La batalla contra la protección de las inversiones fósiles

Cinco jóvenes víctimas del cambio climático han denunciado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a 12 Estados europeos por proteger las inversiones fósiles a través del Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE). En su denuncia, hacen valer que el TCE otorga a las empresas el poder de perseguir judicialmente a los Estados por sus políticas climáticas en el marco de unos arbitrajes de inversión cuyo trabajo se desarrolla a puerta cerrada. Este tratado plurilateral,  que se remonta a la década de 1990, ha sido señalado en su último informe por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (GIECC) como un obstáculo para la transición ecológica. Es el que ha provocado más litigios entre los inversores y los Estados, con unos 150 casos.

 

Y los profesionales del arbitraje adelantan un aumento a medida que crezca la ambición climática de los Estados. Así, dos empresas energéticas, RWE y Uniper, han reclamado a Países Bajos 2.400 millones de euros  en compensaciones financieras por el cierre programado de las centrales de carbón de aquí a 2030. En algunos casos, los gobiernos se pliegan ante los inversores, como Alemania, que  ha aceptado revisar a la baja algunas exigencias medioambientales de Hamburgo relativas a una central de carbón explotada por Vattenfall. En caso de éxito, la demanda de esos jóvenes podría llevar al Tribunal a declarar que, según la Convención Europea de Derechos Humanos y para proteger los derechos de los demandantes, los Estados deben suprimir los obstáculos para la transición que les impone el tratado. A muy corto plazo, se trata también de pedir a los Estados que no acepten la “modernización” a la baja de dicho tratado como se anunció el pasado 24 de junio. 

 

Según el acuerdo modernizado, las inversiones fósiles existentes seguirán estando protegidas 10 años más a partir de su ratificación efectiva por tres cuartas partes de los países. Respecto a las nuevas inversiones en el sector de las energías fósiles, aunque el fin de la protección está previsto para agosto de 2023, en realidad no afectaría a algunos oleoductos y centrales de gas, protegidos hasta 2040. Al final, el campo de aplicación del tratado podría incluso ampliarse, ya que estarían protegidas las inversiones en nuevas materias energéticas, como el dióxido de carbono, el hidrógeno, la biomasa, el biogás y los combustibles sintéticos. 

En consecuencia, el TCE sería un arma temible en manos de las industrias fósiles para retrasar, disminuir o encarecer la transición ecológica. Pero no hay nada dicho hasta que no se celebre este mes de noviembre la conferencia para validar por unanimidad el acuerdo de principio.

 La vicepresidenta segunda y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, declaró en octubre al periódico Politico que España ha iniciado el proceso de salida del TCE.