La búsqueda de la energía limpia
La futura directiva sobre la eficiencia energética no está a la altura de lo deseable y el establecimiento del nuevo etiquetaje de los aparatos será muy lento.
Etiqueta de calificación energética de una lavadora. FOTO: PARLAMENTO EUROPEO
El Brexit domina la agenda europea y tiende a dejar de lado otros asuntos no menos cruciales para el futuro de la Unión. Ese es el caso de las negociaciones en curso sobre el denominado “paquete de energía limpia”. Se trata de un conjunto de medidas (desarrollo de las renovables, eficiencia energética, reforma del mercado de la electricidad…) que se deben establecer en el período 2020-2030 para reducir la dependencia energética de los Estados miembros y aplicar el acuerdo de París sobre el clima. Un objetivo es la disminución, para 2030, de un 40% de las emisiones de gas de efecto invernadero respecto a 1990.
La buena noticia es que la Comisión Europea afirma que, de ahora en adelante, el ahorro de energía debe ser prioritario. La mala, que esa consigna no va seguida de su cumplimiento. El pasado 26 de junio, los Estados llegaron a un acuerdo muy decepcionante cuando tuvieron que renovar para el período 2020-2030 ese texto clave que es la directiva sobre la eficiencia energética.
UNA REGLAMENTACIÓN EFICAZ
Adoptada en 2012, esta directiva había fijado para la Unión un objetivo de disminución del 20% del consumo de energía para 2020 respecto al consumo previsto en el escenario de referencia de 2007. Traducida en cifras absolutas, la directiva implica bajar el consumo de energía primaria a 1.483 millones de toneladas equivalentes de petróleo (tep) en 2020 frente a los 1.854 millones previstos en 2007. De hecho, este objetivo está próximo a cumplirse pues la demanda de energía primaria de los veintiocho cayó a 1.530 millones en 2015.
La inversión de la tendencia no sólo se explica por la crisis de 2008, por los precios elevados de la energía anteriores a 2012 y el aumento de eficiencia energética que supusieron, o por la política de terciarización de la economía. También es imputable a las medidas reglamentarias que se han adoptado en este ámbito y sobre todo a dos de ellas: la directiva relativa al diseño ecológico de los productos y la relativa al etiquetaje de los productos consumidores de energía. Los otros dispositivos, especialmente las normas sobre la emisión de CO2 de los vehículos, la directiva sobre la eficiencia de los edificios y la limitación de las emisiones del sector eléctrico y de la industria pesada (el famoso mercado de carbono), también han desempeñado un papel, aunque menos importante por no ser suficientemente estrictos.
El objetivo es eliminar del mercado los equipos ineficientes
En 2020 se habrán reducido un 7% los gases de efecto invernadero
El objetivo de la directiva sobre el diseño ecológico, creada en 2005 y revisada en 2009, es eliminar del mercado los equipos menos eficientes. A ella debemos, entre otras, la desaparición de las bombillas incandescentes. Actualmente, 28 normas rigen otras tantas familias de productos de uso doméstico (neveras, televisores, aparatos de aire acondicionado…) e industrial (transformadores, ventiladores, bombas).
Por su parte, la directiva de etiquetaje, cuya primera versión se remonta a 1992, está enfocada a incitar a los consumidores a adquirir los productos menos energívoros al hacer más transparente la información sobre su nivel de consumo energético. Eso les permite ahorrar en su uso, aunque tengan que pagar un poco más al comprar unos productos mejor aislados y concebidos. Al principio limitada a los electrodomésticos, la famosa etiqueta con sus flechas de la A a la G, se extendió a otros muchos productos a partir de 2011: electrónica, automóviles, viviendas, frío profesional… con unos resultados espectaculares. De 2004 a 2014, el consumo medio de las neveras-congeladores vendidas en Europa bajó el 25%, a pesar de un aumento del 3% de su capacidad. Las etiquetas-energía han permitido eliminar en diez años casi todos los frigoríficos y congeladores inferiores a A+, que han pasado del 94% de las ventas en 2004, al 2% en 2014.
