Ucrania: larga lucha contra la corrupción

Una serie de despidos y dimisiones en cascada han tenido lugar en Ucrania. En enero, una decena de altos funcionarios abandonaron su puesto cuando se hicieron públicos una serie de casos de corrupción. Uno de los escándalos está relacionado con los suministros militares, cuando se cumple un año de la guerra contra el invasor ruso. El periodista de investigación Yuri Nikolov hizo público un contrato para la abastecimiento de alimentos de los regimientos del centro del país a unos precios dos o tres veces superiores a los de cualquier supermercado. Al principio, el ministro de Defensa dijo que era una acusación falsa. Después, el 24 de enero, el viceministro de Defensa dimitió.

También ha sido despedido el viceministro de Infraestructuras por otro caso de corrupción. Tras haber sido detenido por la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania, una agencia independiente del Gobierno, quedó bajo arresto domiciliario acusado de haber recibido un soborno de 400.000 dólares en el marco de la compra de generadores eléctricos. La Oficina Anticorrupción ha informado, asimismo, de que ya estaba investigando  el contrato del suministro de alimentos antes de que el periodista Nikolov lo hiciera público. 

Otras revelaciones han llevado también a la dimisión o despido de cinco gobernadores regionales, del fiscal general adjunto y del jefe adjunto de la Administración presidencial.

“Durante los tres o seis primeros meses posteriores a la invasión rusa, en Ucrania había una unidad total. La sociedad civil y los periodistas apoyaban a las instituciones, todo el mundo estaba concentrado en la defensa del país”, explica Andri Borovyk, director general de la ONG Transparency International  en Ucrania. Durante ese periodo, las investigaciones se centraban en los elementos prorrusos y hubo contención en los temas que podían provocar desestabilización. “Pero desde septiembre, la lucha contra la corrupción vuelve a funcionar prácticamente con normalidad”, prosigue Borovyk.

Fin de la tolerancia

Desde la revolución del Maidán, en 2014, la corrupción ha pasado a ser un tema central de la sociedad. Los ucranianos dejaron de tolerarla y se establecieron una serie de leyes e instituciones de control. Por ejemplo, el proceso de contratación pública se transformó en 2015 y ahora pasa por una plataforma más transparente. También se ha reformado la policía de carretera, lo que ha provocado que se reduzca una fuente de corrupción que era habitual.  

El presidente Volodimir Zelenski hizo de la lucha contra la corrupción uno de los ejes de su campaña electoral en 2019 y durante su mandato han seguido llevándose a cabo reformas. En septiembre de 2019 entró en funciones el Tribunal Superior de Lucha contra la Corrupción, con un proceso de selección de jueces especialmente estricto. Otro símbolo: la Agencia Nacional para la Prevención de la Corrupción también ha vuelto a trabajar. 
 

También la justicia

Pero el presidente Zelenski sufrió también un conflicto abierto con el Tribunal Constitucional, que había invalidado parte de las leyes anticorrupción sin argumentar su decisión. Muchos de los magistrados estaban siendo investigados por conflictos de interés y ocultaciones en sus declaraciones de patrimonio. Tras esa decisión, el jefe de Estado intentó reformar el Tribunal por la fuerza, lo que provocó las críticas del Consejo de Europa. 

“La justicia es globalmente corrupta, pero algunos magistrados lo son especialmente. La Unión Europea criticó el insuficiente número de condenas tras las investigaciones por corrupción”, señala Alexandra Goujon, profesora adjunta de la Universidad de Borgoña y autora del libro L’Ukraine, de l’indépendance à la guerre. 

Desde 2014, la sociedad civil ucraniana y sus ONG presionan fuertemente a favor de la transparencia y de la responsabilidad de los funcionarios. “El periodismo de investigación tiene una gran fuerza en Ucrania y trabaja mucho sobre esos temas”, añade Alexandra Goujon.

Finalmente, los proveedores de fondos internacionales (Unión Europea, EE UU, Fondo Monetario Internacional, etc.) también han presionado constantemente a los diferentes gobiernos. “Se han convertido en una fuerza motriz tras la creación del sistema moderno anticorrupción en Ucrania”, afirma Olha Bondarenko, doctora en Derecho de la Universidad Estatal de Sumy, Ucrania.

Resultados alentadores

Antes de la guerra, el país ocupaba el puesto 122 (sobre 180) en el índice de percepción de la corrupción de Transparency International, con únicamente 32 puntos sobre 100. Es una puntuación muy baja respecto a la media europea, de 64 puntos, e indica una corrupción sistémica. “Pero en nueve años, Ucrania ha sumado seis puntos y ha pasado a formar parte del club de los 25 países que han progresado en la lucha contra la corrupción”, señala Andri Borovyk.
Borovyk pide al Gobierno ucraniano que prosiga en su esfuerzo a favor de la transparencia y de que se hagan públicas las informaciones de interés general, algunas de las cuales (datos sobre los contratos públicos, patrimonio de los responsables públicos, etc.) son menos accesibles desde que comenzó la invasión rusa por razones de seguridad nacional.
 

La posición de Bruselas

La lucha contra la corrupción también se ha visto afectada por la movilización militar, la pérdida de vidas humanas y la huida al extranjero de miles de ucranianos. Tanto las diferentes instituciones como las ONG se han visto obligadas a reorganizar su trabajo. Además, varias regiones están hoy bajo control ruso y arrasadas por los combates. “En semejante contexto es muy complicado pedir resultados. Pero Ucrania no se escuda en ello. Los actuales despidos son el símbolo de que la lucha contra la corrupción continúa”, analiza Alexandra Goujon.

El 24 de junio de 2022, Ucrania obtuvo la condición de candidato a la adhesión a la Unión Europea que, por otra parte, es uno de sus principales suministradores de ayuda, con 7.200 millones de euros de préstamos y subvenciones en 2022. La Comisión seguirá, pues, con atención el avance ucraniano en la lucha contra la corrupción. Su presidenta, Ursula von der Leyen, insistió este verano en que las instituciones anticorrupción debían tener los medios necesarios para poder actuar y “a las personas adecuadas en los puestos de responsabilidad”. 

Kiev sabe que debe enviar señales claras si quiere garantizarse el apoyo de los occidentales.