Suecia ya no logra impedir la pobreza

Históricamente considerada por sus vecinos europeos un modelo social, Suecia no consigue acabar con una pobreza que en los últimos 30 años se ha instalado en el país, pasando del 7,3% de la población en 1991 al 14,7% en 2021. Y, sin embargo, el país escandinavo se vanagloriaba de haberla erradicado tras la llegada al poder de los socialdemócratas en 1932. “Gracias a una generosa sustitución de las rentas en caso de enfermedad, de vejez o de paro, nadie debería estar expuesto a la pobreza”, explica Yacine Boukhris-Ferré, de la Facultad de Siences Po de Burdeos.

Pero, tirando de los hilos de la privatización y de la apertura a la libre competencia, el modelo sueco se ha ido desbaratando poco a poco. La primera gran ofensiva liberal tiene lugar en la década de  1990, cuando el país pasa por una grave crisis económica y financiera tras la explosión de una burbuja inmobiliaria. En 1991, los partidos liberales de derecha arrebatan temporalmente el poder a los socialdemócratas, que lo han ocupado casi sin interrupción desde 1932 hasta nuestros días, con la excepción de algunos periodos de alternancia como el actual. En efecto, los liberales han vuelto al poder tras las elecciones de septiembre de 2022.

A partir de 1993, por tanto, el porcentaje del PIB empleado en el gasto público disminuye, especialmente, las prestaciones sociales a favor de los hogares, que se desploman y pasan del 17% del PIB en 1995 al 11,3% en 2022. 

Sin embargo, la economía sueca iba muy bien hasta la crisis de la covid-19. Desde 1990, el PIB por habitante ha ido aumentando casi continuamente, exceptuando algunos años especiales de crisis. Entre 1980 y 2019 se multiplica por 1,87. Los recortes en el gasto público se deben, sobre todo, a razones ideológicas.

La reforma educativa de 1992 abre las puertas a las entidades privadas, hasta entonces prácticamente inexistentes. El año siguiente, el Gobierno acaba con el monopolio estatal de correos y abre a la competencia las líneas de ferrocarril deficitarias. Los socialdemócratas, de vuelta al poder en 1994, no revocan esas medidas, seducidos por las teorías neoliberales, entonces en pleno auge. Y lo que es peor, deciden que las escuelas privadas se financien totalmente con dinero público a través de los Ayuntamientos.

Cuando la derecha vuelve a tomar las riendas del Gobierno en 2006, se dedica a reformar el sistema sanitario y acelera su privatización. Las clínicas privadas se multiplican, financiadas, en gran parte, con dinero público. Los liberales argumentan que la reforma ha permitido reducir el tiempo de espera y se felicita por la posibilidad de la “libre elección”, que se convierte en el mantra de la privatización. Sin embargo, sus críticos constatan que la medida no ha permitido reducir los desiertos médicos.

Se desploma la presión fiscal

Pero, más allá de los discursos ideológicos, los hechos son tozudos: desde la década de 1990, las desigualdades aumentan en Suecia. El coeficiente de Gini pasó de 25 en 1992 a 33 en 2021.En opinión del organismo púbico de estadísticas sueco, “Suecia forma parte de los países de la Unión Europea en los que más ha aumentado las desigualdades de renta desde 2007”. En un informe de 2017, la OCDE subrayaba que las rentas de capital explicaban, en gran parte, el aumento de las desigualdades de renta en el país. Por su parte, las prestaciones sociales han aumentado menos que los salarios, lo que ha penalizado, sobre todo, a los hogares con rentas más bajas que dependen en gran parte de ellas.

“El modelo nórdico de estado de bienestar se basaba en la idea de que era necesario proporcionar prestaciones sociales de alto nivel para evitar que el mito de la igualdad se rompiera y los más ricos, descontentos con los servicios públicos, se escindieran y se pasaran al sector privado”, recuerda Yacine Boukhris-Ferré. El sistema descansaba, pues, en una alta imposición para lograr que el nivel de vida de la población fuera bastante homogéneo. Aunque las retenciones siguen siendo elevadas respecto a la media internacional, la presión fiscal se ha desplomado en las dos últimas décadas, especialmene en lo que respecta al impuesto sobre el patrimonio.

Sanidad y pensiones privadas

“En 2005 se suprimió el impuesto sobre sucesiones y donaciones, en 2007, el impuesto sobre el patrimonio, y el impuesto sobre el valor de la tierra tiene un techo muy bajo”, detalla el servicio económico de la Embajada de Francia en Suecia. “Además, la presión fiscal se ve atenuada por el hecho de que el régimen de pensiones se basa, en parte, en la capitalización”, explica.
 

“Al dispararse las desigualdades, los ricos acuden cada vez más a prestatarios privados para la sanidad o la vejez. Los pobres acuden también al sector privado no lucrativo, es decir, a las asociaciones, para cubrir sus necesidades, ya sea de ayuda alimentaria o de reinserción profesional”, añade Yacine Boukhris-Ferré.

Un dato concreto ilustra esta tendencia: en 2015, la asociación Stockholms Stadmission abrió su primer supermercado social y solidario, Matmissionen, que recoge los productos que no se han vendido en las grandes superficies y los revende el 70% por debajo de su precio inicial. Es un tipo de iniciativa común en Francia desde  la década de 1980, con los bancos de alimentos y los Restos du coeur, pero inédita en Suecia, donde la lucha contra la pobreza incumbía únicamente al Estado.
Desde 2015, Matmissionen ha abierto otros siete supermercados en todo el país. En 2022 registró un aumento de su reparto de alimentos del 67%, y del número de beneficiarios del 99%. El 62% de ellos recibe una ayuda económica de larga duración por parte de los poderes públicos. Es una muestra de que la ayuda del Estado social ya no permite salir de la pobreza.

