Amnistía: ¿principio o fin?

La aprobación definitiva de la amnistía a los independentistas catalanes en el Congreso de los Diputados supone el momento clave de la legislatura. Sin embargo, nadie es capaz aún de saber si se trata de un punto y aparte, que facilitará que la legislatura avance por fin con otros temas una vez restaurada la enorme grieta que impedía el paso; o de un punto y final, que conduzca a un bloqueo de facto y a elecciones anticipadas más pronto que tarde.

Sea como sea, en caso de sobrevivir, la segunda legislatura del Gobierno progresista afronta una tarea hercúlea, mucho más complicada que en su primer mandato: con el flanco izquierdo dividido, debilitado y con necesidad de reforzar perfil; con enormes dificultades para sacar adelante medidas económicas socialdemócratas ante el bloque afín a la patronal que se ha formado en el seno de la propia mayoría parlamentaria —PNV y Junts—; con los aliados independentistas tentados de optar por el bloqueo, salvo pacto fiscal singular para Cataluña o perspectivas de referéndum; con la oposición sin cuartel de PP, Vox y sus agresivas terminales mediáticas; con el pulso descarnado del Poder Judicial, que aspira a dejar sin efectos la Ley de Amnistía; y con la ola conservadora que asuela toda Europa y que tras las elecciones del 9-J puede provocar un auténtico corrimiento de tierras que aísle aún más la excepción española, las perspectivas del Ejecutivo son cualquier cosa menos halagüeñas.

Y sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez sigue vivo en el tramo final de la improvisada gincana electoral del primer semestre de 2024, con cuatro elecciones consecutivas, que arrancaron en Galicia en febrero, y siguieron luego en Euskadi (abril), Cataluña (12 de mayo) y la Eurocámara, el 9 de junio. Aunque la izquierda alternativa de ámbito español ha evidenciado su debilidad, consumida por la incruenta batalla que enfrenta a Sumar con Podemos, los socialistas han aguantado y algunos de sus aliados parlamentarios —BNG y EH Bildu— han tenido crecimientos muy notables.

¿Plebiscito?

A pesar de que el PP y Vox planteaban la sucesión de elecciones como un plebiscito con tintes dramáticos ante lo que consideran la destrucción de España y de sus valores constitucionales como consecuencia de la amnistía, el bloque que facilitó la investidura de Sánchez ha salido reforzado del envite. Entre los tres comicios celebrados al cierre de esta edición, la suma de los partidos de este bloque ha sumado 358.000 votos más que en las respectivas elecciones anteriores. En cambio, el “bloque del plebiscito”, que se opone a Sánchez y a la amnistía —PP, Vox y Ciudadanos— ha subido menos: en conjunto, apenas 249.000 sufragios (véase gráfico).

Es decir, si las elecciones autonómicas se reducían a un mero plebiscito sobre la amnistía, parecería que la han ganado el Gobierno progresista y sus aliados.

Caída independentista

Las elecciones anticipadas en Cataluña han insuflado aire al Ejecutivo, no solo porque abren la puerta a que el socialista Salvador Illa pueda ser investido presidente de la Generalitat —si llega a superar, él también, la carrera de obstáculos que tiene por delante—, sino sobre todo porque los resultados desbarataron una de las principales líneas argumentales de la oposición con respecto a la amnistía: que iba a reabrir el procés.

En cambio, el 12-M los nacionalistas catalanes, cuyas siglas son todas independentistas desde la década de 2010, han cosechado el peor resultado electoral de la historia de la autonomía: por primera vez no suman mayoría absoluta (68 diputados) y deben conformarse con 61 en total, incluyendo los dos conseguidos por Aliança Catalana, la nueva formación ultraderechista liderada por Sílvia Orriols, con la que todas las demás formaciones se han comprometido a no pactar. Ni siquiera el expresidente Carles Puigdemont se ha librado de la decepción: a pesar de erigirse en el principal referente independentista tras ganar la guerra civil frente a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), ha quedado muy lejos de sus expectativas, que pasaban por un regreso triunfal después de siete años en Bruselas que culminara con su restitución en la presidencia.

La aprobación definitiva de la amnistía en las Cortes ni siquiera garantiza todavía la posibilidad de regreso sin riesgos, vista la feroz resistencia a la medida expresada por el Poder Judicial en múltiples frentes: el procedimiento del Tsunami Democràtic dificulta la aplicación inmediata de la amnistía al instruirse por “terrorismo”, la previsible cuestión prejudicial que plantee el Supremo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea puede congelar la norma unos meses y el recurso al Tribunal Constitucional la dejará entre paréntesis hasta el fallo definitivo.

Larga batalla judicial

Varios expertos sostienen que la batalla jurídica alrededor de la Ley de Amnistía no se dirimirá hasta finales de 2025, como pronto. Y ello añade un nuevo dilema a la heterogénea coalición de conveniencia que se formó para investir a Pedro Sánchez, al menos entre los independentistas catalanes: ¿contribuirán a fortalecer el bloque de investidura al menos hasta que la amnistía pueda aplicarse sin restricciones, vista la poderosísima coalición de intereses que buscan tumbarla? ¿O se sienten ya liberados y que cada palo aguante su vela?

La enrevesada situación en el Parlamento catalán añade aún más dificultades: Puigdemont aspira a intentar la investidura y emisarios suyos han advertido en Madrid de que si los socialistas no le facilitan el camino, dará por terminada la colaboración de Junts con el Gobierno progresista. Por su parte, ERC, que pese al retroceso, es clave para apuntalar cualquier mayoría tanto en Madrid como en Barcelona, se encuentra en una situación de convulsa interinidad hasta su congreso extraordinario, previsto para noviembre próximo, lo que complica hasta la mera identificación de interlocutores con capacidad de llegar a acuerdos.

Con la amnistía, la legislatura está lista, ¿o lista para sentencia?