Francia: muchos perdedores entre los parados
Rebajas: La reforma del seguro de desempleo penalizará al 50% de los parados con derecho a prestación. Otros corren el riesgo de caer en una gran precariedad.
Los más afectados por la reforma serán aquellos que alternen periodos de trabajo con periodos de paro. FOTO: Jack.F.
Las nuevas normas del seguro de desempleo en Francia ejercen una gran presión sobre los demandantes de empleo. Así lo señala Unédic, el organismo encargado de gestionar el paro en un estudio de impacto de la reforma que está entrando progresivamente en vigor desde noviembre. El objetivo anunciado por el Gobierno es ahorrar.
El resultado de dicha reforma es que un parado de cada dos se verá penalizado. El estudio calcula que, mientras que 2,65 millones de personas tendrían derecho en abril de 2020 a la prestación por desempleo, según las normas actuales, el 9% de ellas (234.000) dejarán de tenerlo, por no haber trabajado el mínimo necesario de seis meses en los últimos 24 meses (en lugar de los actuales cuatro meses sobre 28). Además, el 16% de parados con derecho a prestación por desempleo verán como esta disminuye en una media del 20% debido al cambio del modo de cálculo, el 12% la recibirán más tarde y el 11% durante un periodo más corto (tres casos que afectarán a un millón de personas en total). Los cuadros cuya prestación supera los 4.500 euros brutos mensuales sufrirán, por su parte, una disminución a partir del séptimo mes, lo que afecta al 2% de parados (52.000 personas).
Los más perjudicados serán los que alternen periodos de trabajo y de paro, y especialmente los más desfavorecidos (los que trabajen menos horas). Los derechos de aquellos y aquellas que trabajen menos de media jornada se dividirán entre dos. Hoy, el monto mensual de su indemnización se eleva 868 euros de media. A partir del 1 de abril de 2020, se establecerá en 431 euros. En contrapartida, la percibirán durante más tiempo… si siguen parados hasta el final. En principio, los más jóvenes, que tienen ritmos de trabajo más bajos que la media, así como los temporeros y los interinos sufrirán más las consecuencias de estas nuevas reglas.
LAS EMPRESAS SE SALVAN
Con esta reforma, el Gobierno ambicionaba también luchar contra el uso masivo de los contratos de corta duración a través de un sistema de bonus-malus. Sin embargo, dejando a un lado el hecho de que no aportan nada desde el punto de vista financiero, las modalidades de esta medida son aún muy vagas y no afectan a todos los sectores, lamenta Unédic. Y, además, esas contribuciones se modularán a partir del 1 de marzo de 2021, es decir, un año después del establecimiento completo de las nuevas reglas de prestación por desempleo. Los parados verán, pues, cómo disminuyen sus prestaciones el primer año sin que las empresas asuman su parte. Un punto positivo es que una tasa fija de 10 euros por cada CDDU (contrato temporal por función en sus siglas en francés, equivalente al contrato temporal por obra y servicio en España) que se aplicará a partir del mes de enero debería desanimar a algunos contratadores (dejando a un lado el sector audiovisual) a hacer uso de esos contratos de menos de un día o de menos de una hora.
Los que trabajen menos horas, los más perjudicados
Nada justificaba este cambio. Sin reforma, las cuentas de Unédic se están reequilibrando. El déficit previsto para 2019 es mucho menor que el de 2017 (1.800 millones de euros frente a 3.400 millones). Pero, sobre todo, Unédic preveía una vuelta al equilibrio a partir del año próximo y, a continuación, un excedente de 1.200 millones en 2021 y de 3.200 millones en 2022 debido a una mejora en el frente del empleo. Con la reforma, el excedente debería elevarse a 3.000 millones en 2021 y a 5.300 millones en 2022. En esas condiciones, la deuda pasaría de los actuales 37.400 millones a 29.400 millones (33.500 millones sin la reforma) en dos años.
Pero el ahorro que ha realizado Unédic se vería anulado por gastos adicionales en los Presupuestos del Estado. En el proyecto de ley de Finanzas, el Gobierno ha previsto aumentar en 241 millones de euros (sobre un total de 2.230 millones) la partida dedicada a la prestación específica de solidaridad (ASS en sus siglas en francés). Esta prestación la reciben los parados que ya no tienen derecho al paro. Con la salvedad de que su montante es mucho más bajo: un máximo de 500 euros mensuales, ¡dos veces menos del umbral de pobreza! El Gobierno prevé que el número de beneficiarios de la ASS aumente en un 10% hasta alcanzar las 376.000 personas, mientras que desde hace cuatro años estaba bajando: otras tantas personas que caerán en una gran precariedad.
