El motor oculto del empleo

El dinamismo y la fortaleza que ha mostrado el mercado de trabajo en España tras la pandemia —con 20,7 millones de cotizantes a la Seguridad Social y 1,37 millones de personas ocupadas más que las que había antes de la covid-19— no hubiera sido posible sin la aportación de la población de origen inmigrante. Los trabajadores y trabajadoras de origen extranjero no son ya un añadido más o menos voluminoso en función de si mejora o empeora la economía. Conforman una quinta parte del mercado laboral español. Y su peso va en aumento.

He aquí algunas cifras elocuentes: entre el segundo trimestre de 2011 y el segundo trimestre de 2023, la población ocupada española ha aumentado en un 8,2%. En cambio, la extranjera lo ha hecho en un 20,8%, y en un 23,5% si en el cálculo se restan los ciudadanos de otros países de la Unión Europea, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). En afiliados que cotizan, el crecimiento del número de extranjeros desde febrero de 2020 ha sido cinco veces mayor. 

Un pilar insustituible

"Cuando hablamos del 20% del mercado laboral, incluyendo a las personas con doble nacionalidad y a las naturalizadas, y considerando además que en su gran mayoría tienen una residencia permanente, solo podemos hablar de un elemento estructural, insustituible. Por otra parte, las nuevas hornadas que se incorporan, aquí y también en otros países europeos, son un motor del crecimiento del empleo", explica Ramón Mahía, profesor del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y coautor, junto con Eva Medina, del Informe sobre la integración de la población extranjera en el mercado laboral español. "Todo el incremento de población activa que se ha producido en nuestro país en los últimos cinco años se ha debido a la incorporación a la fuerza laboral de personas extranjeras", apuntaba ya dicho informe, elaborado para el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia.

Más ingresos que costes

La aportación fiscal de la inmigración es, además, positiva para las arcas públicas, según el Banco Mundial (BM). Un argumento clave lo explica: el hecho de que, en España, la proporción de personas extranjeras en edad de trabajar esté sobrerrepresentada en relación con la población autóctona también en edad de trabajar —y, al contrario, el hecho de que niños y mayores, que suponen mayor inversión en educación y sanidad, estén infrarrepresentados—.

La población extranjera en España supone el 13,1% del total, muy por debajo, pues, de su peso en el mercado laboral. De hecho, la inmigración aportó el 98,5%  del aumento demográfico en España  entre julio de 2022 y julio de 2023. 

Hablar de "contribución fiscal neta" es el resultado de comparar lo que aportan los trabajadores y trabajadoras con sus ingresos fiscales y con sus cotizaciones a la Seguridad Social, restándoles las transferencias sociales que reciben. Y, según el World Development Report 2023 del Banco Mundial, hablar de sobrecostes de la inmigración en España chirría. Como muestra el primer gráfico de este artículo, la relación entre ingresos y gastos de la población inmigrante no solo es positiva, sino que es superior incluso a la de la población española.

Hablamos de seres humanos a menudo protagonistas involuntarios de relatos sobre amenazas y costes. "Pueden circular 40.000 bulos, pero hay dos cosas claras: el grueso de los flujos que tenemos hacia España se dirigen al mercado laboral, de modo que sería difícil que tuvieran un impacto negativo. Y, en segundo lugar, ninguna norma dice que se favorezca o se penalice a las personas inmigrantes", subraya Mahía, para quien la inmigración irregular "no puede definir" la inmigración en España.

El profesor de la Universidad Carlos III Jesús Fernández-Huertas, experto en economía de la inmigración, lo corrobora: "En un ejercicio puramente contable de qué entra y qué sale de las arcas públicas, el saldo es positivo". Otro tema distinto es el rechazo a la diversidad cultural. "Las eventuales sensaciones de amenaza son subjetivas", señala Fernández-Huertas, para quien "las imágenes que tenemos grabadas de la frontera Sur, por impactantes que sean, son una distracción, en el sentido de que hablamos como mucho de decenas de miles de personas". En los años en que vienen más, representan apenas el 10% del total.

