Guerra abierta entre el Gobierno y las eléctricas
La batalla contra el oligopolio eléctrico deja de ser una pugna entre expertos y se convierte en un enfrentamiento público contra los abusos.
El aumento desorbitado del precio de la luz ha provocado una guerra abierta entre el Gobierno y el oligopolio de las compañías eléctricas integrado por Iberdrola, Endesa y Naturgy, que acaparan el 80% de los clientes. Por primera vez en la historia, el Ejecutivo español ha decidido intervenir sobre el precio y ha reclamado a las compañías más de 2.600 millones de euros que estas habían obtenido vendiendo energía —nuclear e hidráulica principalmente— a unos precios muy por encima de sus costes reales. Son una parte de los llamados windfall profits (beneficios caídos del cielo). Las compañías han reaccionado con la amenaza de recurrir ante los tribunales y han amagado incluso con el cierre de las nucleares, aunque después retiraron la amenaza. El Gobierno cuenta con el respaldo de Bruselas.
Noticia dominante
La fuerte subida del precio de la electricidad se ha convertido en la gran batalla económica y social de los últimos meses en España. El pulso soterrado que durante años han mantenido las autoridades y consumidores con las compañías ha saltado por primera vez a la opinión pública al convertirse en la noticia dominante en los últimos meses. La profundización de la crisis ha puesto al descubierto los injustificados privilegios que han detentado las eléctricas y quieren mantener.
La subida es mucho más fuerte que en Francia e Italia
El mercado en el que se fijan los precios está mal diseñado
La creciente inquietud de los consumidores y pequeños y medianos empresarios se debe a un aumento de la factura de la luz de hasta el 40% en lo que va de año, según los cálculos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). El Instituto Nacional de Estadística (INE) estima que la luz es ahora el 34% más cara que antes de la pandemia. Aunque los precios en España son los quintos más caros de Europa, el encarecimiento durante la pandemia ha sido muchísimo más intenso en comparación con Italia y Francia, que han registrado alzas del 6,8% y 3,7%, respectivamente, según Eurostat y Funcas.
Las causas próximas de este incremento se encuentran en el brutal aumento del precio de la electricidad en el mercado mayorista, que comparten España y Portugal, al pasar desde los 28,49 euros gegavatio-hora (MWh) del pasado febrero hasta los 154,16 euros del 13 de septiembre, un aumento de más del 250%, según el Gobierno. La verdad es que el precio siguió subiendo hasta los 188,18 euros el MWh del 16 de septiembre, la cifra récord al cerrar esta edición.
El coste de la electricidad del mercado mayorista afecta al 50% del precio de la factura que pagan los 10,7 millones consumidores del mercado regulado por el Gobierno acogidos al precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC). Otros 16 millones de usuarios pertenecen al llamado mercado libre, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que tienen contratos privados con las compañías que, en general, son más caros.
Las causas próximas del aumento de precios de la electricidad del mercado mayorista responden al disparatado incremento del precio del gas en los mercados internacionales, que ha superado el 300% en lo que va de año. Este extraordinario encarecimiento del precio del gas ha sido consecuencia del aumento de la demanda de los países asiáticos, especialmente China, del incremento de la inestabilidad de suministro por parte de Rusia y de la incertidumbre provocada por la suspensión del suministro de Argelia a través de Marruecos.
Financiarización de la energía
“El problema del mercado del gas no es de precio, sino de suministro”, según una importante fuente de la Comisión Europea. “En este sector”, añade, “existe una creciente financiarización de las transacciones internacionales que suponen más presión para el incremento de los precios”. En medios comunitarios la preocupación se centra sobre todo en los posibles problemas de abastecimiento más que en el precio.
2.600 millones de euros
Obtenidos por el oligopolio de las eléctricas al vender energía a precios por encima de su coste real
34% subida de la factura de la luz desde la pandemia.
