La controvertida respuesta de la UE a la covid-19
La respuesta de Europa a la crisis económica y social causada por la pandemia no ha tranquilizado a los países más afectados y que precisan más ayuda: Italia y España. Las medidas adoptadas por los ministros de Finanzas del Eurogrupo el pasado día 9 resultan muy insuficientes para atender los destrozos de la crisis económica, considerada la peor desde la segunda guerra mundial.
El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, ha expresado reiteradamente su decepción por no haberse logrado ningún avance sobre la mutualización de la deuda con instrumentos como los eurobonos o coronabonos. Por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha sido tan lacónico como explícito al afirmar que “el acuerdo no colma nuestras demandas”.
Lo mejor que se puede decir del reciente pacto europeo es la rapidez con que las instituciones europeas han reaccionado. En poco menos de un mes se han tomado decisiones relevantes que en la crisis de Grecia y del euro de febrero de 2010 tardaron varios meses en producirse. Hay que recordar que el primer plan de apoyo a Grecia no se aprobó hasta mayo de aquel año, el fondo de rescate temporal, Fondo Europeos de Estabilidad Financiera (FEEF) no estuvo operativo hasta junio y el fondo definitivo, el actual Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) no se firmó hasta octubre de 2012.
También ha sido reseñable la apelación a la “solidaridad” que el documento del acuerdo del Eurogrupo, Informe sobre la respuesta integral de política económica a la pandemia de covid-19, menciona en cinco ocasiones. Quizá esta reiteración no es más que una manera de tratar de dar una respuesta creíble a las exigencias de los ciudadanos. El texto apunta también la hoja de ruta para la recuperación de las economías europeas “al tiempo que promueve la convergencia económica en la UE”, cuando las distancia entre los países del norte y el sur no han cesado de crecer.
En cualquier caso el acuerdo se ha visto oscurecido por los tensos debates registrados durante las semanas previas al mismo a raíz del rechazo de Alemania, Holanda y otros 16 países a mutualizar la deuda que se genere para afrontar la crisis y salvar a personas y empresas. La necesidad de una respuesta verdaderamente solidaria se vislumbra como una de las tareas más urgentes. Las economías europeas aparecen como las más castigadas del mundo por la covid-19, según el último informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), que pronostica caídas del Producto Interior Bruto (PIB) para este año del 9% y 8% para Italia y España, respectivamente.
Hay que tener en cuenta que todos estos pronósticos son muy provisionales y no cesan de empeorar con el paso de los días. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señaló el pasado 18 de marzo que la crisis económica ocasionada por la pandemia podía causar hasta 25 millones de parados en todo el mundo. Tres semanas después, el 7 de abril, el mismo organismo elevaba a 230 millones el número de personas que podían perder su empleo.
La cuestión más polémica del acuerdo son las cifras que se han manejado mediáticamente. La respuesta europea se ha simbolizado con una cifra grandilocuente, 540.000 millones de euros, que es la suma de los tres principales instrumentos de ayuda. Se trata de una línea de crédito de 240.000 millones de euros para afrontar los gastos médicos; otros 200.000 millones de euros en garantías proporcionados por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y una línea de crédito de 100.000 millones de euros para “proteger trabajadores y empleos”. Al margen están las medidas de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) que pueden superar el billón de euros. En cualquier caso, como ha reconocido el Alto Representante para la Acción Exterior de la Unión, Josep Borrell, “en todos los casos se trata sólo de préstamos”.
Lo primero que hay que señalar es que las cifras de 540.000 y 240.000 millones de euros no aparecen en el documento. La primera ha sido referida por algún dirigente político, pero no figura en el acuerdo. Tampoco aparecen en el documento los 240.000 millones. Respecto a esta última cantidad, el texto indica que el MEDE podrá disponer de una línea de crédito para gastos médicos de hasta el 2% del PIB del Estado miembro que lo solicite. Con este dato se inducía a pensar que la cantidad total disponible por esta vía ascendía a 240.000 millones, al aplicar el 2% al PIB de la zona euro, (11,9 billones de euros). Pero estas cuentas no encajan con la realidad. Países como Alemania, Holanda y algunos otros más nunca acudirían a un préstamo del MEDE porque pueden obtener financiación a igual o menor coste directamente.
Por otra parte, hay que recordar, que el MEDE no es propiamente un instrumento europeo sino el resultado de un acuerdo intergubernamental de los Estados de la moneda única. Como ya ha señalado Manuel López Escudero, catedrático de Derecho Internacional Público y letrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el MEDE no está sujeto al derecho comunitario. Este jurista considera un problema la falta de control jurídico de este mecanismo al no estar sujeto al TJUE ni a los tribunales nacionales.
