Salud // La batalla contra las enfermedades desatendidas

Surgen múltiples iniciativas internacionales para acabar con dolencias que han sido abandonadas por los laboratorios.

Ya se trate de las vacunas o de los test, la lucha contra la covid-19 ha mostrado que el repliegue nacionalista es más duro que el acero. Sin embargo, desde hace dos décadas y en la estela de la lucha contra el VIH-sida, han surgido una serie las iniciativas para organizar la cooperación internacional en lo referente a investigación y desarrollo (I+D) en sanidad. Estas estructuras, denominadas PDP (product development partnerships o asociaciones para el desarrollo de productos) son una reacción frente a las desigualdades de acceso a los tratamientos médicos. A finales de la década de 1990 se comprobó que el 90% del presupuesto en I+D de los grupos farmacéuticos se dedicaba al 10% de los más ricos del planeta, mientras que enfermedades tropicales como el paludismo, la tuberculosis y la enfermedad del sueño, que representaban más del 10% de la mortalidad mundial, captaban un penoso 1% de las inversiones.

Aunque esas estructuras híbridas que son los PDP no son lo suficientemente fuertes como para competir con la industria farmacéutica, generan asociaciones inéditas entre gigantes del sector como Johnson & Johnson, GlaxoSmithKline y Sanofi y Estados, fundaciones y organizaciones no gubernamentales. Además, permiten dirigir una parte de las inversiones en I+D hacia mercados considerados poco rentables por los laboratorios y hacia los que nunca se dirigirían solos. 

Tratamiento de bajo coste

Una de las primeras iniciativas, surgida en 2003 bajo el impulso conjunto de Médicos Sin Fronteras (MSF) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), es DNDi (Drugs for Neglected Diseases iniciative, iniciativa Medicamentos para Enfermedades Desatendidas). En torno a ella se reúnen cinco socios: el Instituto para la Investigación Médica de Kenia (KEMRI), la Fundación Osvaldo Cruz, de Brasil, el Consejo Indio de Investigación Médica (ICMR), el Ministerio malasio de Sanidad y el Instituto Pasteur de Francia. Para el economista Gaël Giraud, el interés de este tipo de iniciativas radica en el hecho de que “llevan a cabo proyectos que ninguno de esos autores podría realizar en solitario”. 

¿Su finalidad? Encontrar tratamientos de bajo coste para las enfermedades que azotan a los países pobres y causan anualmente decenas de miles de muertes. “Nuestro punto de partida son las necesidades sanitarias; el de llegada, que se pueda acceder a un precio razonable. Son nuestros dos pilares, que, sin embargo están ausentes con frecuencia en la investigación tradicional”, explica Bernard Pécoul, que pasó 20 años en MSF antes de ponerse al frente de DNDi, donde está desde su creación.

El freno principal para intensificar la cooperación es el de siempre: el dinero

La ONG desempeña, en cierto sentido, el papel de director de orquesta sentando en torno a la mesa a un abanico de actores diferentes para cada proyecto: instituciones internacionales (OMS, Naciones Unidas, etc.), organismos públicos (Estados y Unión Europea, entre otros), laboratorios, donantes privados (Fundación Bill y Melinda Gates y Wellcome Trust), asociaciones e investigadores. Frente a cada enfermedad se tienen en cuenta dos vías: identificar una combinación inédita de moléculas ya existentes que aumentan la eficacia y/o reducen los efectos secundarios, o descubrir una nueva molécula, lo que es más largo y más complejo y, por tanto, mucho más costoso. DNDi coordina todas las etapas, desde la recogida de fondos para la investigación hasta la producción, pasando por la obtención del permiso para la comercialización en las diferentes zonas afectadas.

En ocasiones el éxito brilla por su ausencia, como en los proyectos sobre la leishmaniosis visceral y la enfermedad de Chagas, que hasta ahora no han dado fruto. Pero en dos décadas, DNDi ha logrado desarrollar ocho nuevos tratamien15 más de aquí a 2028. Entre las mayores victorias, Bernard Pécoul cita el flexinidazol, primer tratamiento oral contra la enfermedad del sueño que ha sustituido a “un medicamento a base de arsénico que era mortal en un caso de cada 20”. Desarrollado con Sanofi, se distribuye gratuitamente —fundamentalmente en la República del Congo, donde se concentran el 85% de los enfermos— y hace tener esperanza en poder contener un día la enfermedad. Otro éxito es el programa FACT de investigación sobre la malaria, cofinanciado por MSF, la OMS y la Unión Europea. Cuando DNDi se acercó a Sanofi en 2005, le impuso sus condiciones: el tratamiento debería costar menos de un dólar y no podría patentarse. El presidente de entonces, Jean-François Dehecq, aceptó y el reto se superó holgadamente. Tras una quincena de años en el mercado, el tratamiento ASAQ ha permitido tratar a más de 700 millones enfermos de malaria en todo el mundo, según DNDi.

8 Nuevos tratamientos se han desarrollado en dos décadas gracias al proyecto DNDi

700 millones de enfermos se han beneficiado de un nuevo medicamento contra la malaria

Actualmente, hay una veintena de proyectos en curso. Pero el freno principal para la ampliación de las actividades de DNDi es el de siempre: el dinero. Desde 2003, sus equipos han recaudado 730 millones de euros (el 42% de fondos públicos y el 58% de fondos privados), pero incluso tras 20 años de existencia, garantizar los fondos para llevar a cabo los proyectos ya iniciados y recaudar otros para iniciar nuevos programas sigue siendo un reto cotidiano. A pesar de ello, DNDi se ha expandido.

