Recuperación // Urgente: aprobar los Presupuestos

El Gobierno aparca la subida de impuestos y busca apoyos a unas cuenta públicas que  ayuden a reactivar la economía.

No habrá, por ahora, subida de impuestos. El miedo a frenar la recuperación del durísimo golpe asestado por el coronavirus a la economía ha llevado al Gobierno de Pedro Sánchez a aplazar la prometida reforma fiscal y centrarse en recabar apoyos a unos Presupuestos Generales del Estado esenciales para volver a la senda del crecimiento. Las cuentas públicas adquieren este año una relevancia especial, pues servirán para poner en marcha los proyectos financiados con los 140.000 millones que España recibirá del fondo de recuperación pactado por el Consejo Europeo en julio.

En su primera rueda de prensa tras las vacaciones de verano, Sánchez apeló a la "responsabilidad y el sentido de Estado" de todas las fuerzas políticas para aprobar los  Presupuestos. "Tenemos que impular la recuperación económica cuanto antes, inyectando los recursos acordados por Europa, dijo Sánchez. "Ello exige unos nuevos Presupuestos y queremos aprobarlos con el mayor apoyo parlamentario posible. Queremos y necesitamos unos Presupuestos de país, no los presupuestos de un gobierno u otro". 

En este contexto, el ajuste fiscal previsto en el acuerdo programático de la coalición PSOE-Unidas Podemos tendrá que esperar a que la economía recupere el ritmo de crecimiento previo a la irrupción del coronavirus, y ello no va a ser posible al menos hasta 2022. Según las previsiones más recientes del propio Ejecutivo, de principios de mayo, el producto interior bruto (PIB) retrocederá un 9,2% este año, su mayor caída desde la Guerra Civil, y el repunte previsto para 2021, del 6,8%, será insuficiente para recuperar el nivel anterior a la irrupción de la pandemia. La Comisión Europea eleva la caída prevista para este año hasta el 10,9%, y la OCDE es aún más pesimista: sus expertos calculan que el PIB español caerá entre el 11,1% y el 14,4%, dependiendo de la fuerza con que el virus rebrote de aquí a diciembre. El rápido crecimiento de los contagios durante el verano puede abocar a España al peor de los dos escenarios.

Cuestión vital

Sacar adelante los Presupuestos antes de fin de año se ha convertido en una cuestión vital para el Gobierno,necesitado de un periodo de estabilidad para lidiar con la grave crisis económica y social que se avecina. Fracasar en el intento amenazaría su propia supervivencia y complicaría la puesta en marcha de los proyectos que deben financiarse con los fondos europeos. Bruselas ha dejado claro que las cuentas públicas para 2021 deben contar con un respaldo parlamentario sólido e incluir planes concretos para emprender la reconstrucción. 

España lleva tres años funcionando con los mismos Presupuestos, pues siguen vigentes los elaborados cuando Mariano Rajoy era aún presidente del Gobierno y Cristóbal Montoro su ministro de Hacienda. Las cuentas fueron aprobadas en 2018, con Pedro Sánchez ya en la Moncloa, como condición del PNV para apoyar la moción de censura contra Rajoy, y se prorrogaron en 2019 ante la falta de apoyos parlamentarios para  unos nuevos. En su rueda de prensa tras las vacaciones, Sánchez afirmó que los Presupuestos del PP ya eran "inservibles" antes de que la pandemia y que ahora son "nocivos y contraproducentes".

La tarea va a poner de nuevo a prueba la solidez de la coalición entre PSOE e Unidas Podemos. La vicepresidenta Carmen Calvo ha iniciado ya contactos con Ciudadanos, que se ha mostrado dispuesto a negociar su respaldo con la condición de que no salgan adelante determinadas propuestas de  la formación morada. 

140 mil millones de euros: Cantidad correspondiente a España del Fondo Europeo de Reconstrucción

213 mil millones de euros: Fue la recaudación fiscal en España en 2019

Bruselas exige un amplio respaldo a las nuevas cuentas

La desconfianza es mutua. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha subrayado que cumplir el acuerdo de Gobierno “implica cuidar la mayoría parlamentaria que lo hizo posible”, mientras que otros líderes de UP, como Pablo Echenique, han dejado caer que sus 35 diputados no apoyarán unas cuentas elaboradas en colaboración con el partido naranja. Unidas Podemos afronta la negociación presupuestaria en una posición delicada, tas sufrir un durísimo varapalo electoral en Galicia, donde ha pasado de segunda fuerza a extraparlamentaria, y en Euskadi, en cuyo Parlamento tendrá seis escaños menos que en la anterior legislatura. Las acusaciones de financiación ilegal vertidas por un antiguo abogado del partido, investigadas por la justicia, han complicado aún más la situación y auguran un otoño difícil para UP.

El apoyo del PNV a las cuentas es más que probable, especialmente tras la firma del acuerdo de Gobierno en Euskadi entre nacionalistas socialistas. ERC ha dejado claro que no aprobará unos Presupuestos que cuenten con el respaldo de Ciudadanos. Su posición también dependerá  en buena parte de la convocatoria de elecciones en Cataluña, aún sin fecha. 

