Energía e industria: retos de una asociación necesaria
Sería ingenuo no pensar que vivimos un momento complejo en términos de perspectivas energéticas, ya que día a día aumentan las incertidumbres para alcanzar los objetivos de los Acuerdos de París sobre el clima. Lo que sí es evidente es que la no actuación provoca catástrofes ambientales que repercuten en incendios, inundaciones, altas temperaturas. Si no se evita el aumento de 1,5° antes de final de siglo los efectos podrán tener un impacto dramático en el planeta.
Muchos son los condicionantes del lento avance de la reducción de las emisiones: presión de los lobbies (recordemos la posición de la OPEP en la última cumbre del clima), dificultades de crecimiento de las renovables —que requieren más fuertes inversiones—, la seguridad en el suministro, producción y transporte o la madurez tecnológica de los sistemas de generación, amén del hecho de que los países en desarrollo —especialmente en Asia— siguen siendo los principales contribuyentes a las emisiones de carbono.
La industria se encuentra en una importante encrucijada. Aparte de los compromisos de descarbonización, las incertidumbres derivadas de la complejidad del entorno geopolítico revelan situaciones de riesgo significativo por la volatilidad del precio de la energía, como se ha demostrado recientemente con la guerra de Ucrania. A su vez, las exigencias de reducción de emisiones para cumplir con los objetivos de descarbonización, así como la implantación de la Directiva europea 2022/2464 referida a la información sobre sostenibilidad por parte de las empresas (CSRD), son factores de incidencia directa en el futuro industrial, como señala el informe elaborado por Enrico Letta para la UE.
La industria necesita las energías renovables
La industria cuenta con sectores con altos consumos energéticos. La siderurgia, el aluminio, la petroquímica o el amoníaco, consumidores de grandes cantidades de energía a altas temperaturas, necesitan estar distantes de la volatilidad de los precios, siendo las renovables la alternativa más importante pese a ciertas inmadureces tecnológicas actuales. Un caso similar es el de la movilidad. Se habrán de experimentar todos los sistemas (que hay que asumir que serán diversos), ya que las emisiones de los vehículos no pueden continuar en el modelo actual.
En síntesis, hemos de observar la evolución del sector industrial —en relación con los temas energéticos—y estar atentos a cómo se dará la incorporación de las energías renovables y que grado de riesgos e incertidumbres generará atendiendo a la gran cantidad de contradicciones y diferencias que hay en muchos temas, tanto en lo referente a la tipología de vector energético para usos industriales como a la desfosilización de la movilidad, asumiendo que convivirán sistemas y tecnologías diferentes.
España, mediante la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y el propio Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) establece el objetivo de alcanzar la neutralidad climática en 2050 y un 80% de electricidad basada en renovables para 2030, reduciendo la dependencia energética del exterior hasta el 51% en 2030, alcanzando el 34% de electrificación de la economía en esos años e invirtiendo 247.000 millones de euros entre 2021 y 2030, dedicando el 40% de esta inversión a energías renovables.
Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), se prevé que la inversión global aumente a un ritmo anual del 8% hasta el 2030 para llegar a las predicciones de la propia Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), que estima que la proporción de las energías renovables en la generación mundial de electricidad representarán entre el 38% y 40 % para 2030. Asímismo, la AIE evalúa que la producción se duplicará producto de una combinación de factores relacionados con la demanda de energías limpias, el abandono de las fósiles por las inestabilidades geopolíticas, la reducción de costos por economías de escala y costes en regalías y por el hecho de una eventual modificación de políticas de apoyo (como señala el informe Letta), especialmente para hacer frente a la bipolaridad económica China–USA. Esto implica que las energías renovables se convertirán en la principal fuente de electricidad a nivel global.
El problema que cabe abordar para acelerar estos procesos y cumplir con los objetivos recién señalados es el de los costes y financiamiento de la transición energética justa. La puesta en marcha de fuentes renovables, ya sea en vectores energéticos como en combustibles no fósiles, aún tienen serias dificultades de financiación porque sus costes de producción son muy superiores a los actuales competidoras, las fuentes de origen fósil, pese a que en un pasado muy reciente estas fuentes demostraron una alta volatilidad que llevó al gas a precios exorbitantes.