Contra la antibiorresistencia

A comienzos de la década de 2010 se puso de manifiesto un tema de sanidad pública hasta ese momento ausente en el debate político y mediático: el de la antibiorresistencia. Se descubrió que las poblaciones demasiado expuestas a los antibióticos, a través de la medicación o de la alimentación animal, por ejemplo, desarrollan un tipo de resistencia que se traduce en una pérdida de eficacia parcial o total de los tratamientos antibióticos. De ese modo, unos antibióticos indispensables para curar enfermedades muy mortíferas como la tuberculosis, el sida y la malaria son cada vez menos eficaces, lo que provoca el imperativo de desarrollar otros nuevos sin cesar. En 2014, un estudio llegó a la conclusión de que si no se actúa a nivel internacional para tratar el azote de la antibiorresistencia, 300 millones de personas podrían ser víctimas de una muerte prematura hasta 2050 y, a partir de entonces, lo serían 10 millones de personas anualmente, además de disminuir el PIB mundial entre 2 y 3,5 puntos. 

En 2016, la OMS puso en marcha un programa mundial de lucha contra la antibiorresistencia y creó, junto con DNDi la iniciativa GARDP (Global Antibiotic Reasearch and Development Partnership, asociación mundial para la investigación y desarrollo de antibióticos), cuya misión es estimular la I+D en el ámbito específico de los antibióticos para garantizar un suministro perenne y de bajo coste en todo el mundo.

Naomi Ngigi, técnica farmacéutica en un laboratorio de Kilifi (Kenia). Foto: GARDP

El año siguiente, la OMS elaboró también la lista de las “12 familias de bacterias que más amenazan la salud humana” y sujetas a antibiorresistencia, a las que los laboratorios deberían dedicar sus esfuerzos en I+D. En ella figuran nombres muy conocidos como Escherichia coli y las salmonelas y otros menos mediáticos como la gonorrea. En los 10 últimos años, la industria farmacéutica ha ido abandonando progresivamente la investigación sobre estas bacterias por considerarla poco rentable, por no decir deficitaria. El bajo coste de los antibióticos, la corta duración de su tratamiento (generalmente solo unos días) y la necesidad de llevar a cabo nuevos ciclos de I+D continuamente han provocado la huida de los laboratorios.

“¿Por qué las empresas farmacéuticas se iban a ocupar de ellos cuando otros productos, como los medicamentos para el cáncer y la diabetes dejan muchos más beneficios?”, se pregunta  irónicamente el doctor Manica Balasegaram, que dejó DNDi para ser director de GARDP cuando se creó en 2016. Salvo Pfizer, que ha mantenido un departamento de I+D dedicado a los antibióticos, el resto de los grandes laboratorios los han clausurado. Y lo que es peor, algunos directamente han dejado de producir antibióticos a riesgo de provocar problemas de suministro, por no decir escasez.

No acabar con la resistencia a los antibióticos sería un golpe para la economía mundial

1,3 millones de muertes en 2019 fueron causadas por la resistencia a los antibióticos

Un artículo publicado en la revista médica The Lancet a comienzos de este año demostraba que la antibiorresistencia causó 1,3 millones de muertes en 2019 y que tres cuartas partes de ellas estaban relacionadas únicamente con seis familias de bacterias. Aunque el GARDP mantiene como objetivo poner a punto cinco nuevos tratamientos de aquí a 2025, los esfuerzos para recaudar fondos siguen siendo colosales. “Se trata de un combate que no está, ni mucho menos, ganado de antemano. Cada día hay que convencer a los laboratorios de que resistan a la presión de sus accionistas y se impliquen en unos proyectos que no les aportan ningún beneficio, pues es un tema de sanidad pública mundial”, apunta el doctor Balasegaram. La batalla frente a las grandes farmacéuticas está lejos de haberse ganado. 

Un marco jurídico que favorece el ánimo de lucro

El sector del medicamento no siempre ha funcionado como lo hace hoy. La situación actual empezó a finales del siglo XX con la firma de los acuerdos ADPIC (Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio) cuando se fundó la OMC. En 1994, esos acuerdos establecieron un sistema de propiedad intelectual sobre los productos para la salud. Desde entonces, el sector privado puede patentar las moléculas y su proceso de fabricación durante 20 años, lo mismo que una tostadora de pan, y fijar su precio. Y nadie podrá copiarlo sin pasar por caja. 

En seguida se pusieron de manifiesto los inconvenientes de ese marco jurídico. Golpeada por la pandemia del VIH-sida, Suráfrica aprueba a finales de la década de 1990 una ley que autoriza la importación de genéricos de triterapia para acudir en socorro del 10% de su población, que es seropositiva. Como reacción, 39 laboratorios farmacéuticos se unieron en 1998 para llevar ante la Justicia, en el famoso juicio de Pretoria, al Estado surafricano. Tras tres años de enfrentamiento y una fuerte presión de la sociedad civil, especialmente de ONG como Médicos sin Fronteras, el juicio termina con una retirada conjunta de la denuncia. También hace que salga a la luz pública el problema de las enfermedades denominadas “desatendidas” y el acceso a la sanidad de las personas más desfavorecidas. Por primera vez aparece el tema de la salud como “bien público mundial”.