La 'tarta' del empleo

"No hablemos más de la inmigración como una amenaza, como hace parte de la derecha, pero tampoco hablemos de ella como víctima, como hace parte de la izquierda: el 90% de inmigrantes que llegan son trabajadores, que se mueven por aspiraciones de progreso y que buscan oportunidades en las economías de destino. No vienen a quedarse con una parte de la tarta del empleo. Vienen a ampliar la tarta", enfatiza el investigador y activista Gonzalo Fanjul, cofundador de la organización sin ánimo de lucro porCausa.

La suya es una de las entidades impulsoras de la iniciativa legislativa popular (ILP) favorable a una nueva regularización extraordinaria de personas inmigrantes en situación de irregularidad administrativa, que confluyen en la Plataforma Esenciales. La ILP fue defendida en mayo pasado en el Congreso de los Diputados. 

PorCausa estima que el colectivo de personas sin papeles se sitúa entre 475.000 y 514.000. Es una cifra no desmentida por ningún ministerio, aunque circulan otras estimaciones inferiores. Ese cerca de medio millón equivaldría al 14% de los extracomunitarios y constituiría, para la organización, un primer argumento para actuar: es un desafío "demasiado grande para ser ignorado". La cifra incluye, además, a cerca de 125.000 niños y niños. Y 7 de cada 10 son de países de América central y del sur, como Honduras y Colombia.

Otra de las razones esgrimidas en favor de la regularización es el mayor riesgo de vulnerabilidad del colectivo, y su dificultad para acceder a derechos básicos. No existen ayudas específicas para la población inmigrante y, sin los papeles en regla, ni siquiera se puede intentar acceder al Ingreso Mínimo Vital (IMV). En este sentido, en 2022 la tasa AROPE, que mide el riesgo de pobreza o exclusión social, se situó en el 21,9% entre la población española, frente a un llamativo 60,4% en el caso de la población extranjera de fuera de la UE, según la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN). 

Servicios sociales

Esta mayor situación de vulnerabilidad explica el recurso creciente a los servicios sociales. Aunque la gran mayoría (70%) de la población atendida sean de nacionalidad española, frente al 26% de extranjeros  y el 3% de apátridas, la proporción de extranjeros en 2019 era del 13%, explica Ana Belén Domínguez Milanés, técnica de gestión del Consejo General del Trabajo Social, sobre la base del IV Informe sobre los servicios sociales y la profesión del trabajo social en España (ISSE), de 2022. Así, la proporción de extranjeros se ha duplicado desde antes de la pandemia. 

El INE atribuye, por el contrario, a la población extranjera el 13,4%  de consultas médicas, en línea con su peso demográfico.

Estas cifras son medias. No pueden reflejar el nivel de concentración que puede haber en determinados municipios y barrios de estos. La comunidad con una proporción mayor de población extranjera, europeos incluidos, es, según el INE, Baleares (18,8%), seguida de Cataluña (16,23%), la Comunidad Valenciana (15,3%) y Región de Murcia (14,79%). En proporción al total de la población, Melilla, Almería, Girona, Baleares y Lleida son los lugares que presentan tasas más elevadas.

En el debate sobre la regularización están presentes, más allá de los derechos humanos, argumentos económicos.

Quienes trabajan en la economía sumergida —normalmente porque llegan a España con un visado de turista que expira, pero no se van— no pueden realizar aportaciones a través del IRPF o las cotizaciones sociales, aunque sí paguen IVA al consumir. PorCausa calcula que una regularización se traduciría en una aportación fiscal meta de cada persona inmigrante en 3.250 euros de media al año por estos conceptos, al margen del consumo y la creación de empleo.  "Regularizar es un gran negocio para el fisco español", remacha Fanjul.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha rechazado una regularización masiva, pero, pese a las diferencias internas en el Ejecutivo y los recelos sindicales, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha llevado a cabo cierta regularización encubierta al reformar el reglamento de la Ley de Extranjería.

