Mucho más que la amnistía

Las elecciones del 23 de julio arrojaron unos resultados dignos del más retorcido guionista de la serie House of cards. La investidura depende en última instancia del acuerdo entre el bloque progresista, liderado por el PSOE y Sumar, cuyos integrantes aspiran a renovar el Gobierno de coalición, y Junts per Catalunya, el partido de Carles Puigdemont, reclamado por el Tribunal Supremo e instalado en Waterloo (Bélgica).

La base para cualquier acuerdo, que debe lograrse antes del 27 de noviembre para evitar la repetición electoral, pasa por la amnistía de los implicados en el referéndum del 1 de octubre de 2017 en Cataluña, una posibilidad hasta ahora tabú, pero ya normalizada por el conjunto de la izquierda. Pero la eventual investidura de Pedro Sánchez va mucho más allá de la amnistía. Si logra superar este escollo, el país emprenderá un camino hacia una senda doblemente arriesgada: hacia un mayor reconocimiento de la plurinacionalidad —ya apuntada en el uso en el Congreso de todas las lenguas oficiales— y una agenda social, sellada en el acuerdo entre el PSOE y Sumar, que aspira a liberar la economía de los corsés neoliberales.

Tanteo frustrado del PP

Tras el 23-J, una vez constatado que cualquier investidura pasa inevitablemente por un acuerdo con Junts, el PP, la formación con más escaños pero lejos de la mayoría necesaria para gobernar, tanteó al partido de Puigdemont a pesar de que las relaciones entre ambos quedaron rotas tras el 1-O. Fiel a la cultura accidentalista del nacionalismo catalán, equidistante entre la derecha y la izquierda a la hora de explorar pactos, Puigdemont hizo llegar a través de intermediarios su predisposición a hablar con vistas al intento de investidura de Feijóo, según explican fuentes que participaron en estos movimientos.

Según el análisis que Puigdemont compartió con sus fieles, su preferencia era explorar un pacto con el PP en la medida en que considera que este partido está mucho más entrelazado que el PSOE en lo que considera el “Estado profundo”, que incluye el Poder Judicial, la Monarquía y las élites funcionariales que dirigen la  Administración, con lo que, a su juicio, cualquier acuerdo tiene más posibilidades de ser realmente respetado. 

Las mismas fuentes explican que un enviado de Feijóo, Esteban González Pons, llegó a tener reuniones con emisarios de Puigdemont, pero el tanteo finalizó abruptamente en cuanto el expresidente José María Aznar, que abandera las posiciones más intransigentes del PP, irrumpió en el debate público con una actitud muy beligerante contra cualquier posibilidad de amnistía. Feijóo, que aún no controla el partido que preside, tuvo que plegar velas para frenar cualquier tentación de pinza entre Aznar y la líder del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, lo que condenó su intento de investidura a un paripé sin posibilidades. 

Un campo de minas

Fracasada la opción de Feijóo, se aceleraron las negociaciones para intentar reeditar el Gobierno de izquierdas aunque fuera a costa de cruzar un campo de minas, con la complicación añadida de que entre los socios indispensables para llegar a buen puerto se encuentran partidos que compiten a cara de perro en sus respectivas comunidades: el PNV y Bildu en Euskadi (y además a las puertas de unas elecciones autonómicas) y Junts y ERC en Cataluña.

Pese a tantas dificultades, los equipos negociadores del PSOE y Junts han ido acercando posiciones alrededor de una fórmula de amnistía que pueda pasar el filtro del Tribunal Constitucional, ahora de mayoría progresista. Sin embargo, el acuerdo sobre la amnistía es causa necesaria pero no suficiente para que la investidura de Sánchez tenga éxito. A partir de ahí, arrancaría el tira y afloja programático y de medidas a negociar, ya más convencionales, con la propia Junts y con el resto de partidos necesarios para rubricarla. 

Entre las medidas adicionales que el PSOE negocia con Junts destacan, entre otras, el uso del catalán en el Parlamento Europeo, mejoras en la financiación autonómica, el reconocimiento de Puigdemont como interlocutor legítimo, la figura de mediador que valide los acuerdos y algún tipo de guiño que permita, aunque sea retóricamente y a través de eufemismos de significados polisémicos, mantener vivo el objetivo del referéndum. Los socialistas negocian varias de estas medidas también con ERC, que ve reivindicado con ello su apuesta pragmática.

Sin embargo, el acuerdo dista de estar cerrado y, a la vista de la trayectoria de Puigdemont, llena de zigzagueos y de giros súbitos en el último momento, todos los negociadores son cautos, sin descartar ningún escenario. El objetivo compartido es, sin embargo, celebrar la sesión de investidura a mediados de noviembre, sin tener que esperar a que expire el plazo legal. 

Entre las prioridades de Puigdemont destaca la construcción de un relato que le permita evitar la etiqueta de “traidor” entre los sectores más intransigentes del independentismo, que ya trabajan en la construcción del llamado “cuarto espacio”, que se niega a hacer concesión alguna y que cuenta entre sus impulsores con excolaboradores muy relevantes de Puigdemont.

Agenda social

Una vez allanado el camino para un eventual acuerdo sobre la amnistía, Sumar, la otra pata de la coalición de gobierno, se concentró en la agenda social, que se propone no solo reforzar, sino también ampliar, las políticas que en la pasada legislatura aspiraban a superar el marco ortodoxo y neoliberal. Las dificultades van más allá de la moderación en política económica que suele caracterizar al PSOE: cualquier acuerdo debe ser compatible luego con el apoyo a la investidura de formaciones ancladas al centro-derecha, como el PNV y el grueso de la propia Junts y, a la vez, contentar en el otro extremo a Podemos, que está muy descontento con el rumbo de la formación de Yolanda Díaz y busca reforzar su perfil propio, con la vista puesta en las próximas elecciones europeas.

En este marco rubricaron el PSOE y Sumar su pacto para reeditar la coalición, que aspira a consolidar la senda de la pasada legislatura, dando continuidad a algunas medidas supuestamente coyunturales -como la mejora del salario mínima, la bonificación del transporte público, los impuestos a la banca y las grandes fortunas, etc.-, fijando a la vez un nuevo horizonte con la reducción de la jornada laboral, endurecer las causas objetivas de despido, impulsar la vivienda de alquiler social o vetar los vuelos donde hay buena y rápida conexión ferroviaria. 

Es el reverso exacto de una eventual política económica de matriz neoliberal impulsada por el PP y Vox: definitivamente, hay mucho más en juego que la amnistía.