Claves para afrontar la reconstrucción
España se apresta a recibir una lluvia de dinero para reconstruir y modernizar su economía. Será gracias al fondo Next Generation UE, de 750.000 millones de euros, aprobado por la Unión Europea para ayudar a los países más castigados por la pandemia de la covid-19. A España le corresponden 140.000 millones, de los cuales 70.000 serán ayudas directas que no habrá que devolver, y los 70.000 restantes, préstamos en muy buenas condiciones. Si sumamos el fondo al presupuesto a largo plazo de la UE, estamos ante el mayor paquete de estímulo financiado por la Unión en toda su historia: 1,8 billones de euros.
Los objetivos del plan son ambiciosos: acelerar la transición ecológica y la transformación digital y promover la igualdad de género y la cohesión social y territorial. Para España, en palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, significa impulsar “la mayor modernización económica y social desde la Transición”.
Aprovechar al máximo
España será, después de Italia, el país más beneficiado por los fondos Next Generation EU. Durante los próximos tres años podrá recibir transferencias por un importe máximo de 71.604 millones de euros a través de dos instrumentos de inversión: el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), de 59.168 millones de euros, y el React-EU, de 12.436 millones.
Expertos encuestados por 'Alternativas Económicas' coinciden en que los fondos procedentes de Bruselas deben ayudar a crear empleo de calidad y reducir las desigualdades
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por el Gobierno español en octubre, servirá de guía para aprovechar al máximo los fondos procedentes de Bruselas. Su objetivo es crear 800.000 puestos de trabajo en los próximos tres años y recuperar el ritmo de crecimiento económico previo a la aparición del coronavirus. Mientras tanto, el decreto ley aprobado el 28 de enero en el Congreso de los Diputados para facilitar la ejecución de las ayudas se tramita como proyecto de ley para incluir enmiendas de los grupos políticos.
El control del dinero
La gestión de los fondos se va a dividir casi al 50% entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. Manejar tal cantidad de dinero —y asegurarse de que no se desperdicia — representa un reto descomunal para ambas administraciones. En este sentido, el Consejo de Estado ha criticado la eliminación de controles administrativos en el proceso de asignación de las ayudas y ha pedido que se ejerza “un riguroso control en cuanto a la asignación de los fondos y su vinculación a los fines para los que sean concedidos”. El Ejecutivo ha prometido que el proceso de decisión será “transparente, concurrente y competitivo”.
Los gobiernos regionales recibirán transferencias para financiar proyectos en sus ámbitos de competencia (sanidad, educación, empleo, medio ambiente, etc.) y deberán rendir cuentas del destino de los fondos, como exige Bruselas. Las ayudas no podrán ser usadas para financiar gasto corriente o deuda pública, sino únicamente inversiones y reformas de futuro. A partir del segundo trimestre del año, el Gobierno central y las comunidades comenzarán a seleccionar las iniciativas que recibirán apoyo y el dinero comenzará a fluir. Multitud de empresas y entidades han empezado ya a presentar sus proyectos.
¿Para qué?
Alternativas Económicas ha consultado a una docena larga de economistas, sindicalistas, dirigentes patronales, expertos en tecnología, feministas y representantes de ONG para identificar cuáles deben ser las prioridades a la hora de repartir las ayudas. De sus respuestas puede extraerse un denominador común: el dinero debe servir para reducir las desigualdades de renta, crear empleo estable y de calidad y reforzar el estado de bienestar.
