Industria verde: Europa y EE UU, una carrera desigual

Solo se han necesitado tres letras para hacer temblar a Europa (…), tres letras para que nuestro continente pierda el Norte (…), tres letras para que Europa entre en pánico, enloquezca y lloriquee”. Así se lamentó la eurodiputada Aurore Laluq , del del grupo socialdemócrata, en la tribuna del Parlamento Europeo unos días antes de Navidad. Esas tres letras son la I, la R y la A, de IRA, acrónimo de la Inflation Reduction Act, el último gran plan anunciado por la Administración estadounidense de Joe Biden. A pesar de su título, ese plan no está tanto enfocado a reducir la inflación como a acelerar la transición energética de EE UU y, con ese objetivo, a desarrollar una industria verde lo menos dependiente posible del resto del mundo.
 

“Óptima estrategia”

La Ley de Reducción de la Inflación, tercer y último pilar del plan de relanzamiento masivo que Joe Biden tutela desde su llegada a la Casa Blanca, prevé unas subvenciones de 369.000 millones de dólares destinadas tanto a los consumidores estadounidenses que compren, por ejemplo, vehículos eléctricos, como a los productores de tecnologías o energía verdes.

Desde hace unos meses, EE UU disfruta de un precio más barato de la energía que el de Europa, que paga el precio de su dependencia de Moscú. Bruselas y muchas capitales europeas temen que esta política, que sigue la trayectoria proteccionista iniciada por Donald Trump, provoque deslocalizaciones de empresas europeas, y que, a la hora de futuras decisiones de inversión, la balanza se incline sistemáticamente a favor de Washington. Es un temor justificado por el hecho de que EE UU ha condicionado las subvenciones a criterios geográficos para favorecer el made in USA o, mejor dicho, el made in América del Norte…

Por ejemplo, explica Georgina Wright, directora del programa Europa del Institut Montaigne, de París, un vehículo eléctrico podrá acceder a una bonificación fiscal si cumple varias condiciones: que el montaje final tenga lugar en América del Norte (…), que al menos el 40% de las materias primas de la batería del vehículo se extraigan o sean tratadas en EE UU o en un país con el que EE UU tenga un acuerdo de libre comercio (…), o que al menos el 50% de los componentes de la batería estén fabricados o montados en América del Norte. Y, añade la economista,: “Este umbral mínimo aumentará en los próximos años hasta alcanzar el 100% en 2029”.

“Tras esa gran cantidad de dinero subyace la intención de intensificar la actividad en el territorio y relocalizar la actividad en suelo estadounidense: una estrategia óptima”, resume Jérôme Creel, director del Departamento de Estudios del Observatorio Francés de Coyunturas Económicas (OFCE). Pero, para los europeos, es un amargo dictamen. “Y con razón porque, a pesar de que, a diferencia de China, EE UU es un aliado, nuestras empresas corren el peligro de terminar perdiendo cuota de mercado, lo que se traducirá en un aumento del paro y de la inestabilidad social”, se lamenta el economista. 

En un principio, Europa ha tanteado el terreno para intentar conseguir concesiones en la ley. “Hay negociaciones en curso. Evidentemente, EE UU intentará conseguir a cambio exenciones en la tasa de carbono en fronteras que los europeos se han comprometido hace poco a poner en marcha”, dice Elvire Fabry, investigadora en el Instituto Jacques Delors y especialista en geopolítica del comercio.

“Sean cuales sean las concesiones obtenidas, serán temporales y no resolverán el gran problema de la Unión Europea, que es la ausencia de una política industrial común”, matiza Georgina Wright. “Aunque el Green Deal europeo [el plan europeo para alcanzar la neutralidad carbono en 2050] es también una estrategia climática, de inversión y de crecimiento, no activa las mismas palancas”, explica Paola Monperrus-Veroni, economista del Crédit Agricole. “El enfoque europeo se basa en el mercado, tiene en cuenta la señal del precio del carbono para organizar la actividad de los consumidores y de los productores”, añade. 

Las ayudas estatales

En la pequeña ciudad suiza de Davos salió por fin la fumata blanca. “Tenemos un plan”, declaró Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, en su intervención en el Foro Económico Mundial. Pero, ¿podrá rivalizar con el de EE UU?

Para apoyar el desarrollo verde en el plano financiero, Bruselas quiere, en un primer momento, flexibilizar el marco por el que se rige la concesión de las ayudas del Estado en el continente. Ese marco permite a los gobiernos subvencionar a sus empresas, siempre que se cumplan unas condiciones encaminadas a garantizar el respeto a una competencia leal entre los Estados miembros. La Comisión propone simplificar los pasos a seguir para obtener las ayudas a las energías renovables, a la descarbonización de los procesos industriales y a la producción de equipamientos estratégicos.

Como era de esperar, esta idea gusta mucho a los alemanes, que están en posición de dar esas ayudas. “No todos los Estados tienen la misma capacidad presupuestaria ni administrativa para repartir fondos a la misma velocidad”, afirma la eurodiputada Valérie Hayer,  de Renew Europe, quien explica que la respuesta europea no puede limitarse a “una simplificación” que provoque la fragmentación del mercado único. “Algunas empresas checas podrían dejar el país e irse a Alemania si las ayudas a las empresas son allí más ventajosas”, añade a modo de ejemplo.

