EE UU-Europa: una pugna de 369.000 millones

El presidente estadounidense, Joe Biden, firmó en agosto pasado la Inflation Reduction Act (IRA), una ley de 500.000 millones de dólares de gasto y 740.000 de ingresos en el plazo de 10 años que permitirá, entre otras cosas, ayudar a la protección social de los más pobres, contratar inspectores de Hacienda y conseguir que los beneficios obtenidos en el extranjero por las multinacionales estadounidenses paguen una imposición mínima del 15%.

Ninguna de estas cosas puede incomodar a los europeos. Lo que sí les molesta son los 369.000 millones del plan destinados a que la economía estadounidense sea más verde. ¡Por fin los dirigentes estadounidenses actúan a favor de la protección del clima!

El plan pretende reducir las emisiones de carbono de EE UU favoreciendo el uso de los coches eléctricos, la energía eólica, los paneles solares, el hidrógeno verde, etcétera, con el objetivo de reducir en un 40% las emisiones de aquí a 2030. Seguramente es un objetivo demasiado ambicioso y con pocas posibilidades de alcanzarse, pero, en cualquier caso, sitúa a Estados Unidos en la vía correcta.

Entonces, ¿por qué los europeos están en contra de esos proyectos? Porque Biden ha hecho de su plan un instrumento de política industrial. Por ejemplo, un estadounidense cobrará 7.500 dólares de subvención por comprar un vehículo eléctrico… con la condición de que las piezas y su montaje se hagan mayoritariamente en EE UU ¡y allá se las arreglen los coches del Viejo Continente!  En resumen, Washington quiere adquirir compromisos para salvar el clima, pero con inversiones y empleos en su suelo.

 

La puesta en marcha del plan estaba prevista para el 1 de enero y los dirigentes europeos, con Emmanuel Macron y Olaf Scholz a la cabeza, comienzan a alarmarse. Los alemanes piden tener, a su vez, subvenciones, pero Países Bajos y Suecia están en contra de iniciar esa competición. Macron quiere, por su parte, una Buy European Act para reservar los mercados públicos a las firmas europeas. En resumen: como siempre, Europa muestra su cacofonía.

 

Y, sin embargo, el tiempo apremia. Toda esta historia tiene lugar, además, en un momento en el que la guerra en Ucrania hace que estalle el coste de la energía en Europa, mientras que permanece moderado en EE UU. En estas condiciones, a las grandes empresas les es difícil no plantearse dar prioridad a las inversiones al otro lado del Atlántico: ¡la energía es más barata y los clientes están subvencionados! Safran, Siemens, Volkswagen, BMW y Enel han dado claramente a entender que no son insensibles a esos cantos de sirena estadounidenses.

 

Los dirigentes políticos europeos han tardado meses en reaccionar al IRA y lo han hecho en modo pánico. Siguen sin comprender que el mundo ha cambiado. 

Algunos de ellos, con Macron a la cabeza, siguen utilizando políticas de oferta a la antigua, bajando el coste salarial mediante las menudencias de la protección social. EE UU, por su parte, se ha lanzado a una nueva política de la oferta progresista: fuerte inversión pública en infraestructuras sanas, desarrollo de una autonomía estratégica para no depender del resto del mundo para productos clave, justicia social frente a privilegios de unos pocos, protección del medio ambiente. 

En eso consiste el IRA. Y la parte verde no es una excepción; tiene por objetivo la creación de logros productivos a largo plazo, locales y financiados no por un hipotético precio del carbono mundial que nadie ve llegar ,sino por una política de subvenciones locales destinada a promover la creación de empleos en suelo estadounidense, y poniendo los medios financieros para lograrlo. 

¿Va contra la doxa liberal de la competencia libre y no distorsionada? ¡Sí! Como dice sin ambages el economista estadounidense Dani Rodrik, “el clima es mucho más importante que la OMC”. En un sentido más amplio: EE UU pone la política industrial por delante de la competencia, lo que constituye otro modo de desmantelar la doxa liberal. 

 

¿Ello fomenta la desglobalización? Una vez más, sí. Las grandes potencias económicas europeas son aliadas de Estados Unidos, y lo seguirán siendo. Pero, incluso en el marco de una globalización reservada a los amigos geopolíticos, el futuro de las economías pasa por la inversión pública nacional, por subvenciones nacionales, por una protección social nacional, todo ello financiado por un aumento de la deuda pública, de los impuestos a los más ricos y por la lucha contra las prácticas fiscales dudosas de las firmas (se esperan unos ingresos anuales de más de 20.000 millones en EE UU). 

Todo ello pertenece a la cuarta dimensión para una Unión Europea que empieza tímidamente a hablar de política industrial, que está pensando en nuevas normas presupuestarias pero, como siempre, con el único objetivo de reducir las deudas públicas, y que está permanentemente a la defensiva.

Es necesario que Europa comprenda, y pronto, que EE UU y China están haciendo que el mundo cambie: es menos liberal, la globalización económica y financiera está en retroceso y el Estado y lo nacional adquieren más peso. Si no cambia de programa, Europa se condenará a seguir lloriqueando durante mucho tiempo ante las iniciativas de los demás.