“El papel de las asociaciones se ha disparado. Los poderes públicos delegan sus competencias y firman acuerdos con ONG que reciben financiación a cambio, por ejemplo, de hacerse cargo de los parados y de su formación”, puntualiza Yacine Boukhris-Ferré. A su vez, Suecia se ha convertido a las políticas neoliberales que obligan a los pobres a llevar a cabo continuos cursos de formación, a veces inútiles, para no perder las ayudas sociales.

Signo emblemático de esa separación histórica entre lo publico y lo privado, Suecia ha sido durante mucho tiempo el único país en Europa que no preveía deducciones sociales para las donaciones a las asociaciones. Finalmente, en 2012, se aprobó una disposición en este sentido, que se suprimió en 2015 y se reinstauró en 2019. 

Extranjeros en primera línea

Las consecuencias de estos cambios son especialmente dramáticas para los extranjeros. Los estudios muestran, en efecto, que entre las poblaciones precarizadas hay una amplia representación de las personas nacidas fuera de Suecia. En 2017, estas constituían el 60% de las personas que habían recibido una ayuda social de, al menos, 10 meses en un año, según informó la economista Annie Jolivet en 2018. Cuando tuvo lugar la llegada masiva de refugiados a Europa en 2015, Suecia abrió sus puertas a 156.000 demandantes de asilo, lo que le convierte en el país más acogedor de la UE si se compara esa cifra con su población (9,8 millones).

Pero esos refugiados han tenido muchas dificultades para insertarse. Sobre todo, les cuesta encontrar trabajo: el índice de paro es dos veces mayor entre las personas nacidas en el extranjero (el 10,3% para los hombres y el 12,7% para las mujeres en el segundo trimestre de 2023) que entre las nacidas en Suecia (alrededor del 4,8%). Frente a esta situación, el Gobierno socialdemócrata restringió las condiciones de asilo a partir de 2016 y los discursos xenófobos y antiinmigración se propagan por todo el tablero político.

Avanza la extrema derecha

El principal partido de extrema derecha, los Demócratas de Suecia, instrumentaliza las guerras de bandas —que, con un trasfondo de tráfico de drogas, causaron 62 muertos en Suecia en 2022— para alimentar su discurso antiinmigración. Los Demócratas de Suecia, aunque no forman parte del Gobierno, integran desde 2022 la coalición parlamentaria de derechas formada por el primer ministro Ulf Kristersson.

No parece que los próximos años vayan a ser buenos para la economía sueca, que actualmente flirtea con la recesión. Los hogares sufren el aumento de los tipos de interés. “En Suecia, el porcentaje de préstamos a tipo variable está en torno al 80-90%, frente al 20-30% en la zona euro”, explica Jonathan Steenberg, economista de la aseguradora Coface. La inflación, por su parte, se mantiene en  6,5%, según datos de octubre y provoca una disminución inédita de los salarios reales. El Instituto de Mediación, dependiente del Ministerio de Trabajo, el Medlingsintitutet, considera que estos han perdido el 8%  de poder adquisitivo desde septiembre de 2021.

El aumento de los precios está fomentado, en parte, por la debilidad estructural de Suecia en el ámbito energético. A pesar del desarrollo de sus energías renovables, los circuitos de transporte de la electricidad entre los lugares de producción (el norte) y de consumo (el sur, más poblado) no son suficientes. Ello obliga al país a importar electricidad al precio del mercado europeo, en alza como consecuencia de la guerra en Ucrania.

Rigidez presupuestaria

El pasado 20 de septiembre, cuando la ministra de Finanzas, Elisabeth Svantesson, presentó en el Parlamento los presupuestos del Estado, hizo una grave constatación: “Suecia se mantiene en un invierno económico”, admitió.

“Para luchar contra la pobreza, el Gobierno ha aumentado excepcionalmente algunas prestaciones sociales y ha asignado más fondos a los gobiernos locales (que tienen a su cargo la sanidad, las ayudas sociales a los hogares, la tercera edad, los colegios, etcétera), pero no ha revalorizado de modo permanente las prestaciones”, subraya Annie Jolivet.

Suecia siente apego a cierta rigidez presupuestaria. Sin embargo, su deuda pública es moderada (el 34% en 2022, según la Comisión Europea y la OCDE). “Desde la crisis de la década de 1990, ha decidido no jugar con el déficit público salvo en caso de una crisis significativa. El Gobierno considera importante controlar la deuda y el gasto público para tener más margen de maniobra”, continúa Annie Jolivet. La Oficina de la Deuda Nacional sueca, previó, así, un presupuesto 2023 con un déficit no superior al 1% del PIB, por primera vez desde la pandemia de 2020.

Finalmente, para terminarlo de arreglar, “el país es muy sensible a las variaciones de la economía mundial”, observa Jonathan Steenberg. Con una economía muy dependiente de las exportaciones (representaban en 2021 el 46% del PIB, frente al 34% en Francia y el 30% en España), corre el riesgo de sufrir muy directamente la ralentización actual del comercio mundial, e incluso el freno de algunos de sus principales socios comerciales, como Alemania.