Racismo // La lucha contra la discriminación debe ser local

Por Yann Mens
Comparte
Pertenece a la revista
Septiembre 2020 / 83

Fotografía
Fibonacci Blue

La segregación de la población afroamericana se mantiene gracias a normas en los ámbitos de la vivienda, la educación y la fiscalidad, que dependen generalmente de los Estados federados, las ciudades y los condados.

Para bien o para mal, la lucha contra la discriminación en EE UU se juega en el tablero local (Estados federados, condados, ciudades). Así lo exige la estructura federal: es en esos niveles en los que se deciden fundamentalmente los temas de vivienda y de educación, así como de justicia y de policía. Y los dos últimos ámbitos están tan politizados que en numerosos Estados las funciones de sheriff, de fiscal y de juez están sometidas a sufragio universal. Ahora bien, la participación en los escrutinios locales es muy baja. “Los cargos a cubrir son tan numerosos que votar lleva mucho tiempo, lo que puede ser disuasivo”, observa Daniel Sabbagh, director de investigación en el Ceri-Sciences Po (centro de investigaciones internacionales dependiente de la facultad de Ciencias Políticas de París). “Además, hay que entender las atribuciones de las múltiples de personas que hay que designar”, añade. El resultado, afirma Olivier Richomme, profesor titular en la Universidad Lumière-Lyon 2, es que “solo los ciudadanos implicados en la política local y las personas mayores, que con frecuencia son conservadoras, votan, especialmente en las elecciones municipales”.

Y, sin embargo, este es un nivel fundamental. Aunque Mineápolis es hoy conocida por la brutalidad de los policías responsables de la muerte por asfixia de George Floyd el pasado 25 de mayo, la ciudad había tomado seis meses antes una decisión radical contra una de las formas más hipócritas de discriminación indirecta en EE UU, la single-family zoning. Cuando el Tribunal Supremo prohibió, en 1917, que las alcaldías reservaran explícitamente zonas residenciales a un grupo racial, las ciudades decidieron no autorizar en determinados barrios más que la construcción de casas individuales. Sin edificios de pisos, luego sin pobres, luego sin negros… La single-family zoning sigue estando en vigor en numerosas ciudades estadounidenses, pues su supresión choca con la resistencia de la población blanca.

Tratamiento desigual   

La supervivencia de esa norma ilustra la ambigüedad de la lucha contra la discriminación. “El Derecho estadounidense distingue dos tipos”, explica Daniel Sabbagh: “el disparate treatment, la discriminación directa, y el disparate impact, las disposiciones, en apariencia neutrales, pero cuyo efecto discriminatorio es inmenso. Ambas formas son en principio ilegales, pero la prohibición de la segunda se ha aplicado de un modo muy desigual. Desde comienzos de la década de 1970 se aplica en el ámbito del empleo, tanto privado como público. Una serie de acciones colectivas ante la justicia (class action) han intentado ampliar su campo a otros ámbitos en el sector privado, pero solo en escasas ocasiones el Tribunal Supremo ha dado la razón a los demandantes. Hasta 2015 no validó su aplicación en el ámbito de la vivienda”. Se trata, sin embargo, de un ámbito estratégico, pues las asociaciones de defensa de los afroamericanos estiman que las entidades financieras practican una discriminación encubierta a la hora de otorgar préstamos inmobiliarios. Una investigación realizada por el Center for Investigative Reporting en 2018 muestra que, en 48 de las 61 grandes ciudades estudiadas, a los afroamericanos se les rechazaba los préstamos con mucha más frecuencia que a los blancos con ingresos similares.

Los colegios públicos de los barrios habitados por minorías étnicas reciben menos fondos

Sigue habiendo un porcentaje muy grande de negros en los trabajos menos cualificados

20,7%: es el índice de pobreza entre los afroamericanos, frente al 8,1% entre los blancos

Si bien la prohibición de la discriminación indirecta se ha puesto en marcha, aunque muy parcialmente, en el sector privado, las políticas públicas, dejando a un lado el empleo, quedaron excluidas por una decisión adoptada por el Tribunal Supremo en1976. “Pero algunas de esas políticas tienen un impacto discriminatorio”, opina Daniel Sabbagh. “Por ejemplo, el hecho de que los centros de enseñanza primaria y secundaria estén generalmente financiados por el impuesto sobre bienes inmuebles recaudado en la zona en la que se encuentran hace que las escuelas de los barrios pobres, generalmente habitados por minorías, reciban menos fondos, lo que perpetúa las desigualdades”.

Efecto acumulativo

La acumulación de las discriminaciones se plasma en las cifras. En 2018, el índice de pobreza se elevaba al 20,7% entre los afroamericanos, frente al 8,1% de los blancos. Y los primeros tienen de media un patrimonio 10 veces menor que los segundos. Sigue habiendo un porcentaje muy grande de afroamericanos en los trabajos menos cualificados, especialmente los que han estado en la línea del frente durante la crisis de la covid-19. Y lo que es aún peor, pese a que bajo la presidencia de Obama se reformó el seguro de enfermedad para que los más desfavorecidos –y por tanto, muchos afroamericanos–tuvieran acceso a la sanidad, el índice de trabajadores no asegurados es casi dos veces superior en esta comunidad (12,3%) que en la de los blancos (7,5%). Los afroamericanos representaban en junio el 22,4% de los muertos por coronavirus, a pesar de que solo son el 12,5% de la población.

Frente a las persistentes desigualdades, las políticas de discriminación positiva (affirmative action), instauradas a partir de 1969 con el fin de que los miembros de las minorías tuvieran un tratamiento preferencial, han tenido efectos reales, pero aunque su radio de acción es restringido (acceso a la enseñanza superior selectiva, empleo, sector público, etc.). Una prueba de su eficacia es que en los ocho Estados federados en los que se ha suprimido la discriminación positiva, el número de estudiantes afroamericanos en sus universidades ha pasado del 7%, aproximadamente, al 2% o al 3% según los casos. “La supresión de esos dispositivos se debe a referéndums realizados por iniciativa ciudadana”, subraya Daniel Sabbagh, pues  la discriminación positiva es impopular en amplias franjas de la población blanca.

Y como el combate contra la discriminación se juega en el tablero local, el movimiento Black Lives Matter (BLM) intensifica su acción en este nivel. “BLM anima a las madres de jóvenes negros muertos a manos de la policía a que se presenten a las elecciones en su ciudad o su condado, pero es una lucha a muy largo plazo”, observa Olivier Richomme. Y da por supuesto que los electores que están en contra de la discriminación acuden en mayor número a las urnas.