¿Gravar a los muy ricos? Los países europeos lo hicieron durante mucho tiempo… antes de darse por vencidos. Estos impuestos sobre el patrimonio estaban mal diseñados y eran fácilmente eludidos. El mundo ha cambiado, las ONG de multimillonarios piden más impuestos, empezamos a saber cuánto se podría recaudar. Sobre todo, es un paso necesario para futuras reformas fiscales. El debate está comenzando a nivel global. El investigador Gabriel Zucman analiza la cuestión.
Muchos países europeos tenían un impuesto a la riqueza. ¿Por qué fue suprimido casi en todas partes?
Funcionaban muy mal y hasta dejaban fuera a las mayores fortunas, en general por las exenciones y los esquemas de optimización. Debido a su base impositiva reducida, parecían una especie de superimpuesto a la propiedad y afectaban más a los ricos que a los ultrarricos, lo que no ayudó a establecer su legitimidad. Además, no se hacía nada para evitar la competencia fiscal: se podía evitar el impuesto simplemente trasladándose a otro territorio. Fue ante la presión de esta competencia fiscal cuando los países fueron abandonando uno tras otro el impuesto. Y aún hay otro elemento: la gran debilidad en la lucha contra la evasión y el fraude fiscal, en particular el ocultamiento de activos en paraísos fiscales.
¿Ha cambiado la situación?
Sí, en parte. Sobre todo podemos extraer las lecciones de estas experiencias pasadas. Hay dos formas de analizarlas. Podría decirse que la historia reciente muestra que no hay forma de gravar de forma eficaz la riqueza y que hay que abandonar la idea. Yo prefiero una aproximación más constructiva, que consiste en identificar los problemas reales e intentar resolverlos. Aunque dista mucho de ser perfecto, desde 2018 el intercambio automático de información bancaria ha permitido limitar el ocultamiento de riqueza. En materia de competencia fiscal, hay una solución simple: podría establecerse que cualquiera que haya vivido en un país y haya construido ahí su fortuna, si decide irse seguirá pagando ahí sus impuestos por un periodo de tiempo —de 5 a 10 años, por ejemplo—tras su marcha. Ahora sería más fácil porque, gracias al intercambio de datos, las administraciones tributarias cuentan con información que les permite medir los ingresos y los activos de los no residentes. Además, los fracasos del pasado muestran que deben eliminarse los sistemas de limitación y exención de los activos profesionales. El impuesto moderno sobre el patrimonio debería basarse en el valor de mercado de lo que se posee, descontada la deuda, sin exenciones ni lagunas fiscales.
¿Por qué sería bueno un impuesto sobre el patrimonio a nivel europeo?
Obviamente, esto depende de los umbrales impositivos, los tipos utilizados, etc. En el Informe global sobre evasión fiscal, publicado a finales del año pasado, simulamos lo que podría aportar un impuesto mínimo del 2% aplicado únicamente a los 500 milmillonarios europeos, y llegamos a unos 40.000 millones de euros. Pero si el umbral se redujera, por ejemplo, hasta a algunas decenas o centenares de millones de euros, los ingresos tributarios adicionales fácilmente podrían alcanzar un punto del PIB [145.000 millones de euros].
De hecho, hay varias estimaciones que convergen hacia unos ingresos de alrededor de un punto del PIB, claramente insuficientes para financiar la transición ecológica y la justicia social…
El impuesto sobre la riqueza ciertamente no va a resolver todos los problemas. Pero es necesario porque es difícil reformar la fiscalidad, si no todo el mundo está convencido de que los más ricos también pagan su justa parte. Se trata de una precondición para otras reformas destinadas a mejorar la progresividad del impuesto sobre la renta, gravar correctamente las rentas del capital, etc. Además, un punto del PIB no es nada despreciable, especialmente cuando se aplica a contribuyentes que suelen estar insuficientemente gravados.
¿Cómo reaccionarían los ricos a un impuesto como este?
Para los que quisieran irse, podría controlarse mejor su riqueza y luego aplicárseles el impuesto después de marcharse de la forma que he comentado. Si el control fiscal es laxo y se basa, por ejemplo, en la declaración, habrá una subdeclaración. Pero si las administraciones tributarias se basan en las informaciones proporcionadas por las instituciones financieras, se limitaría la evasión fiscal.
¿Hay riesgo de que inviertan menos?
¡Si les pones un impuesto del 99% es posible! Pero si se trata de una tasa anual de entre el 2% y el 4%, como se está hablando actualmente, las investigaciones disponibles no sugieren que ello modifique de forma fundamental los flujos de ahorro o de inversiones.
El debate avanza en Estados Unidos, en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y en otras instituciones. ¿Se ha abierto una ventana de oportunidad?
Sí, así lo creo. El tema es ahora incluso una de las preocupaciones del G20 bajo la actual presidencia de Brasil, que quiere hacer del impuesto mínimo a los muy ricos un tema central. El pasado febrero me invitaron a presentar a los ministros de finanzas del G20 un informe sobre la necesidad y viabilidad de un impuesto de esta naturaleza. Joe Biden quiere hacer de este tema una piedra angular del debate económico de su campaña de reelección. Después de lo que se ha hecho con las empresas, este es un paso lógico.