Un segundo factor que ha empujado al alza el precio de la electricidad en el mercado mayorista ha sido el incremento de la cotización de los derechos de emisión de CO2 con valores superiores a 70 euros la tonelada, lo que supone subidas superiores al 120% respecto a hace un año. El mercado de los derechos de emisión también se ha visto encarecido artificialmente por la creciente entrada de fondos de inversión internacionales con fines especulativos.
Sin embargo, hay un tercer factor que agrava esta situación. Se trata del mal diseño del mercado marginalista existente en España. De acuerdo con este sistema, se realizan subastas diarias entre las distintas empresas generadoras que ofrecen su energía a las comercializadoras que la desean adquirir. Al principio se ofrecen las energías más baratas (nucleares, eólicas y solares), cuya producción es bastante rígida por distintos motivos. Luego entra en juego la hidráulica, que cuenta con agua embalsada, y, finalmente, las energías más caras, correspondientes a las plantas térmicas que emplean el carbón o gas. Según el sistema marginalista, la última energía que entra en el sistema, que es la más cara, es la que determina el precio de todas.
Este mecanismo, sin embargo, se ha convertido en un instrumento de perversión al retribuir con el alto precio del gas energías de instalaciones ya amortizadas y de coste muchísimo más barato, como las nucleares y las hidroeléctricas. Además, este mecanismo se ha empleado como el más descarado instrumento de especulación por parte de las hidroeléctricas. Como recordó recientemente la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, al referirse a “la falta de empatía” de las compañías que habían vaciado embalses para vender energía en los momentos de precio más alto. Ribera recordó que la energía hidroeléctrica, una de las más baratas, había marcado el precio en el 65% de las ocasiones en junio y en el 64% en julio. La lógica de la libre competencia era papel mojado.
¿Es esto competencia?
El catedrático de Economía Aplicada Enrique Palazuelos ha puesto al desnudo el funcionamiento del sistema en su libro El oligopolio que domina el sistema eléctrico (Akal). Señala Palazuelos que las tres principales compañías (tripolio) “proporcionan alrededor del 60% de la producción eléctrica y, al mismo tiempo, sus filiales adquieren una proporción todavía mayor para venderla a los consumidores. Por tanto, con un nombre intervienen como oferentes mayoritarios y con otro nombre parecido lo hacen como demandantes aún más mayoritarios”. A la vista de esta realidad, considera: “pierde cualquier significado real la pretensión de calificar como competitivas las relaciones que se establecen en el pool (nombre del mercado mayorista de electricidad), como si hubiese múltiples y diversos agentes que interviniesen en el intercambio”.
Liberales extremos
El economista Jorge Fabra, fundador de Economistas Frente a la Crisis y expresidente de Red Eléctrica, considera que el problema es “el mal diseño de un mercado marginalista que determina la misma retribución para servicios desiguales. Al haber puesto a competir energías tan diferentes, que prestan servicios tan dispares, se están produciendo destrozos muy serios en la economía”. Se refiere, por ejemplo, a que la hidroeléctrica siempre está disponible, mientras que eólica depende del viento, la fotovoltaica del sol y el gas hay que importarlo. “Se trata de diferentes servicios que son útiles si se unifican”, añade. En su opinión, la raíz de este problema es que el diseño de este mercado "se realizó en un momento en que en la Unión Europea dominaban las doctrinas liberales más extremas”.
La vicepresidenta Nadia Calviño, en el Congreso de los Diputados. Foto: Eva Ercolanese
La necesidad de revisar la normativa europea también ha sido puesta de manifiesto por Josep Borrell, alto representante para la Política Exterior de la Unión y vicepresidente de la Comisión Europea. “El sistema tendrá que ser revisado”, ha manifestado, “porque la traslación del precio del gas a otras energías con un coste de producción más reducido, que no tienen nada que ver con el gas, no tiene justificación económica”.
Jorge Morales de Labra, ingeniero, uno de los mejores conocedores del sector de la energía y presidente de Próxima Energía, estima lo siguiente: “el sistema marginalista en la actual etapa de transición energética no tiene ningún sentido, ni en España ni en Europa. En este sistema se asigna el precio de la oferta más alta a la totalidad de la energía. Resulta totalmente inadecuado en un mercado en el que participan tecnologías que nada tienen que ver entre sí”. Y enfatiza: “en España el sistema marginalista es peor que en otros países porque los precios del mercado mayorista se trasladan directamente a la factura de los consumidores”.
