El jurista y filósofo italiano Luigi Ferrajoli sostiene que las luchas sociales “son las que hacen avanzar el derecho”. Los progresos en los derechos sociales se producen después de importantes movilizaciones. La historia de nuestro país está repleta de ejemplos. Las intensas agitaciones sociales de mediados del siglo XIX propiciaron la primera ley social en España durante la Primera República, en 1873, que prohibió el trabajo a los niños menores de 10 años.
En décadas más recientes, a las acciones para mejorar la legislación laboral se han sumado las movilizaciones por otro tipo de derechos ciudadanos o de los consumidores cada vez más relevantes. Los avances se han logrado tras un alud de más de 850.000 demandas judiciales. Son los derechos a la vida (vivienda, protección de los ahorros, información veraz para evitar estafas, etc.), cada vez más necesarios tras el crecimiento exponencial de los abusos bancarios. Las asociaciones de consumidores han desempeñado un papel clave al denunciar estos hechos y propugnar leyes para impedirlos.
Entre estas asociaciones destaca la ejemplar trayectoria de la Unión de Consumidores de Asturias, con 35 años de historia, que en junio celebró en Oviedo su 8º congreso y el primer encuentro de los pioneros en la protección de los consumidores. La entidad cuenta con más de 7.000 socios que con sus cuotas financian el 85% de los gastos de la asociación, lo que garantiza una respetable independencia. La asociación se ha labrado un notable prestigio en asuntos como las participaciones preferentes, las hipotecas con cláusulas suelo o IRPH (índice de referencia de préstamos hipotecarios) y las tarjetas de crédito revolving, con intereses usurarios de hasta el 27%.
Contra la ciberdelincuencia
La Unión de Consumidores de Asturias ha abierto nuevos frentes ante las estafas de la ciberdelincuencia, como el vaciado de cuentas o pagos no ordenados, phishing (pesca ilícita de datos del cliente); carding (falsificación de tarjetas); smishing (captura de datos a través de WhatsApp) o vishing (obtención de datos a través del teléfono). Son estafas que se producen por la carencia de medidas protectoras por parte de los bancos.
Además, la asociación ha impulsado reclamaciones ante los abusos de la industria automovilística (cártel de los coches con pactos secretos para subir precios) y engaños en la factura eléctrica. La Unión cuenta con un sólido equipo de juristas entre los que figura José Antonio Ballesteros, que ha ganado a la banca decisivos pleitos en el Tribunal Supremo, como la salida a bolsa de Bankia, que afectó a 350.000 ahorradores.
Dacio Alonso, presidente y alma de la entidad, ha sido el impulsor de numerosas iniciativas ante la proliferación de abusos financieros. “Nuestra misión”, sostiene Alonso, “es lograr que los ciudadanos recuperen el dinero que les han quitado indebidamente”. Y muestra su satisfacción porque han recuperado “más 20 millones de euros para nuestros asociados”. Subraya la situación de indefensión de los ciudadanos ante “unos bancos que se han capitalizado abusivamente con el dinero de sus clientes”. Cree que los medios de defensa son insuficientes por la lentitud de la justicia y las reticencias del Tribunal Supremo a aplicar debidamente el derecho europeo. Exige una nueva legislación que no obligue a todo el mundo a ir al juzgado para obtener sus derechos. Y critica que la banca utilice el aparato de justicia como su sistema particular de reclamaciones.
La asociación se identifica plenamente con el proyecto europeo. Su presidente expresa con convicción: “Menos mal que tenemos el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es el que tutela de verdad el derecho de los consumidores”.
Por su rigor la asociación se ha ganado el respeto de destacados jueces, fiscales, juristas y profesionales de otros ámbitos que con sus ideas inspiran sus estrategias de futuro. En su reciente congreso, ha presentado 14 propuestas para potenciar los derechos de los consumidores. Destaca su demanda a las autoridades que sancionen a las entidades bancarias por incluir cláusulas abusivas en los contratos, “que facilitan su enriquecimiento ilícito”.
Las asociaciones de consumidores están adquiriendo una relevancia creciente al poner al descubierto importantes fraudes, propugnar leyes para impedirlos y apremiar a las autoridades a cumplir las normas nacionales, autonómicas y europeas. En el ámbito de los derechos sociales y económicos van abriendo camino.
