A la ley le pido
Experto en finanzas cooperativas
ANÁLISIS
A pesar de los avances en la ley, queda camino por recorrer
Muchas sociedades democráticas avanzados se están dotando de una ley de la economía social (España, Francia, Portugal, México, Quebec…). El Estado español fue pionero, y después de más de tres años de su publicación, el reconocimiento de las empresas de economía social en el desarrollo socioeconómico del país es todavía injusto, aunque la ley fue un paso muy importante.
En un Estado con 17 comunidades y dos ciudades autónomas, nos encontramos con casi otras tantas leyes de cooperativas y una ley estatal de economía social, además de otras leyes que afectan muy directamente al sector (emprendeduría, mecenazgo, beneficios fiscales…). Si a esta diversidad le añadimos sucesivas modificaciones resulta una complejidad grande, y se convierte en seña y a la vez debilidad del sector. Esta situación contrasta con la de otros países con una gran estabilidad jurídica en comparación.
Esta circunstancia no me parece menor cuando observamos que no existen instrumentos financieros (capital riesgo, garantías, mercado secundario…) propios de la economía social a escala estatal, por muy necesarios que sean. Y quizá no puedan existir en este marco, como algunas experiencias parecen sugerir, ya que la sostenibilidad técnica de tales organismos exige, en general, un mercado mayor del que representan casi todas las autonomías individualmente.
En este sentido, leyes como las de Quebec, Italia o Francia, facilitan al mismo tiempo la cohesión y el impulso del movimiento cooperativo y la economía social y solidaria en general, mediante la creación de fondos autogestionados, constituidos por las mismas empresas de la economía social, más allá de las familias (agrarias, asociaciones, mutuas, de consumo, de crédito, de trabajo, fundaciones…), con la participación de los agentes sociales y en menor medida de los gobiernos.
En estos momentos, con una financiarización profunda de la economía y la vida de las personas, en la economía social deberíamos ser capaces de ofrecer una alternativa real a tanta gente que reconoce como cantos de sirena cuando bancos y multinacionales hablan de responsabilidad social. Para construir y afianzar esa alternativa será necesario disponer de instrumentos financieros independientes, y en esto nuestras leyes, estatales y autonómicas deberían ayudar, aunque quizá primero sea el movimiento social el que ponga en marcha sus propias soluciones. Nos queda mucho camino por recorrer, sabemos cómo hacerlo y la sociedad está preparada.
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