Tecnología // ¿Es buena la estrategia de Bruselas contra los gigantes digitales?

Para combatir la posición dominante de Google y compañía, la UE tiene un nuevo reglamento. La ambición es grande, pero los medios, pequeños.

Se ha necesitado poco menos de un año —un plazo bastante corto en tiempo bruselense— para que las diferentes instituciones europeas se pongan de acuerdo en el texto de la Ley de Mercados Digitales. Este reglamento, que entrará en vigor en 2023, pretende dar respuesta en el ámbito económico a la creciente hegemonía de los gigantes del sector digital como Google, Facebook y Amazon. Tras cinco años de vigor del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), cuya pretensión era establecer un estándar elevado de protección en la recopilación y utilización de los datos personales, los redactores de la nueva ley han aprendido varias lecciones.  

Controlar al controlador

Mientras el RGPD está dirigido al conjunto de los actores digitales, desde las grandes empresas a la web de una pyme, la norma recién aprobada afecta únicamente a los “controladores de acceso”, es decir, a las plataformas suficientemente grandes como para que todo un ecosistema sea dependiente de sus servicios. Hablamos de aquellas que superan una cifra de negocios de 7.500 millones de euros o tengan más de 45 millones de usuarios en el continente, equivalentes al 10% de la población. Ello atañe a un puñado de empresas: evidentemente, a Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft, pero también, por ejemplo, a la china TikTok y a la europea Booking.

Con ello, el texto europeo evita favorecer a las grandes plataformas en detrimento de las pymes, pues las primeras pueden asumir con más facilidad la inversión necesaria para adaptarse a la nueva normativa. Que Facebook determine la audiencia de los medios de comunicación mediante sus opciones algorítmicas, Amazon absorba a la competencia de los vendedores que pasan por su plataforma y Apple imponga comisiones importantes a través de su tienda de aplicaciones son cuestiones que afectan a un puñado de empresas. Sus servicios se han convertido, en efecto, en pasos obligados, por no decir en infraestructuras fundamentales de nuestras economías. El tono también se ha endurecido: las empresas que contravengan la normativa se exponen a multas elevadas de hasta el 10% de su volumen de negocios mundial y de hasta el 20% en caso de reincidencia. Son unas cantidades, seguramente, muy apropiadas.

Respetar las reglas

El abanico de medidas impuestas por la UE es amplio, pero puede resumirse así: se trata de evitar que los gigantes digitales se sirvan de su posición dominante para promover sus servicios en detrimento de los demás. Como indicaba a finales de 2020 el economista Frédéric Marty: “El proyecto de reglamento no pretende volver a barajar las cartas del juego competitivo, sino hacer que se respeten sus reglas”.
Por ejemplo, esos actores no podrán imponer por defecto determinado software cuando se instala el sistema operativo. Evidentemente, se está pensando en Android, el sistema operativo de los teléfonos móviles de Google, que ofrede por defecto sus propias aplicaciones, de Chrome a YouTube o Gmail. La nueva norma impone también “que se permita a los vendedores el acceso a sus datos de rendimiento de comercialización o de publicidad en la plataforma”: los vendedores terceros que operen en Amazon podrán así acceder a la información relativa sus productos, una información que la plataforma guarda, hoy, celosamente para sí. 

WhatsApp y Telegram deberán ser compatibles entre sí

No se podrán imponer aplicaciones en los teléfonos móviles

La ley ambiciona también imponer la interoperatividad, especialmente a las aplicaciones de mensajería instantánea. Ello significa que, como en el caso del correo electrónico, dos servicios de mensajería instantánea deben ser interoperables entre sí. Ahora es posible enviar un mensaje desde una dirección Hotmail a una dirección Gmail y viceversa, pero ese no es el caso de la mensajería instantánea: desde WhatsApp no es posible comunicarse con Telegram ni Messenger. El objetivo de dicha medida es, sobre todo, acabar con los efectos de red que llevan a los usuarios a concentrarse en un único servicio. Nos apuntamos a WhatsApp porque toda nuestra familia y todos nuestros amigos usan esa aplicación. 
En la misma línea, el texto europeo pretende hacer posible que los que desarrollan aplicaciones accedan “a las funcionalidades auxiliares de los smartphones”, como las antenas NFC. Esta tecnología es la que permite a los teléfonos comunicarse con otros terminales y, de este modo, servir como carta de pago. Apple es un objetivo especial porque reserva la antena NFC de sus iPhone a su solución de pago Apple Pay.

¿Atolladero a la vista?

Si, sobre el papel, estas medidas parecen ambiciosas, ¿podemos esperar que se apliquen total y rápidamente? “Temo que nos encontremos en una situación comparable a la del RGPD, pero  con el atolladero en Bruselas en lugar de en Irlanda”, dice la economista Joëlle Toledano. El RGPD prevé, en efecto, que las denuncias se dirijan al regulador que acoge la sede europea de la sociedad. Dada su condición de paraíso fiscal, Irlanda alberga a Google, Facebook, TikTok, Microsoft, etcétera. Y aunque el regulador acumule varias denuncias, por falta de voluntad o de medios tarda en resolverlas, impidiendo que la legislación europea sea efectiva.

10% de su facturación global multa que podrían pagar las compañías que incumplan la nueva ley

40 personas nada más vigilarán desde Bruselas que se cumpla la norma. Serán 80 en 2025

La aplicación de la nueva norma corresponde a la Comisión Europea, pero ¿contará con más medios que el regulador irlandés? El texto prevé, por el momento, un efectivo de 40 personas en 2023 y 80 a partir de 2025, y la Comisión piensa aumentarlo un poco. “No es razonable que cuando uno se enfrenta a gigantes como Amazon, Google y Apple se apoye únicamente en un centenar de personas”, explica Toledano. “De lo que se trata es de disminuir la asimetría de información entre el poder público y las empresas para que el primero pueda valorar la validez de las respuestas suministradas por las segundas”.

Y la partida de póker ya ha empezado: WhatsApp sostiene que la interoperabilidad de las mensajerías corre el peligro de reducir la seguridad y, por tanto, la protección de la vida privada. ¿Es cierto o se trata de un mero pretexto para evitar una regulación?

Por otra parte, la ley recién aprobada es, según Toledano, más una reglamentación que una regulación: “Cuando se quiere regular un sector hay que poner sobre la mesa a todos los actores para beneficiarse de las contradicciones de cada uno, y aprovechar los argumentos de unos y otros para convergir hacia el interés general. Y en este caso, los servicios de la Comisión se enfrentarán a la empresa, un formato que no ayuda a reducir la asimetría de la información”.

La regulación europea cuenta con los grandes principios. Solo le falta garantizar el método y los medios.