Se acabó la paciencia
Los abusos y desafíos de las hidroeléctricas en esta coyuntura colmaron la paciencia del Gobierno. Por una parte, el vaciado de pantanos por las hidroeléctricas, y, por otra, las ofertas de Naturgy, Iberdrola y Endesa a principios septiembre de contratos privados de entre 58 y 60 euros MWh durante dos años, cuando el precio mayorista estaba a 140 MWh, lo que confirmaba que en la práctica operaban con un amplio margen de negocio.
Las empresas van a devolver sus beneficios sobrevenidos
El Ejecutivo pide a Bruselas que frene la especulación
La respuesta del Gobierno se llevó a cabo a través de un Real Decreto del pasado 14 de septiembre con contundentes medidas para proteger a los consumidores y empresas y bajar los precios el 22%. La medida más significativa fue la que obliga a las empresas a devolver los beneficios sobrevenidos por los altos precios del gas. Esto significa que el Gobierno recuperará 2.600 millones de euros hasta el 31 de marzo, que destinará a rebajar la tarifa de la luz. La cifra puede parecer elevada, pero hay que recordar que entre 1997 y 2013 los beneficios caídos del cielo ascendieron a 11.500 millones de euros, según Palazuelos. Jorge Morales califica de “histórica” esta medida, “que muchos habíamos reivindicado hace tiempo”.
Además, el decreto acordó la rebaja del impuesto especial de la electricidad del 5,1% al 0,5% y amplió la suspensión del impuesto sobre el valor de producción de energía eléctrica, del 7%. Junto con la rebaja del IVA de la luz al 10% acordada en junio, el Gobierno dejará de recaudar 1.400 millones de euros. También se estableció un suministro mínimo vital para garantizar la situación de los consumidores vulnerables.
Joan Herrera, abogado especialista en renovables, ex director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (Idae), se muestra muy favorable a las medidas. “Ningún gobierno se había atrevido a exigir la devolución de 2.600 millones. El gran problema del sistema marginalista es que, además de injusto, es ineficaz”, explica. A su juicio, “en primer lugar, el mercado marginalista debería hacerse diferenciando las distintas energías. En segundo lugar, se debería utilizar la energía hidráulica como garantía de las energías no gestionables como la eólica y fotovoltaica, que no están disponibles cuando no hay viento o está nublado. Y, en tercer lugar, si la hidráulica cumple esta función de garantía se podría retribuir más”.
El bono social
La creación del suministro mínimo vital ha despertado críticas a las entidades que defienden a los más vulnerables. María Campuzano, portavoz de la Alianza contra la Pobreza Energética, sostiene: “lo que han hecho no es garantizar un suministro mínimo vital. Lo único que han hecho es alargar seis meses más la prohibición actual de cortar el suministro a las familias consideradas vulnerables durante cuatro meses. Por otra parte, todo está dirigido a los que tienen el bono social, pero no se dice nada de los demás”. En España había un total de 1.270. 897 beneficiarios del bono social en 2020.
La batalla del Gobierno se dirige ahora hacia Europa. Nadia Calviño y Teresa Ribera, vicepresidentas primera y tercera del Gobierno, respectivamente, han dirigido un escrito al vicepresidente de la Comisión Europea (Frans Timmermans) y a las comisarias Kadri Simson (Energía) y Margrethe Vestager (Competencia) en el que solicitan al Ejecutivo comunitario que actúe de forma coordinada. La misiva alerta de la necesidad de actuar contra las operaciones especulativas, como ha ocurrido en el mercado de derechos de emisión de CO2. Las vicepresidentas piden a Bruselas directrices flexibles que ofrezcan distintas opciones a los Estados. Consideran que si las reglas de juego se establecen en las leyes europeas, "los remedios también deben hacerlo”.