Con motivo de la guerra de Ucrania, las normas relativas a las ayudas del Estado ya se han flexibilizado, y las cifras publicadas por la Comisión Europea son muy elocuentes. De los 672.000 millones de euros de ayudas aprobadas desde comienzos de 2022, el 53% han sido para a Alemania, el 24%, para Francia y el 7%, para Italia. Los demás países miembros de la Unión se han repartido el 16% restante. Así pues, al luchar contra una competencia considerada desleal por parte de EE UU, se corre el riesgo de crear una competencia desleal entre los Estados europeos.

A no ser que se establezca otra dotación financiera a escala europea para compensar los desequilibrios causados. De hecho, la Comisión defiende que se instituya un “fondo europeo de soberanía”. Pero, ¿cómo se financiaría? Es un misterio, y las tensiones al respecto están ya causando fracturas en el continente europeo.

Menos espíritu solidario 

Ha vuelto a surgir la idea de un préstamo común realizado por los Veintisiete a imagen de la solución por la que se optó para hacer frente a la pandemia de 2020. Pero la posibilidad de un nuevo movimiento de solidaridad en Europa ha disminuido netamente. “A la hora de determinar las medidas para hacer frente a la covid-19, había un relativo consenso”, recuerda Jérôme Creel. “Pero en lo referente a la transición ecológica no todo el mundo está de acuerdo. ¿Qué agricultura se quiere desarrollar?, ¿la energía nuclear es verde? Hay numerosos temas en los que no se está de acuerdo y cada país puede hallar fácilmente razones para oponerse a una respuesta común”, añade. 

“Antes de inclinarse hacia un nuevo préstamo común, los alemanes piden que se reasignen los fondos europeos que aún no se han utilizado, como una parte del plan de relanzamiento poscovid o del plan REPowerEU, puesto en marcha hace un año para responder a la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania”, dice Elvire Favry. Siete países (República Checa, Dinamarca, Finlandia, Austria, Irlanda, Estonia y Eslovaquia) también enviaron, a finales de enero, una carta en este sentido a la Unión Europea.

El plan de relanzamiento poscovid de la Unión incluía, en efecto, una partida de dotaciones (390.000 millones de euros) y otra de préstamos (360.000 millones). Aparte de Italia, que ha pedido un importante préstamo (120.000 millones), muy pocos países lo han hecho debido a que podían conseguir condiciones más ventajosas en el mercado financiero. Con el aumento de los tipos de interés a cargo del Banco Central Europeo (BCE) para luchar contra la inflación, las cosas pueden cambiar. Ahora, la Comisión incita a los Estados miembros a utilizar esos fondos para reverdecer sus industrias.

“Este plan no tiene ningún valor añadido y no ayudará a la industria europea si se limita a un ejercicio de reetiquetado”, deplora el grupo socialdemócrata del Parlamento Europeo. Además, “la reasignación de los fondos europeos no utilizados no es más que una parte de la respuesta necesaria, pues excluye a los países que ya los han utilizado con otros fines”, señala Paola Monperrus-Veroni.
En lo referente a los plazos, “la discusión sobre las modalidades del fondo soberano europeo será a partir de julio, cuando tenga lugar la revisión a mitad de periodo del presupuesto europeo de 2021-2027”, explica Elvire Fabry. Hasta entonces, las empresas europeas permanecerán en la incertidumbre. La flexibilización de las ayudas estatales ya tiene una fecha límite: diciembre de 2025, mientras que la estadounidense durará 10 años.

“Hemos ganado una batalla ideológica porque las palabras proteccionismo y soberanía han dejado de ser tabú”, se felicita Manon Aubry, eurodiputada y copresidenta del grupo de la izquierda. “Pero el cambio de la Comisión es solo una fachada, como demuestra el hecho de que los acuerdos de libre comercio no dejan de multiplicarse. El aumento de flexibilidad de las normas presupuestarias [conseguido en el marco de la revisión de normas presupuestarias que debe acabar con el régimen de excepción en vigor desde la pandemia] esconde una serie de sanciones aumentadas y sistematizadas. Si hacemos del marco presupuestario un corsé tan estricto como el del derecho a la competencia, será imposible invertir”, advierte.

Además de ser prisionera de sus normas presupuestarias y de la primacía de su derecho a la competencia sobre el resto, Europa también lo es de las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que EE UU y China no tienen escrúpulos en pasar por alto. Y sin correr ningún riesgo, ya que el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC no funciona desde 2019 debido al bloqueo de los dos anteriores presidentes de EE UU, Barak Obama y Donald Trump. “Filosóficamente, la Unión Europea está en una situación incómoda. Los beneficios de la competencia en su seno no han sido tan grandes como los esperados y ahora teme la competencia de países que ponen límites a la competencia”, ironiza Jérôme Creel.