La difícil reducción del riesgo de pobreza en España

La reducción de la población en riesgo de pobreza en España está resultando mucho más difícil de lo previsto a pesar de los notables esfuerzos del actual Gobierno de coalición. La razón principal de estas dificultades es que una parte de población pobre llegó a cronificarse durante los años posteriores a la crisis financiera por la inacción del Gobierno del Partido Popular, que no tomó ninguna medida efectiva para afrontar este problema.

La crisis de 2008 provocó un aumento disparatado del desempleo y de la pobreza en los años siguientes. El desempleo alcanzó el 26,9% de la población activa en el primer trimestre de 2013, un nivel superior al alcanzado en EE UU durante la Gran Depresión de los años treinta del siglo pasado, que llegó al 25%. El número de desempleados en España superó los seis millones y más de 400.000 familias fueron desalojadas de sus viviendas. La consecuencia inmediata de esta debacle social fue un crecimiento de la población en riesgo de pobreza y exclusión social, que en 2014 alcanzó el nivel más elevado desde que hay registros, afectando al 29,2% de la población, unos 13,6 millones de personas. Es decir, dos millones más que en 2008, que cerró con una tasa de riesgo del 22,9%.

Las condiciones de vida volvieron a empeorar por la pandemia del covid-19 en 2020 y la invasión de Ucrania por Rusia en 2022. Este año 2022, la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social se situaba todavía en el 26% y afectaba a 12,3 millones de personas. Es decir, en 2022 teníamos todavía 1,3 millones más en riesgo de pobreza que antes de la crisis.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha adoptado dos tipos de medidas para reducir la pobreza. Por una parte, intensas y sucesivas subidas del salario mínimo desde 2018, hasta situarlo en 1.134 euros mensuales, lo que supone un incremento acumulado del 53%. El salario mínimo afecta a 2,5 millones de trabajadores, con especial incidencia en mujeres y jóvenes. La segunda medida —seguramente con más impacto social— ha sido la creación en 2020 el Ingreso Mínimo Vital (IMV) con el objetivo de proporcionar unos ingresos de subsistencia a las familias más necesitadas. En el caso de un adulto y un menor, por ejemplo, la familia afectada tenía derecho a recibir 701 euros mensuales. El objetivo marcado por el Ministerio de Inclusión era llegar a 850.000 hogares, que comprendían a 2,3 millones de personas. Se trataba de una iniciativa muy necesaria que en Francia ya se había puesto en marcha en 2009. Una pérdida de más de una década que fue nefasta para España. La realidad es que casi tres años después de la puesta en marcha del plan, en febrero de 2023, el IMV sólo había llegado a 578.000 hogares, lo que suponía a 1,63 millones de personas.

Oxfam considera que los fallos en su aplicación se deben principalmente a insuficiencias de diseño (focalizar la prestación en los hogares en peor situación) y problemas de implementación (muchos beneficiarios desconocen la prestación o no la solicitan por el estigma social que supone). La organización no gubernamental considera que para mejorar su eficiencia el IMV debe desplegarse en coordinación con los programas de las rentas mínimas autonómicas. Considera prioritario reducir el porcentaje de beneficiarios potenciales que no solicitan la prestación (el conocido fenómeno non-take up), a pesar de tener derecho a ella. En este sentido estima que “el IMV podría reducir la tasa de pobreza severa en más de cinco puntos para toda España, pero que debido al efecto non -take up la reducción apenas llega a dos puntos.

El Gobierno debería redoblar los esfuerzos en este ámbito sobre todo por el grave impacto de la pobreza en los menores