Contando con la reducción del gasto que representa el consumo actual de energías renovables, siguen existiendo importantes barreras a la implantación de éstas, ya que exige grandes inversiones tanto del sector público como el privado —especialmente en vectores capaces de generar altas temperaturas—, y aún no existe un consenso claro en el tipo de medidas a aplicar para apoyar la aceleración de los procesos, si estas se centrarán en la fiscalidad, en subvenciones, en financiación crediticia preferente o inversiones que el Estado pueda generar —especialmente en materia de infraestructuras, a veces soslayado del debate. En este sentido, tanto EE UU como China han emprendido políticas más valientes y estratégicas que las promovidas en Europa.
Muchas opiniones coinciden que de manera efectiva se debería mejorar la coordinación entre las competencias del gobierno en materia de industria, movilidad, energía, fiscalidad e inversiones, seguramente con algún nivel de coordinación como se plantea en EE UU en la Ley de Reducción de la Inflación (IRA en sus siglas en inglés), ya que ciertas políticas (sobre todo en la perspectiva fiscal) necesitan un nuevo enfoque.
El esquema de producción, distribución, fiscalidad, etc., sigue siendo el que se estableció en el marco del modelo de la posguerra: grandes empresas energéticas, régimen oligopólico, cargas impositivas al consumo de combustibles, financiamiento a base de recargos de grandes infraestructuras gestionadas por las grandes empresas, etc. Hay que repensar ese esquema desde otras ópticas, escuchar atentamente a los actores implicados —no solamente a las empresas energéticas— y definir cuál es el modelo más idóneo de financiamiento de la inversión para garantizar un avance rápido y diverso según la naturaleza de la actuación.
Una gobernanza basada en la proximidad
Es fundamental entender que la transición energética incidirá en diversos aspectos de la cadena de valor de la industria a la vez que, en algunos procesos del entorno de lo que se denomina transición digital, los usos energéticos serán cruciales. La industria 4.0 —ya sea en robótica, bases de datos, inteligencia artificial, etc.—, será una gran consumidora de energía, incidiendo directamente sobre las redes de suministro, que deberán realizar procesos adaptativos a las nuevas demandas que también redundarán en el debate sobre los sistemas de producción, almacenamiento —factor clave en el futuro del aumento de la eficiencia de las renovables— y distribución.
En este sentido, no se ha de olvidar que uno de los caminos a priorizar tiene que ver con la producción, almacenamiento y consumo de proximidad. Aquí se topará con intereses de las grandes productoras, y en ese sentido el Estado ha de promocionar mucho más las comunidades energéticas y proyectos de producción y distribución comunitaria, agrupada y asociativa, modelos cooperativos para producir y compartir consumos. Son proyectos que requieren la colaboración de de las empresas, la sociedad civil, los gobiernos locales, los sindicatos y los consumidores directos. Ese será otro de los grandes retos de los próximos años y requerirá adaptaciones legislativas a este nuevo enfoque.
Si bien el crecimiento de las energías verdes es importante — y aún más en un futuro— y pese a contradicciones acerca de la madurez de los sistemas o los debates sociales que generan, su progresiva implantación abre importantes interrogantes y, a tal efecto, la implantación de las renovables ha de tener presente, como mínimo, cinco consideraciones:
1) La descarbonización puede convertirse en un elemento motor para la mejora de la productividad y la organización del trabajo, aprovechando esta oportunidad como un factor coadyuvante para un más eficaz y eficiente posicionamiento, necesario para el mantenimiento de la competitividad de la industria en el mundo global.
2) La modificación de los procesos productivos y servuctivos descarbonizados deben hacerse bajo la óptica de un aumento de la eficiencia energética. Por lo tanto, el almacenamiento será un factor clave para la optimización de la producción energética.
3) La implantación de las energías renovables y su aprovechamiento para la producción eléctrica ha de incidir en la gobernanza del modelo, promoviendo una producción, distribución y almacenamiento desde la proximidad, basados en comunidades energéticas, agrupaciones de producción, cooperativas.
4) Se ha de adaptar y formar al conjunto de la empresa en un modelo de organización descarbonizada, con un cambio en la cultura organizativa resiliente, con enfoque holístico, y con plena participación del conjunto de los trabajadores en el proceso.
5) Un nuevo modelo de suministro energético se ha de hacer bajo una total garantía de seguridad del abastecimiento en el sistema de producción y distribución.
Finalmente, de manera estructurada y transparente con todas las partes interesadas, se ha de garantizar que las soluciones propuestas promuevan el cambio en el modelo, necesario en el camino hacia una transición energética justa.
Héctor Santcovsky es sociólogo, experto en desarrollo sostenible.