Arraigo por formación

Los cambios aprobados facilitan la contratación en los países de origen y la regularización, con una declarada finalidad económica y laboral: cubrir puestos para los que se supone que las empresas, quejosas, no encuentran trabajadores, como la construcción, el transporte y la hostelería. Una de las novedades ha sido crear la figura del "arraigo por formación". Mientras un extranjero se forma, puede tener la residencia y prepara el terreno para encontrar empleo. 

También se ha ampliado el Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura. En el tercer trimestre de 2023, por ejemplo, figuran en este catálogo los oficios de carpintería de aluminio, la conducción y operación de grúas fijas y móviles y el de instalador electricista —más allá de clásicos como los pilotos de buques mercantes—. 

Entre junio de 2022 y junio de 2023, se ha pasado de 18.825 autorizaciones de arraigo a 59.760.
Los sindicatos CC OO y UGT temen que las empresas puedan contratar a personas migrantes que, por necesidad, acepten condiciones laborales precarias, en lugar de asumir que estas deben mejorar. Según el INE, la mano de obra extranjera no comunitaria cobra el 34,4% menos, de media.

Sin embargo, salvo en sectores muy específicos, el impacto de la inmigración sobre los salarios no está documentado. "Todos los estudios coinciden en que el impacto de la inmigración sobre los salarios son mínimos. Pueden ser algo positivos si hay inmigrantes de elevada cualificación y ligeramente más bajos para actividades donde hay más competencia directa. Pero los nativos suelen especializarse en empleos menos físicos", apunta Fernández-Huertas.

Según el citado estudio del Banco Mundial, en muchos países la que sale perjudicada es la población inmigrante llegada en una ola anterior. En EE UU, tras el flujo que llegó entre 1990 y 2006, los salarios subieron el 0,6% entre los estadounidenses, pero bajaron el 7,6% entre los inmigrantes que ya estaban en el país.

En materia de formación, hay alguna sorpresa. "La población extranjera presenta un nivel más elevado de lo que a menudo se cree", alegan Nuria Bustamante y Sergio Díaz en un artículo sobre inmigración y empleo publicado por Caixabank Research. Aunque los menos formados tengan más peso sobre el total que en el caso de los españoles y los de más formación pesen menos, "los extranjeros con educación secundaria [el 58,1% del total] son los que más han crecido en los últimos años": el 35,9% desde 2015, cuando los españoles lo han hecho en el 3,9%.

Sobrecualificación

Aunque la presencia de mano de obra inmigrante haya aumentado en el conjunto de sectores (salvo en el educativo) desde 2015, el informe de Mahía y Medina ahonda en la sobrecualificación como uno de los principales factores de discriminación. Si se analizan solo los ocupados con formación superior, el 20% de españoles desarrollan trabajos en los cinco niveles de ocupación de menor cualificación —como restauración, operativa de instalaciones y servicios de atención a las personas— cuando, en esos niveles, encontramos al 42% de extranjeros. La presencia de trabajadores extranjeros con formación superior en ocupaciones elementales es 6,7 veces mayor que la de los españoles (el 12% frente al 1,8%).

"Nuestro modelo está concebido para detener flujos migratorios. Pero, a la vez, el país ofrece muchos incentivos, oportunidades de trabajar. Esta contradicción invita a la inmigración irregular, con trabajo en negro y explotación laboral, cuando necesitamos una gestión racional, flexible y predecible de los flujos", apunta Gonzalo Fanjul. Un sistema de movilidad temporal cuyo cumplimiento vaya generando confianza es una vía por explorar. O promover la integración de mercados laborales. O potenciar la portabilidad de derechos sociales de cara a la jubilación en el país de origen. Por ahora, la UE ha puesto el foco en reforzar las fronteras externas.