Radiales: rescate aplazado

Laberinto: La justicia obliga a retrasar el plan del Gobierno para salvar con dinero público las autopistas de pago construidas en la época de José María Aznar.

Son nueve las autopistas quebradas pendientes de rescate. FOTO: Alberto Loyo

El rescate con dinero público de las nueve autopistas de peaje construidas en la época de José María Aznar al frente del Gobierno está atrapado en un laberinto judicial de desenlace incierto. El caso dio un vuelco en mayo pasado, cuando la Audiencia Provincial de Madrid —comunidad en la que se ubican la mayoría de las vías afectadas, conocidas como “radiales”— echó un jarro de agua fría sobre el plan del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, de emprender el rescate este mismo verano. 

La sección 28.ª de la Audiencia madrileña suspendió la liquidación de las autopistas R-3 (Madrid-Arganda) y R-5 (Madrid-Navalcarnero), ordenada un año antes por un juzgado de lo mercantil, al dar por buena la propuesta de convenio presentada por las empresas propietarias de ambas infraestructuras: Abertis, ACS, Bankia y Sacyr, agrupadas bajo el paragüas de  Alazor Inversiones. La decisión judicial es un varapalo para los fondos oportunistas o buitre que compraron  la deuda de las autopistas quebradas con grandes descuentos y que buscan una liquidación inmediata para cobrar su dinero.

Contrarios a la propuesta de convenio presentada por Alanzor, los fondos están presionando a las concesionarias para que acepten sus condiciones. Según informan varios periódicos madrileños, han advertido vía burofax a los administradores de que corren el riesgo de acabar respondiendo de la deuda con sus propios patrimonios. Los acreedores están negociando una salida con el Gobierno, según ha reconocido el propio ministro.

Aunque se retrase su plan de rescate, el Ejecutivo sale ganando con la decisión judicial, pues cuanto más se aplace la liquidación de las autopistas, menor será la factura a pagar. La intención del Ministerio de Fomento, anunciada por De la Serna en abril pasado, es sanear las cuentas de las autopistas para volver a licitarlas en lotes. Según el plan, los ingresos obtenidos con las nuevas licitaciones se destinarían a pagar la indemnización a las concesionarias y a sus acreedores en cumplimiento de la responsabilidad patrimonial del Estado. La factura para el contribuyente oscilaría, según las fuentes, entre 3.000 y 5.000 millones de euros. 

COSTES DISPARADOS

El giro judicial que ha dado el proceso influirá también en el resto de las autopistas quebradas: AP-7 (Cartagena-Vera), R-2 (Madrid-Guadalajara), R-4 (Madrid-Ocaña), AP-36 (Ocaña-La Roda), AP-41 (Madrid-Toledo), Circunvalación de Alicante y M-12 (Eje Madrid-aeropuerto de Barajas). Construidas en los años del boom económico a caballo entre los siglos XX y XXI, las autopistas acabaron en quiebra porque el tráfico de vehículos nunca alcanzó el volumen previsto y por el enorme coste de las expropiaciones de terrenos, que se han disparado desde los 400 millones de euros calculados en un principio hasta los 2.200 millones. Los sobrecostes de construcción y las modificaciones que se han ido introduciendo en los proyectos originales han ampliado la factura en otros 500 millones.

Ecologistas en Acción considera que el rescate previsto por parte del Gobierno constituye un “caso de manual” de socialización de las pérdidas. En las concesionarias pendientes de rescate participan grandes constructoras como Acciona, ACS, FCC y Sacyr y concesionarias de infraestructuras como Abertis y Cintra. 

Las autopistas se inauguraron a bombo y platillo por las principales autoridades de la época, entre ellos el presidente del Gobierno, José María Aznar; su ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, y el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón. Su construcción se presentó entonces como una prueba de que España entraba en una nueva época. “Ya no somos el viejo país atrasado que se queja, sino un país moderno y próspero”, dijo Aznar el 6 de octubre de 2003 al inaugurar la R-2. 

Los fondos ‘buitre’ presionan para cobrar las deudas

El ministro pretende reflotar las vías para privatizarlas de nuevo

Tres lustros después, el ministro De la Serna promete hacer todo lo posible para que el rescate y la posterior relicitación de las vías quebradas cause el menor quebranto posible a las cuentas públicas. “Está aún por definir la forma en que se realizará, pero creemos que es importante hacerlo agrupándolas en paquetes para conseguir sinergias”, dijo el ministro en un acto reciente de la patronal de las grandes constructoras y concesionarias de infraestructuras, Seopan. El plan consiste en que una sociedad dependiente de Fomento se encargue de la gestión de las autopistas y prepare las nuevas licitaciones una vez se lleven a cabo las liquidaciones y las vías pasen a manos del Estado. La reciente decisión de la Audiencia Provincial de Madrid supone que todo este proceso se retrasará al menos durante meses.

El Ministerio de Fomento espera que el tráfico en las autopistas quebradas siga aumentando a medida que se consolide la recuperación económica y cree que su gestión puede ser un negocio rentable si se elimina la pesada mochila que supone la deuda de las concesionarias, de 3.400 millones de euros. Las autopistas quebradas suman más de 700 kilómetros de autopistas, casi una cuarta parte de toda la red de pago en España. La mayoría se concibieron para aliviar el intenso tráfico de entrada y salida de Madrid, pero el estallido de la crisis y el alto precio de los peajes disuadieron de utilizarlas a muchos automovilistas. Sin embargo, el descenso de vehículos iniciado en el año 2007 tocó suelo en 2014 y desde entonces no ha dejado de aumentar.

INVESTIGACIÓN

Unidos Podemos y Compromís han solicitado —hasta ahora sin éxito— que el Congreso de los Diputados cree una comisión para investigar la posible administración desleal de los recursos públicos a través de la práctica sistemática del sobrecoste. Entre otros casos, la comisión examinaría el rescate de las autopistas de pago, la privatización de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) y los sobrecostes del AVE.

Mientras tanto, las grandes constructoras parecen no haber escarmentado con el fiasco de las radiales. La patronal Seopan ha puesto recientemente sobre la mesa una propuesta de inversiones públicas en infraestructuras de cientos de millones de euros que incluye la construcción de la autopista R-1 como alternativa a la salida de Madrid por la A-1 entre la capital y El Molar. 

¿Cómo es posible que se planearan (y se sigan planeando) tantas obras, tan caras y de una manera tan ajena al interés general? Ecologistas en Acción insiste desde hace años en que la respuesta a esta cuestión está en los llamados Papeles de Bárcenas,  que supuestamente recogen pagos al Partido Popular de muchas de las empresas constructoras de estas obras en momentos muy próximos a su licitación. “Los presuntos intereses ilícitos son los que podrían explicar lo que no se entiende desde la racionalidad de la planificación del transporte”, afirma la organización. “De aquellos papeles, estos rescates”.