Los 200.000 millones de euros del BEI también hay que matizarlos. En primer lugar no se ha ampliado el capital del banco para aumentar su potencia de fuego y poder asumir así este nuevo compromiso. En realidad se ha creado un nuevo fondo distinto con una cuantía mucho menor para garantizar préstamos. Según el texto del acuerdo el Grupo BEI creará “un fondo de garantía paneuropeo de 25.000 millones de euros, que podría respaldar 200.000 millones de euros de financiación para empresas centradas en PYME”.
La tercera pata, los 100.000 millones de euros para “apoyar principalmente los esfuerzos para proteger los trabajadores y los empleos”, no tiene nada que ver con el seguro de desempleo europeo como se ha dicho. El texto precisamente indica que “la posición de los Estados miembros sobre este instrumento de emergencia no prejuzga la posición sobre futuras propuestas relacionadas con el seguro de desempleo”.
La reticencia a crear un seguro de desempleo europeo, reivindicado desde hace años, es un buen reflejo de la desazón que produce a algunos países compartir instrumentos comunes. Este es el verdadero problema de fondo de la Unión Europea, el rechazo a compartir riesgos, es decir, la oposición a actuar unidos. Vemos el mismo problema en la negativa de Alemania a crear un Fondo de Garantía de Depósitos Europeo, lo que impide completar la Unión Bancaria. La falta de este fondo supone que si vuelve una crisis financiera volveremos a tener el problema de la salida de ahorros a otros países en busca de más seguridad.
Estos reiterados rechazos a asumir instrumentos comunes y a compartir riesgos ponen de manifiesto que la oposición a los eurobonos no es un caso aislado sino que encaja perfectamente con una posición política determinada y una concepción muy particular de la solidaridad.
A pesar de estos obstáculos la batalla continúa. El acuerdo del Eurogrupo será objeto de debate en el próximo Consejo Europeo, (reunión de jefes de Estado o de Gobierno) del próximo día 23 de abril que deberá debatir y aprobar su contenido. El próximo Consejo Europeo será especialmente importante para el desarrollo del Fondo de Recuperación a través del presupuesto europeo. Este fondo, “sería temporal, específico y acorde con los costos actuales de la crisis actual”. Su cuantía podría ser equivalente al 2% del PIB de la Unión Europea, lo que supondría generar unos recursos de más de 300.000 millones de euros, que según las aplicaciones que se les den permitirían movilizar hasta tres billones de euros. Hacen falta muchas más precisiones sobre el contenido y la financiación del Fondo de Rescate.
En relación a las fuentes de financiación del Fondo de Recuperación, en el acuerdo del Eurogrupo hay una referencia a “instrumentos financieros innovadores” que ha despertado muchas expectativas. Existen varias interpretaciones sobre el posible significado de los “instrumentos innovadores”. El ex vicepresidente de la Comisión Europea Joaquín Almunia, interpreta en El País que la referencia alude a que volverá a aparecer el debate sobre los eurobonos. Por otra parte, pensando más en las necesidades de recursos fiscales, otros análisis apuntan a la creación de nuevos impuestos específicos para las rentas más elevadas.
Aunque el Gobierno alemán mantiene la postura cerrada de su canciller Ángela Merkel desde que manifestó que “no habrá eurobonos mientras yo viva”, lo cierto es que la realidad de la sociedad alemana está cambiando. La revista alemana Der Spiegel publicó un editorial a primeros de abril que se pronunciaba abiertamente a favor de los eurobonos. Los Verdes, por su parte, mantienen una posición claramente a favor de mutualizar la deuda. También han sido significativas las palabras del presidente de Alemania, el socialdemócrata Frank-Walter Steinmeier, quien ha manifestado que Alemania no podrá “salir de la crisis fuerte y sana”, si sus vecinos, “no resultan también fuertes y sanos”.
El próximo día 16 conoceremos la voz del Parlamento Europeo, que hará su primer pronunciamiento oficial sobre la crisis de la covid-19. En abril de 2019, la Eurocámara ya se mostró claramente a favor de crear instrumentos para mutualizar la deuda, como los eurobonos, con 448 votos a favor y 199 en contra. El presidente David Sassoli se ha mostrado recientemente a favor de emitir este tipo de instrumentos de deuda compartida. En la medida que vaya agravándose la crisis más difícil será para los países del norte mantener su postura. Mientras que a los países del sur no les queda otra alternativa que seguir presionando. Tal como está organizada la zona euro, abandonar el club de la moneda única sólo acarrearía más dificultades. La batalla será larga pero no está perdida.
