El luminoso agujero negro
El 20 de diciembre, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético entregó en el Congreso de los Diputados 170.000 firmas recogidas en 48 horas en Internet en demanda de una auditoría al sector eléctrico. Fue una pedrada sobre las aguas de un estanque dominado por cinco compañías: Endesa, propiedad de la italiana Enel; Iberdrola; HC, propiedad de la portuguesa EDP; Gas Natural Fenosa y Viesgo-E.On España. Las cinco controlan un mercado que sólo teóricamente está abierto y en competencia. Las firmas entregadas al Congreso son, como la fiebre, el síntoma de un mal: una profunda desconfianza hacia un sector fundamental (60.000 millones de inversión desde 2006), que factura 36.600 millones anuales, emplea a 50.000 trabajadores de forma directa y que en 2011, último ejercicio con datos cerrados, ganó 6.341 millones pese a la fuerte caída del consumo. La desconfianza está extendida. El 23 de noviembre, el ya exsecretario de Estado de Energía, Fernando Martí, nuevo presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) calificó durante una comparecencia en el Senado el funcionamiento del sector de “oligopolio”. Lo hizo de pasada, pero consta en acta.
El recelo hacia las eléctricas se condensa en la factura mensual que reciben los 20 millones de usuarios acogidos a la denominada Tarifa de Último Recurso (TUR) que el Gobierno revisa cada tres meses. Sencillamente, el recibo, que ha subido más de un 70% en seis años sin poner freno a un desfase acumulado entre ingresos y costes de 29.000 millones, no se entiende. Quizá porque está concebido para cuadrar (intentar cuadrar sería más preciso) previsiones de ingresos (15.720 millones en 2012) y de costes (20.389 millones) más que para ser comprendido por quien lo paga.
¿Qué paga el usuario a través de la tarifa? En un rápido examen, paga cinco conceptos: una parte fija, consuma o no consuma (término de potencia), una parte variable (energía consumida), un impuesto especial como el que se aplica al acohol o al tabaco, el alquiler del contador de medida y un 21% de IVA. Esa recaudación, teóricamente, debería cubrir los costes que se reconocen a las eléctricas por prestar el servicio (91,063% de la factura), los llamados costes permanentes (6,199%) y la diversificación y seguridad de abastecimiento (2,738%). Este reparto figura en el BOE del 31 de marzo de 2011 y consta en la letra menuda de la factura. Conviene mirarlo con más detalle. ¿Por qué? Porque así se puede observar cómo el recibo se ha convertido en una especie de agujero que engulle dinero para cubrir conceptos variados mientras genera más deuda e intereses.
Con el recibo se paga el transporte y la distribución de electricidad, pero también las primas al régimen especial (renovables, 8.444 millones), los extracostes por subvencionar el suministro a las islas, Ceuta y Melilla (1.968 millones) y la compensación a la gran industria por acceder a desenchufarse de la red en caso necesario (algo poco probable cuando sobra potencia, pero que en 2012 costó 484 millones).Pero la lista es más amplia. Con el recibo se paga también el presupuesto de la CNE, la moratoria nuclear y la deuda eléctrica, sin olvidar la gestión de residuos nucleares. Es un luminoso agujero negro.
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