La publicación casi coincidente en el tiempo de tres declaraciones de alto nivel sobre la necesidad de regular la inteligencia artificial (AI) es una buena noticia, pero no tanto como en mi opinión hubiera sido deseable. Siendo brotes verdes, creo lo son menos que los reseñados en la Trastienda de la pasada semana.
Tres documentos: Una orden ejecutiva del Presidente Biden, una declaración de los líderes del G-7 en el contexto del denominado como “Proceso de Hiroshima” y el comunicado de la cumbre de Bletchley sobre la IA convocada por el Gobierno británico. Entiendo que el proceso de acordar esos documentos habrá sido laborioso. Ello no les exime de someterse a un mínimo análisis crítico, que es mi objetivo en esta columna. Invito de todos modos al lector a formarse su propio juicio a partir de la lectura de los textos originales, a los que puede acceder por medio de los enlaces incluidos en el texto.
La orden ejecutiva del Presidente Biden, cuyo objetivo incluye el de "avanzar el liderazgo de los EEUU en el mundo", impone a las empresas de IA la obligación de compartir con el Gobierno “información crítica” sobre los ensayos de seguridad que realicen, especialmente si sus sistemas avanzados comportan "un serio riesgo para la seguridad nacional, la seguridad de la economía o la salud pública". Los otros dos documentos se limitan a formular recomendaciones. El G7 declara que su propósito es proporcionar directrices para las organizaciones que desarrollen y utilicen "los sistemas de IA más avanzados". La declaración de Bletchley reconoce que las capacidades de los modelos de la IA frontera, que "todavía no se comprenden del todo y son por tanto difíciles de predecir", podrían generar daños catastróficos, sea o no de modo deliberado. Concluye por tanto que la IA, y en especial la más avanzada, "debería diseñarse, desarrollarse, instalarse y usarse de modo que sea confiable, responsable y centrada en lo humano".
Buenas intenciones, sin duda alguna, si bien no hay garantía de que todas estas propuestas se acaben llevando a la práctica a tiempo de ser efectivas (la orden de Biden no se ha debatido ni en la Cámara de Representantes ni en el Senado). Los precedentes de acuerdos sobre los objetivos de desarrollo sostenibles o sobre medidas para atajar la emergencia climática no invitan a un optimismo desmedido. Una reserva adicional a tomar en cuenta es que al poner el foco en los riesgos existenciales de los sistemas de IA más avanzados se corre el riesgo de no prestar suficiente atención a los efectos ya reales de los modelos existentes.
Recordaré una vez más que quince años después de la aparición de las redes sociales carecemos todavía de protección suficiente contra sus potenciales efectos nocivos, sobre todo para los más jóvenes. Efectos que se hubieran podido prever y prevenir, y que el uso de la IA puede multiplicar en intensidad y escala. La legislación norteamericana todavía exime a las plataformas de casi toda responsabilidad sobre los contenidos de terceros que difunden. Creo que no sólo convendría revertir esa ley, sino darle la vuelta. Imponer a las empresas de IA, de manera explícita, ya mismo, amplia responsabilidad financiera y penal por los efectos socialmente indeseables que se deriven de sus sistemas en el futuro. Quizá así limitarían sus ambiciones y pondrían más cuidado en lo que hacen.
