Golpe a los centros especiales de empleo
El sector de inserción a personas con discapacidad alerta del impacto de la subida del SMI sin ayudas públicas.
Un centro especial de empleo es la primera vía de integración para personas con discapacidad.
Foto: ASPROS
Un total de 656.368 euros es el impacto que supone la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para Asproseat grup (un conjunto de entidades sociales sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad), si bien 300 personas con discapacidad que trabajan en los tres centros especiales de empleo de la organización se pueden beneficiar de una medida que mejora su calidad de vida. El 83,4% de la plantilla son personas con una discapacidad de tipo intelectual, o bien física o sensorial con un grado mayor al 65%, y forma parte de las más de 10.000 personas con especiales dificultades contratadas en centros especiales de empleo en Cataluña. La subida del SMI pone en peligro la viabilidad de estos centros: es casi imposible repercutir el impacto económico a los clientes y tampoco se puede sufragar incrementando la productividad.
El incremento del 22% del SMI ha hecho tambalearse a todo el sector. No ha ido acompañado de ayudas por parte de la Administración para amortiguar el impacto, ni de un margen de tiempo para contrarrestarlo. No todas las entidades se encuentran en la misma situación; en concreto, Asproseat dispone de una variedad de servicios en diferentes áreas productivas y puede hacer frente al pago del nuevo salario.
Un recurso laboral para que las personas con discapacidad ganen autonomía, adquieran hábitos laborales y mejoren sus capacidades relacionales para poder saltar a la empresa ordinaria. Así se entiende conceptualmente un centro especial de empleo (CEE), cuyo objetivo es desarrollar un trabajo productivo regido por las normas de mercado, ser económicamente sostenible. Además, está obligado a facilitar la integración laboral de las personas con discapacidad.
Cabe destacar que la movilidad de los trabajadores de los centros especiales hacia la empresa ordinaria no depende exclusivamente de la labor de los primeros, sino que la responsabilidad hay que buscarla en el engranaje del mercado y las políticas en materia de inclusión. Nos encontramos lejos del escenario ideal en que las empresas priorizan la creación de puestos de trabajo para personas con discapacidad y el entorno protegido acaba siendo prácticamente la única opción laboral para este colectivo.
RECORTES
A la crisis de financiación por la subida del SMI a la que se asoman peligrosamente los centros especiales de empleo hay que sumar los recortes en las subvenciones por creación de puestos de trabajo, entre otros.
Como empresas de economía social buscamos nuevas líneas productivas e implicamos a las empresas para que incluyan programas de responsabilidad social corporativa (RSC) en favor del colectivo. Organizamos de manera flexible los equipos de trabajo y subdividimos los procesos productivos en pasos simplificados para generar puestos de trabajo adaptados. Sin embargo, en ocasiones, la capacidad laboral puede verse reducida por un deterioro acelerado debido al envejecimiento prematuro de los trabajadores con discapacidad intelectual. Es aquí cuando la Administración debe poner en marcha toda su maquinaria para ofrecer soluciones.
El sector reivindica el retorno de la inversión que recibe
Las cifras presentadas por AEES Dincat, que representa a 226 entidades catalanas de iniciativa social del sector de la discapacidad intelectual, apuntan a un déficit de 74.800.000 euros de financiación pública: 69 millones del Gobierno de España, incluyendo una partida para inversión, y casi 6 millones de la Generalitat catalana para hacer frente al envejecimiento.
El análisis del retorno económico directo de la inversión en los CEE mediante aplicación de metodología SROI, realizado en varias entidades del sector de la discapacidad, entre las cuales Asproseat grup demuestra que devolvemos a la sociedad más que el importe invertido por las Administraciones. Por cada euro retornamos 3,66 euros en forma de valor económico, social y ambiental, por lo que defendemos la importancia de los centros especiales como generadores de riqueza en nuestra sociedad.