¿Con qué efecto global? Un informe de 2016 de la Comisión Europea cuantifica el impacto de las normativas de diseño ecológico y etiquetaje en el horizonte de 2020. Es enorme. Por comparación con un escenario en el que no se hubieran tomado esas medidas, el ahorro en energía primaria se elevará en 2020 a 165 millones de tep en la Unión Europea, equivalente al 18% del consumo energético de los bienes y servicios cubiertos por esas normativas, o a una décima parte de la demanda de energía primaria europea total. Y se habrá reducido el 7% de las emisiones de efecto invernadero. Para los 500 millones de consumidores europeos, este ahorro de energía representa un aumento de poder adquisitivo anual de 112.000 millones de euros en el horizonte 2020, incluyendo en ese cálculo el sobrecoste de los productos más eficientes. El estudio calcula en 800.000 los empleos directos creados por estas medidas. A ello, hay que añadir los efectos positivos para la salud derivados de la disminución de emisiones de partículas por una menor combustión de energías fósiles.
MENOS AMBICIÓN PARA 2020-2030
El mismo estudio muestra, sin embargo, que la mayor parte del ahorro logrado gracias a esas medidas se obtendrá entre 2010 y 2020. Después, el ritmo bajará rápidamente a medida que los dispositivos establecidos logren todo su potencial. De ahí, la necesidad para los años posteriores a 2020 de aumentar la ambición de la directiva de eficiencia energética y de los instrumentos que permiten aplicarla, como la etiqueta-energía.
El Parlamento Europeo ya se ha pronunciado en favor de un objetivo de eficiencia energética de -40% en 2030 (respecto a la proyección del escenario de referencia de 2007), un esfuerzo por debajo del cual los expertos y las asociaciones ecológicas consideran que Europa no alcanzará el objetivo del 40% de sus emisiones. Sin embargo, el pasado 26 de junio, los 28 ministros europeos de la Energía no lograron ponerse de acuerdo más que sobre una mejora de la eficiencia energética de -30%. Y, por si fuera poco, ese objetivo no lo consideraron obligatorio. Esto significa una disminución de 162 millones de tep del consumo de energía respecto a 2020. Es decir, menos esfuerzo que el de los 173 millones de tep esperados para 2010-2020. Francia y Alemania han defendido un objetivo obligatorio de -30% frente a países del centro y el este de Europa, que querían un objetivo de -27% no obligatorio, pero en realidad, su posición, coincidente con la de la Comisión, no era particularmente audaz.
El acuerdo ministerial del 26 de junio también ha quitado fuerza al artículo 7 de la directiva, que impone a los suministradores de energía que obliguen a ahorrar a sus clientes finales el 1,5% del volumen de energía vendido anualmente. Para el período 2020-2030, el texto prevé mantener esta obligación sólo hasta 2025 y reducirla al 1% de 2026 a 2030, salvo si la Comisión considera en 2024 que la Unión corre el peligro de no cumplir sus objetivos.
Las negociaciones entre el Consejo y el Parlamento europeos sobre la nueva directiva de eficiencia, que debían terminar a final de año, podrían retrasarse. Pero es difícil esperar un aumento de la ambición del texto, sobre todo, porque el estudio de impacto de la Comisión ha reafirmado en sus posiciones a los Estados miembros. Según Bruselas, el coste total del sistema energético europeo en el período 2020-2030 se elevaría, a falta de medidas adicionales, a 1,928 billones de euros anuales. Un objetivo de eficiencia de -30% en 2030 representaría un modesto sobrecoste de 24.000 millones, es decir, un 1,2%. Por el contrario, un objetivo del -40% haría pasar la factura a 149.000 millones. Salvo que la Comisión no tenga en cuenta en sus estimaciones que las inversiones necesarias para alcanzarlo deben tener un rendimiento del 20% anual. Este nivel corresponde más a lo que exigen los inversores privados que a lo que pide una política pública de inversión a largo plazo con muchas repercusiones positivas para la colectividad, ya se trate de creación de empleo o de mejora de la salud pública. La consultora Ecofys, considerando un “tipo de interés social” del 4% y amortizando en treinta años las inversiones realizadas, llega a la conclusión de que los beneficios del escenario -40% serían superiores a sus costes. Pero no está nada claro que nos orientemos en esa dirección.
