Acoso a la economía solidaria
El Ayuntamiento de la capital y las empresas del sector confían en que las denuncias de irregularidades por parte del PP caerán en saco roto.
V Feria de la Economía Social y Solidaria de Madrid, celebrada en septiembre de 2017. FOTO: MERCADO SOCIAL DE MADRID
Los ataques contra la economía social y solidaria madrileña comenzaron en primavera y se recrudecieron con la llegada del verano. Fue a principios de julio cuando el grupo municipal del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de la capital presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por entender que los contratos adjudicados manera directa por el equipo de gobierno de Manuela Carmena a entidades del sector pueden incurrir en delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias.
Según el PP, una “red clientelar” de entidades vinculadas a Ahora Madrid (la candidatura encabezada por Manuela Carmena) se ha beneficiado de contratos menores, convenios y subvenciones municipales por valor de 20 millones de euros durante los últimos tres años. “Hay una actividad sistemática por parte del Ayuntamiento dirigida a privilegiar a un determinado grupo de personas cercanas en lo personal y en lo ideológico”, sostiene la denuncia, presentada después de que el pleno del Ayuntamiento rechazara la apertura de una investigación sobre el asunto con los votos de Ahora Madrid y el PSOE. El asunto fue abordado por la Comisión de Vigilancia de la Contratación, que no detectó irregularidad alguna.
El gobierno municipal vaticina que las acusaciones del PP caerán en saco roto porque no son más que un intento del principal partido de la oposición, que gobernó la capital durante 25 años ininterrumpidamente (1991-2015), por ocultar los casos de corrupción que jalonaron su actuación. El Consistorio responde a las acusaciones poniendo cifras sobre la mesa. Las cooperativas solo recibieron el 2% de los contratos menores (con un valor inferior a los 40.000 euros si se trata de contratos de obras o inferior a 15.000 si son de suministro o de servicios) adjudicados en el año 2017, que a su vez supusieron únicamente el 0,6% del presupuesto municipal, de 5.000 millones de euros. Las empresas que más adjudicaciones directas recibieron fueron sociedades limitadas y anónimas, que recibieron, respectivamente, el 53% y el 24,8% de los contratos menores. Las primeras de la lista: Ferrovial, Hardford y Ortiz, empresas privadas que ya trabajaban con el anterior Consistorio.
En su denuncia, los populares señalan con nombres y apellidos a más de 30 personas, entre ellas seis concejales (Rommy Arce, Pablo Carmona, Jorge García Castaño, Celia Mayer, Carlos Sánchez Mato y Guillermo Zapata), asesores municipales y socios de varias cooperativas madrileñas. Una de las entidades señaladas es Tangente, un grupo cooperativo de 14 empresas que, según la denuncia, tiene vínculos directos con el equipo de gobierno de Ahora Madrid porque algunos de sus integrantes han trabajado en empresas de Tangente.
Además de los contratos menores, el PP denuncia un convenio del Ayuntamiento de 610.000 euros con la Red Alternativa de Economía Alternativa y Solidaria (REAS) para promocionar la economía social. REAS agrupa más de 600 empresas y entidades con cerca de 11.000 empleos y unos ingresos de 421 millones de euros en 2017.Según los populares, el convenio “vulnera el principio de libre concurrencia” porque solo favorece a las entidades asociadas a la red. La coordinadora de Reas Madrid, Sandra Salsón, explica que la red ha recibido durante tres años consecutivos convenios entre 250.000 y 300.000 euros con el fin de poner en marcha servicios que no existían en la ciudad para apoyar la creación de cooperativas. Salsón recuerda que la propia red recibió en agosto (como viene haciendo en los últimos años) una subvención de la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, para organizar la VI Feria de la Economía Solidaria, prevista para los próximos 22 y 23 de septiembre.
El PP ve prevaricación, malversación de fondos y tráfico de influencias
El Consistorio cree que se trata de una persecución ideológica
Las cooperativas solo recibieron el 2% de los contratos directos
El PP menciona también el apoyo financiero del gobierno municipal al proyecto MARES de transformación urbana. La iniciativa cuenta con una financiación de 4,8 millones de euros de la UE, pues fue una de los 18 seleccionadas entre 300 propuestas en la convocatoria de la iniciativa Urban Innovative Actions de la Comisión Europea. El proyecto lo promueve el Ayuntamiento junto a ocho socios: Dinamia, Estudio SIC, Vivero de Iniciativas Ciudadanas, Ecooo, Todo por la Praxis, Agencia para el Empleo, Acción contra el Hambre y Tangente.
Sandra Salsón confía en que la denuncia del PP se quedará en nada. “Pensamos que no hay nada de cierto en ella”, sostiene la responsable de REAS Madrid. “Nos ha pillado en medio del fuego político. Nos están utilizando como herramienta para para atacar al gobierno municipal”. REAS Madrid, afirma su coordinadora, no ha hecho nada fuera de la legalidad. “Es cierto que el Ayuntamiento ha hecho una apuesta institucional por la economía social y solidaria como no lo había hecho ninguno antes, pero no es nada extraño: lo mismo han hecho muchas capitales del mundo”.
ECO EN LOS MEDIOS
La presentación de la denuncia es el intento más reciente del PP por mantener vivo un asunto en el que Ahora Madrid ve una persecución ideológica hacia la economía social y solidaria. Las primeras acusaciones sobre la supuesta “red clientelar” afloraron a principios de año y fueron difundidas por varios medios de comunicación de la capital, entre ellos El País y El Mundo. El asunto aflora a falta de un año para las elecciones municipales y coinciden con un momento de auge de las empresas de economía social y solidaria, un sector que en Madrid tiene aún escaso peso económico, especialmente si se compara con Cataluña y el País Vasco, pero que atraviesa una fase de crecimiento.
Los ataques llegan a menos de un año para las elecciones
La economía solidaria no quiere ser arma arrojadiza política
El Ayuntamiento reitera su compromiso con el sector
En las críticas al proceso de contratación por parte del Ayuntamiento se ha sumado el grupo municipal de Ciudadanos, cuya portavoz, Begoña Villacís, asegura que el objetivo de los dirigentes municipales de Ahora Madrid y Podemos al apoyar la economía social y solidaria es asegurarse un puesto de trabajo para cuando pierdan las elecciones. “Cuando hablan de economía solidaria se refieren a lluvia de dinero a afines. Cuando hablan de dinamizadores, se refieren a colocado”, afirmó la concejal.
¿Pueden hacer estas acusaciones daño al sector? Sandra Salsón opina que no están perjudicando a las empresas, aunque sí pueden haber hecho mella en el ánimo de algunas de las personas señaladas. La coordinadora de REAS cree que entre algunos ciudadanos puede calar el mensaje de que todos los partidos son iguales, como pretende, pero quizá también despierte en otros el interés por nuevas formas de hacer economía.
En un artículo publicado en el número de junio de Alternativas Económicas, el delegado de Economía y Hacienda, Jorge García Castaño, reafirmó el apoyo del Ayuntamiento al sector en cumplimiento del programa electoral de la coalición gobernante: “La apuesta y el compromiso del equipo de gobierno de Ahora Madrid por apoyar la economía social y solidaria como eje transformador del modelo de promoción económica y de desarrollo sostenible inclusivo de la ciudad de Madrid es firme. Y en estos momentos, en los que algunos grupos políticos y medios de comunicación insisten en poner en cuestión la profesionalidad y contribución de las entidades que conforman este sector a la generación de riqueza económica y social, no cabe sino reforzar este compromiso”.
