La espiral del conflicto catalán
Peligro: El inmovilismo de Mariano Rajoy y la radicalización de los independentistas arrastran la situación al borde del caos.
VIOLENCIA EN EL 1-O La policía desaloja a los manifestantes tras retirar las urnas en un colegio de Barcelona. FOTO: VICTOR SERRI
El conflicto político entre la Generalitat de Catalunya y el Gobierno central viene de lejos. Pero durante los últimos cinco años la tensión entre el Gobierno de Mariano Rajoy y los ejecutivos encabezados por Artur Mas y Carles Puigdemont ha enfilado una espiral cada vez más peligrosa. Durante este tiempo el contencioso se ha mantenido en varios planos: el de la financiación autonómica (pacto fiscal), el político (resoluciones del Parlament de Catalunya) y el legal (litigios en los tribunales resueltos básicamente a través de sentencias del Tribunal Constitucional). Estos procesos han adquirido un cariz cada vez más enconado a consecuencia del inmovilismo de Rajoy y la radicalización de los independentistas.
El punto de partida de este largo desencuentro hay que situarlo en la sentencia del Tribunal Constitucional de junio de 2010. El máximo tribunal anuló 14 artículos del Estatuto de Autonomía y reinterpretó otros 27. La decisión judicial se produjo sobre un texto que tras su aprobación inicial por el Parlament había sido “cepillado” por el Congreso de los diputados en palabras del ex vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra. A pesar de todo, el Estatut recortado fue aceptado y aprobado en referéndum por los ciudadanos de Catalunya en junio de 2006 con el apoyo del 73,9% de los votos. No deja de ser sorprendente que cuando llegó la sentencia del Tribunal, en 2010, el Estatut había estado vigente durante cuatro años sin ningún problema.
De todas formas, durante estos cuatro años se había abierto otra grieta entre la Generalitat y el Gobierno central por la falta de inversiones en infraestructuras en Cataluña. Fue a finales de 2007, cuando el presidente de la Generalitat, José Montilla, advirtió de la creciente “desafección” de Cataluña hacia España.
No al modelo vasco
Este clima de malestar se concretó en una resolución del Parlamento catalán en marzo de 2010 en la que por primera vez se planteó la voluntad de emplear todos los instrumentos jurídicos y políticos necesarios para que el pueblo de Catalunya pudiera ejercer su “derecho a decidir”. El movimiento nacionalista adquirió un nuevo impulso con la llegada de Artur Mas a la presidencia de la Generalitat a finales de aquel año.
La sentencia del Constitucional de 2010 marca el punto de partida
La escasez de inversiones abrió otra grieta entre las partes
El nacionalismo cobró fuerza con la llegada al poder de Artur Mas
Dos años después, en septiembre de 2012, el conflicto catalán registró un salto cualitativo tras el rechazo por parte de Mariano Rajoy de negociar un pacto fiscal a propuesta de Mas. Catalunya quería un sistema de financiación similar al del concierto del País Vasco, fórmula rehusada por el ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol al inicio de la transición.
El rechazo de Rajoy, que esgrimió la difícil situación del país, propició la radicalización del Gobierno catalán, que en diciembre de 2012 impulsó una nueva resolución del Parlament en la que se profundizaba en el derecho a decidir. Como ha señalado Antoni Bayona, letrado mayor del Parlamento, “este momento marca probablemente un cambio importante de estrategia política, ya que supone el abandono de la vía estatutaria y la apuesta por un nuevo escenario orientado a conseguir la independencia de Catalunya y a la creación de un estado propio”.
Este cambio se formalizó de una manera más precisa en una nueva resolución de enero de 2013: Declaración de soberanía y el derecho a decidir del pueblo de Cataluña. El aspecto más polémico de la resolución era el reconocimiento al pueblo de Catalunya del carácter de sujeto político y jurídico soberano. Esta resolución fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, que recordó que la soberanía reside en el pueblo español. A pesar del cambio radical que supuso el abandono del marco estatutario y la pretensión de crear un Estado independiente, la estrategia política catalana se basaba todavía en la consecución de estos fines mediante el diálogo y acuerdos con el Estado.
El rechazo de Rajoy a la propuesta fiscal fue un salto cualitativo
La Generalitat decidió abandonar el marco estatutario en 2012
En 2015 se abrió la vía unilateral hacia la independencia
En esta actitud de moverse dentro del marco legal, el Gobierno catalán solicitó al Congreso de los Diputados la delegación de competencias para poder realizar un referéndum sobre el derecho a decidir que fue rechazado en abril de 2014 por el 86% de los votos. Aprovechando la reciente ley de consultas del Parlament de septiembre de 2014, el Gobierno de Mas convocó el referéndum sobre el futuro político de Catalunya conocido como el 9-N. El Gobierno central lo toleró, subrayando que no tenía valor jurídico. En el evento participaron 2,3 millones de ciudadanos, (el 37% del censo), de los que el 80% votaron a favor de que Catalunya fuera un Estado independiente. La declaración de independencia del 9-N fue anulada por el Tribunal Constitucional.
Estado independiente
En noviembre de 2015 se registró un nuevo salto cualitativo con una nueva resolución del Parlamento catalán que significó el inicio del proceso constituyente para lograr la independencia de manera unilateral, por la vía de los hechos y sin negociación con el Estado. Se trataba de crear “un Estado catalán independiente en forma de república”. La resolución se basaba en el principio democrático, apoyado en la mayoría de votos, que prevalece sobre el principio de legalidad al precisar que “el Parlamento de Catalunya insta al futuro Gobierno a cumplir exclusivamente las normas o los mandatos emanados de esta cámara legítima y democrática”.
Dos caras de la misma moneda
Esta resolución planteaba una contradicción entre el principio democrático y de legalidad. Una contradicción que es negada por la mayoría de juristas. En este sentido el profesor Bayona ha precisado que “en cualquier sistema democrático, la democracia y la legalidad son elementos indisociables o si se quiere expresar de una manera más práctica y sencilla, son las dos caras de la misma moneda”. La resolución fue también declarada inconstitucional.
URNAS Votación en San Cugat (Barcelona). FOTO: ANDREA BOSCH
La última etapa en la que se consuma definitivamente la ruptura con el Estado se desarrolló en las sesiones parlamentarias del 6 y 7 de septiembre, celebradas en un clima de extrema tensión y llenas de ilegalidades. La Cámara aprobó en primer lugar la Ley de Referéndum, que “prevalece jerárquicamente sobre todas las normas que puedan entrar en conflicto”. Es decir, se situaba por encima de la Constitución y del Estatut. La norma establecía que si en el recuento de votos del referéndum “hay más votos afirmativos que negativos, el resultado implica la independencia de Catalunya”. La declaración formal de independencia se realizaría en los dos días siguientes a la proclamación de los resultados.
La Cámara aprobó también la ley de Transitoriedad Jurídica y Fundación de la República. Ambas normas se aprobaron con sólo 72 votos (de 135) y con todo tipo de irregularidades, lo que provocó que la oposición abandonara la Cámara. No se permitió presentar enmiendas, se rechazó el dictamen del consejo de garantías estatutarias y no se tuvieron en cuenta las ilegalidades advertidas por el secretario general del Parlamento. El referéndum del 1 de octubre logró una participación del 42,5% con un 90% de votos afirmativos. Al cierre de esta edición todo estaba listo para la declaración unilateral de independencia.
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