Una vez más, Sánchez y su equipo están obligados a hilar  fino para conciliar intereses muy distintos. Lo que  sí parece claro es que el Gobierno no podrá contar con el PP. Da la impresión de que Pablo Casado  ha decidido apostar  por que el trámite presupuestario descarrile y se rompa la frágil mayoría parlamentaria que sostiene al Ejecutivo, lo que conduciría probablemente a nuevas elecciones. El riesgo de un no es no a los Presupuestos es que si estos salen finalmente adelante, el PP habrá perdido la oportunidad de influir en la política económica encaminada a reconstruir el país tras la hecatombe del coronavirus. 

Déficit y deuda se disparan

En la necesidad de un amplio consenso presupuestario también ha hecho hincapié el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. En un artículo publicado en los periódicos del grupo Vocento, Hernández de Cos sostuvo que la política económica debe combinar dos objetivos en esta fase: apoyar la recuperación —lo que, a su juicio, aconseja evitar una retirada prematura de las medidas de apoyo a empresas y trabajadores— y ajustar la economía al escenario que emergerá tras la pandemia. “De una estrategia de política económica que combine estos principios depende nuestro bienestar futuro”, escribió. “Por ello, sus líneas maestras deberán gozar de un alto grado de consenso entre los distintos agentes políticos, económicos y sociales, de forma que las bases sobre las que se asiente nuestro crecimiento sean duraderas”.

El descalabro sufrido por la actividad económica desde marzo y el alto coste de las medidas de apoyo a los trabajadores y las empresas están disparando al alza el déficit público y de la deuda. El Gobierno cuenta con un balón de oxígeno, pues Bruselas ha suspendido temporalmente los límites impuestos en ese terreno a los Estados para no repetir el error cometido tras la crisis de 2008, cuando las políticas de austeridad hundieron a los países del sur de Europa. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha elevado sus previsiones de déficit y deuda para este año en vista del enorme coste de las ayudas públicas. La entidad plantea dos escenarios diferentes en función de evolución de los contagios. El más optimista considera que no será necesario un nuevo confinamiento. Si así fuera, el PIB retrocedería el 10,1% y el déficit público subiría hasta el 11,9%, frente al 10,3% previsto por el Gobierno. El escenario más pesimista prevé un mes de confinamiento durante el otoño. En ese caso, el desplome de la economía sería del 12,4%, con un repunte del déficit del 12,4%. 

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, espera presentar  a finales de septiembre o principios de octubre en el Congreso de los Diputados el proyecto de Presupuestos, que deberá ir acompañado de un cuadro macroeconómico con las nueva previsiones del Gobierno sobre la evolución de la actividad. El plan es contar con una mayoría parlamentaria suficiente cuando el proyecto tenga que enviarse a Bruselas, antes del 15 de octubre. España deberá remitir también entonces un plan nacional de reformas con los proyectos que piensa pagar con los fondos europeos. La idea es que las cuentas de 2021 incorporen la primera anualidad de las transferencias del fondo europeo de recuperación. Por esa razón, el Gobierno prevé presentar un techo de gasto muy superior al de años anteriores. 

 Representantes de PSOE y Unidas Podemos, reunidos en la Comisión Permanente de de Seguimiento del Acuerdo de Coalición, en el Congreso de los Diputados. Foto: Eva Ercolanese/PSOE

En una entrevista con la Agencia Efe, Montero señaló que el pacto programático con Unidas Podemos es una “guía” o “carta de presentación” al resto de partidos políticos y dejó claro que el acuerdo se firmó en un momento en el que no estaba prevista una hecatombe económica derivada de una pandemia. “Hay que ser inteligentes y acompasar ese acuerdo programático al ritmo que marque la economía”, afirmó.

Reducir desigualdades

La subida de impuestos era uno de los pilares del pacto de gobierno entre PSOE y UP. Su objetivo era aumentar la recaudación necesaria para reducir las desigualdades de renta y apuntalar el estado de bienestar. En una entrevista con La Sexta en julio, Sánchez afirmó que el ajuste era imprescindible para que España se pusiera a la altura de la media europea en presión fiscal, actualmente entre siete y ocho puntos inferior. "No podemos tener un sistema de salud público como el que tenemos y tienen también los países nórdicos”, dijo Sánchez, “con una financiación como la que tenemos. No es sostenible".

Los ingresos tributarios en España ascendieron el año pasado a 213.000 millones de euros, 1.400 millones menos que en 2007, antes de la crisis financiera. Sin embargo, la recaudación por IRPF y el IVA, que pagan principalmente las clases medias y trabajadoras, ha crecido en este periodo el 20% y el 28%, respectivamente, mientras que la del Impuesto de Sociedades se redujo un 53%.  El plan del PSOE y UP incluía, entre otras medidas, una subida de dos puntos en el IRPF para rentas superiores a 130.000 euros y de cuatro puntos para aquellas de más de 300.000, así como aplicar un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades y del 18% para la banca y las  petroleras. También preveía un incremento del Impuesto de Patrimonio a las fortunas de más de 10 millones de euros. 

Los estragos de la covid-19 van a dejarse notar con fuerza durante el otoño. Algunas de las medidas de emergencia aprobadas en los peores momentos de la pandemia  podrían no renovarse y muchos de los trabajadores aún sometidos a a un ERTE podrían ir al paro. La urgencia por aprobar los Presupuestos es, por tanto, máxima, especialmente teniendo en cuenta que la segunda ola de coronavirus no da, por el momento, señales de retroceder.