liz Truss, estableció un techo para el precio de la energía que entró en vigor el pasado 1 de octubre. Hay que decir que el descontento aumentaba, liderado por el movimiento Don’t pay UK, que amenazaba con incitar a los hogares británicos a dejar de pagar las facturas del gas y la electricidad si no se frenaba el alza de los precios. Y, por otra parte, porque el precio de la energía comenzó a bajar a finales de agosto. Los precios de referencia para los contratos de suministro de gas y electricidad de los hogares recuperaron, a principios de enero de 2023 los niveles de enero de 2022. 

El Banco de Inglaterra, que aumentó en un año su tipo director del 0% al 4% para intentar que la inflación se aproximara al objetivo del 2%, prevé ahora una inflación no mayor del 3% a comienzos de 2024 y del 1% a comienzos de 2025. Como este endurecimiento de la política monetaria se hace a costa de una ralentización del crecimiento, la economía británica está al borde de la recesión.

Brexit y guerra

¿Hay que ver en la actual situación británica un efecto del Brexit? Es difícil distinguir lo que estaría relacionado con un efecto Brexit, puesto que la economía británica ha sufrido dos impactos de gran amplitud —la crisis sanitaria y la guerra en Ucrania— de los que aún no ha salido. 
El 10,1% de inflación en Reino Unido es, sin duda, un poco mayor que la media de la zona euro (8,5%), pero apenas algo más que el 9,3% de Alemania. La inversión de las empresas ha recuperado su nivel de antes de la crisis y las deslocalizaciones de la actividad o de los empleos hacia la zona euro, especialmente en el sector financiero, son, hasta el momento, limitadas.

Sin embargo, las exportaciones de mercancías siguen siendo poco dinámicas, tanto hacia la Unión Europea como hacia el resto del mundo. Además, Reino Unido sufre escasez de mano de obra en numerosos sectores de la economía. Como en muchos países, las ofertas de empleo no cubiertas han aumentado mucho desde la salida de la crisis sanitaria y alcanzaron un punto máximo de 1,3 millones en el segundo trimestre de 2022 (frente a 810.000 antes de la crisis). A finales de 2022, habían bajado a 1,13 millones.
El índice de desempleo solo era en el mes de abril del 3,8% dela población activa, ligeramente por debajo de su nivel previo a la pandemia. Sin embargo, el índice de empleo era inferior en casi un punto, lo que muestra la dificultad de las empresas para contratar en muchos sectores.

Se ha hablado mucho de la disminución de trabajadores procedentes de la Unión Europea en Reino Unido desde el referéndum de junio de 2016. Esa disminución se ha visto compensada en gran medida por la llegada de trabajadores de fuera de la Unión, pero no totalmente.

El sistema de puntos establecido por los británicos desde 2021 favorece la inmigración cualificada, es decir, de niveles salariales de, al menos, 25.600 libras, a excepción de los oficios denominados “en tensión”, en los que el umbral baja a 20.600 libras. Los sectores que empleaban a trabajadores con salarios bajos de la Unión Europea (construcción, hostelería, restauración) piden que se amplíe la lista de los oficios “en tensión”. 

Trabajadores inmigrantes

El Observatorio de las Migraciones acaba de hacerlo para el caso del sector de la construcción, pero no para el de la hostelería y la restauración. Eso podría marcar el fracaso de la estrategia de los gobiernos de Theresa May y Boris Jonhson de sustituir trabajadores inmigrantes por británicos.

En el capítulo de las relaciones con la Unión Europea, el acuerdo de Windsor (véase el recuadro de la izquierda), presentado a finales de febrero para reducir las tensiones surgidas en Irlanda del Norte como consecuencia del Brexit, indica un comienzo de relajación de unas relaciones que han sido como poco tensas durante varios años. La celebración de la cumbre franco-británica en París, el pasado 10 de marzo, primera que se celebra desde 2018, marca también la distensión de las relaciones entre Francia y Reino Unido, y quizá el comienzo de una nueva cooperación, que habrá que reinventar.

El acuerdo marco de Windsor

El acuerdo marco presentado en Windsor por Rishi Sunak y Ursula von der Leyen el pasado 27 de febrero muestra, por fin, la perspectiva de una resolución del conflicto relativo al protocolo sobre Irlanda del Norte que forma parte del acuerdo de salida del Reino Unido de la Unión Europea. La única frontera terrestre que tiene el Reino Unido con la UE está en Irlanda del Norte. Pero el mantenimiento de la paz en Irlanda del Norte exige que no haya controles en esa frontera. La respuesta a ese espinoso asunto en el acuerdo de salida fue establecer controles aduaneros en el mar de Irlanda, lo que parecía en la práctica inaplicable y que, de hecho, no han aplicado los británicos. El acuerdo de Windsor permitiría a los consumidores y a los empresarios de Irlanda del Norte comprar mercancías, incluso medicamentos, producidos en Gran Bretaña según las reglas fiscales (IVA e impuestos especiales) en vigor en el Reino Unido. Únicamente los bienes con destino final a la Unión Europea estarían sometidos a controles en su tránsito por el mar de Irlanda para verificar que respetan las normas específicas de la Unión Europea. El acuerdo permitiría también “´subsanar el déficit democrático del protocolo inicial”. De este modo, la Asamblea norirlandesa de Stormont podría accionar un freno otorgando al Gobierno británico el derecho de veto sobre la aplicación de una nueva norma comercial, o la modificación de una norma ya existente de la UE que tuviera un impacto considerado demasiado importante sobre los ciudadanos y las empresas de Irlanda del Norte. Ese veto solo podría ser cuestionado por un mecanismo de arbitraje mixto e independiente y no por el Tribunal de Justicia de la UE, cuya implicación los británicos siempre han rechazado. El acuerdo debe ser aprobado por los partidos norirlandeses —lo que no está garantizado si se tiene en cuenta la reacción de los unionistas del DUP—, por el Parlamento británico y por todos los países de la UE, antes de entrar en vigor, como muy pronto, a finales de 2024.